Si en algo concuerdan los diferentes sectores tanto en contra, como a favor del acuerdo de paz en Colombia, es que se debe aplicar justicia a aquellos responsables de la perpetuación de nuestra guerra. Es tal vez de los pocos puntos en común, a nivel más abstracto, que está presente en todas las orillas de la sociedad. Ahora bien, en un nivel más particular, las distintas concepciones de justicia que se contemplan desde distintos sectores, así como la falta de consenso en torno a qué medidas correctivas son justas y cuáles promueven la impunidad del delito, han causado una radical polarización.
Este debate, que se podría extrapolar a todas las sociedades y todas las épocas en las cuales ha estado latente la pregunta acerca de qué es lo justo y cómo se debe castigar al que incumple la ley, está en su punto más álgido en el país. Su raíz se encuentra en la creación de la JEP (Justicia Especial para la Paz), tribunal compuesto por 51 magistrados del más alto nivel, seleccionados a través de un meticuloso y exigente proceso, con la misión de repartir justicia en el marco del conflicto.
El lema del tribunal es: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esta jurisdicción, que contempla penas alternativas a la cárcel a cambio de la absoluta y plena verdad, así como de la reparación de las víctimas, es vista por muchos como un mecanismo de impunidad que perpetuará nuestra historia de violencia sin brindar una solución concreta. Según sus detractores, transmite un mensaje incorrecto y peligroso a la sociedad: Un crimen, por más atroz que puedan ser, puede ser condonado y no tener mayores repercusiones.
Es, sin embargo, la columna vertebral del proceso de negociación. Esta jurisdicción, redactada a cuatro manos por Álvaro Leyva y Enrique Santiago, y con la asesoría en momentos críticos del proceso de juristas de la talla del exmagistrado Manuel José Cepeda y el rector de la universidad Externado Juan Carlos Henao, pretende investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado. Ambas partes, en el proceso de diseñarla, partieron de la necesidad de que se esclarezca la verdad de los hechos del conflicto, y de satisfacer los derechos de las innumerables víctimas que dejó décadas de violencia en el país. En ese sentido, se habla de justicia reparativa y no punitiva; una justicia que, en su neutralidad, será aplicada diametralmente a todos los actores involucrados en el conflicto armado sin ningún tipo de sesgo.
En el trasfondo de la disputa está, por un lado, la divergencia entre distintas interpretaciones históricas -e ideológicas si se quiere- del conflicto, cuyas posturas señalan a diferentes actores como los responsables, y por el otro, las sanciones que se deben aplicar para castigar los crímenes perpetuados. En cuanto al primer elemento, si se quiere realmente llegar a una reconciliación como sociedad, es necesario que, tanto guerrilla, como gobierno y sociedad civil, dejen a un lado posturas impregnadas de emociones, orgullo e irracionalidad; esclarecer la verdad de los hechos es fundamental, pues a partir de su reconocimiento, los argumentos que caracterizan el debate binario de nunca acabar sobre quién fue victimario y quien fue víctima, se caen bajo su propio peso por la falta de evidencia objetiva.
Interpretaciones del conflicto pueden surgir muchas, sin embargo, negar la realidad de los hechos es imposible, y a partir de una exposición clara de qué fue lo que pasó, se puede establecer un debate mucho más sólido y riguroso que no gire en torno a profundizar rencores y posturas, como pasa en la actualidad, sino con el objetivo de construir sociedad a futuro. El rol que jugará la Comisión de la Verdad, ente encargado precisamente de esclarecer los hechos de guerra y contribuir a la verdad, será entonces crucial para que la JEP pueda actuar de manera objetiva.
Ahora bien, cada concepción de justicia trae consigo una postura acerca de cómo se debe castigar a aquellos que infringen la ley. En el caso particular del conflicto armado en el país, la idea de castigar con mano dura está muy arraigada no solo en los sectores políticos detractores, sino en una gran parte de la población. Es una perspectiva lógica y moralmente atrayente; aquel que comete delitos de lesa humanidad y es actor de atrocidades, debe recibir todo el peso de la ley encima y ser castigado duramente. Las cosas se complican cuando se tiene un conflicto que, entre sus secuelas, ha dejado 218.019 muertos, 27,023 secuestrados, 25,007 desaparecidos, 5,712,506 desplazados y 1982 masacres.
No se tiene claridad en torno a todos los individuos que han tenido incidencia en alguna de estas macabras cifras, por lo tanto, trazar una frontera simplista, mas ideológica que real, entre victimas y victimarios en Colombia y achacarle todas estas macabras cifras solo a un bando es absurdo. Adicionalmente, uno de los elementos trascendentales de la JEP es su aspecto reparativo; se entiende que un país acostumbrado a la guerra está en un momento de transición hacia la reconciliación, por lo tanto, es necesario darle la importancia necesaria a esta etapa histórica, desprendernos de elementos de castigo que han demostrado ser ineficaces —al menos en el caso colombiano, donde ha primado la reincidencia del crimen de los presos y la perpetuación de ciclos viciosos de violencia— y confiar en una jurisdicción innovativa. Esta iniciativa nos obliga como sociedad a cuestionarnos acerca de qué consideramos justicia y a preguntarnos si el esclarecimiento de la verdad, sin importar cuántas llagas levante, y la reparación de las víctimas, no debería primar sobre la venganza.
Uno de los retos mayúsculos a los que se verán enfrentados los magistrados selectos será demostrar que están en capacidad de asumir su función de manera imparcial y objetiva; han sido varias las críticas en torno al criterio de selección empleado y el supuesto sesgo político de ciertos juristas que compondrán el tribunal, por lo cual será clave que se valide en cada actuación el absoluto cumplimiento del derecho al debido proceso, la lucha contra la impunidad, y el imperio de la ley; así quedarán invalidadas las voces de acusación a la jurisdicción, que desde ya afirman, será un tribunal para la venganza o para la impunidad de las atrocidades.
La independencia, templanza y coraje de los 51 magistrados se pondrán duramente a prueba, pero la tarea titánica que tendrán en sus manos, si se logra llevar a cabo con éxito, posibilitará el restablecimiento de la confianza de los colombianos en la Justicia, órgano tan duramente golpeado por escándalos de corrupción últimamente, y será el fundamento para un país en paz. De que esta justicia funcione adecuada, balanceada y objetivamente depende, en gran medida, que Colombia pase la página de la guerra.
