La reflexión que muchos hemos retomado por la muerte de la médica Catalina Gutiérrez de la Javeriana, ojalá nos acompañe en el tiempo como sociedad con el ánimo de levantar la voz, para rechazar y no tolerar ningún tipo de violencia y menos aún, en los entornos universitarios destinados a formar seres íntegros para la vida.
Esta reflexión nos debe invitar, desde la educación superior, a impactar el entorno; la forma como nos relacionamos; proponer modelos libres de convivencia, que velen por el bienestar y la dignidad del ser humano.
El suceso de Catalina no revela ninguna novedad de lo que pasa en las Universidades y en particular, en las facultades de medicina. Esto no significa en ningún caso un parte de consolación. Por el contrario, es un llamado serio a la sociedad y en especial, a quienes hemos optado, como proyecto de vida, por formar nuevos ciudadanos y profesionales.
Los doctores Natalia Mejía y Daniel Suárez en su artículo Estrategias para promover un ambiente académico en el ámbito clínico ilustran que, en el contexto mundial, un metaanálisis que incluyó 51 estudios, reporta que el 59,4% de los estudiantes de medicina en entrenamiento en pregrado y posgrado han experimentado al menos una forma de acoso o discriminación, siendo el maltrato verbal la conducta más prevalente.
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Otros datos analizados por ellos dan cuenta de que en la formación médico-quirúrgica la prevalencia de conductas inapropiadas se estimó en un 63,4%. Al comparar estos datos con lo que ocurre con estas violencias en el contexto Latinoamericano de la medicina, se muestra que “(…) el ámbito académico de las facultades de medicina trasciende el aula y llega a ambientes clínicos y sociales (…)”.[1]
Conocedora de muchas denuncias sobre distintos tipos de violencias y discriminaciones en el contexto de relaciones jerárquicas, y de poder en el ámbito de la formación médica, que trascienden el aula de clase, observo que la enseñanza de varios docentes sigue influenciada por asumir el papel del profesor como quien ejerce autoridad porque sabe y enseña. Por su parte, el estudiante se convierte en un sujeto pasivo que recibe el conocimiento, no lo puede cuestionar y tiene que aprender lo que le enseñan.
No obstante, en nuevos modelos de aprendizaje, como en el que se opta por enseñar por competencias y en el cual algunas pocas facultades de medicina están incursionado, el estudiante asume de manera activa su rol de aprender en un contexto en el que el saber, el saber hacer y el ser no están separados.
Se reconoce y valora al estudiante al igual que la forma y el contexto en el que aprende. Así mismo, su experiencia en la relación con otros. En este modelo, el docente acompaña y facilita el aprendizaje colaborativo, desde el respeto.[2]
Con la muerte de Catalina y las denuncias que han trascendido a los medios de comunicación, el gobierno nacional, preocupado por el impacto en la salud mental de la población, insta a las autoridades a investigar a las universidades. Es oportuno tener presente que, previamente, la jurisprudencia y la ley se han ocupado de dar lineamientos para prevenir, detectar y manejar adecuadamente las violencias y discriminaciones en los entornos educativos y laborales.[3]
Las recientes denuncias no destapan la olla de las violencias en los entornos mencionados ni la necesidad de realizar inspecciones para validar su ocurrencia. Tampoco para comprobar formalmente quiénes tienen protocolos y/o vienen incumpliendo la ley.
Sin restarle importancia a estos protocolos, como instrumentos normativos de prevención, educación y manejo de las violencias, la observación debe ir más allá para exigir que deriven en manifestaciones reales y cotidianas de la política de cero tolerancia al maltrato, por parte de las instituciones en particular, las educativas. También para acompañar desde la política pública a dichas instituciones en esa tarea.
Estos protocolos deben incluir mecanismos eficaces de denuncia, servicios especializados para la atención de las víctimas y procesos ágiles para la investigación, sanción y reparación de conductas violentas. Todo bajo el deber de diligencia que les asiste a las instituciones educativas como agentes transformadores de la cultura del maltrato y corresponsables de la creación de espacios libres en la comunidad.
El camino, en el caso de las instituciones educativas, considero que debe privilegiar la formación por competencias; la ética; el cuidado propio y el del paciente; la comunicación; la capacidad de resolver problemas, entre otras.
Adicionalmente, privilegiar la acción institucional orientada a fomentar la cultura de la equidad y el respeto. Esto supone el desafío de involucrar a toda la comunidad académica con el fin de que propicie ambientes libres, rechace el maltrato, no tolere violencias y participe en la construcción de un entorno en el que el aprendizaje integre el ser, el saber y el saber hacer, que a su vez permita llegar a una transformación cultural en el entendimiento del rol de docente y estudiante en el aprendizaje.
Desaprender y aprender para los retos que tenemos como sociedad y para la vida.
[1] Mejía Natalia y Suárez Daniel.2021. Estrategias para promover un ambiente académico respetuosos en el ámbito clínico. ARS volumen 46, número 4.
[2] Véase Colección Métodos de Formación Jurídica. Formación por Competencias. Facultad de Derecho. Pontifica. Universidad Católica del Perú
[3] Resolución 0144466 del Ministerio de Educación Nacional, requiriendo a las instituciones educativas de nivel superior, para adoptar Protocolos para la prevención y el manejo de las violencias y las discriminaciones basadas en el género. El reconocimiento de las víctimas de las violencias de género y la protección en el ámbito laboral (Sentencia T-239 de 2018); la obligación de las empresas privadas de prevenir y sancionar la violencia de género (T-140 de 2021); una institución puede ser un agente que revictimiza cuando no se toman medidas de protección con la debida diligencia. (Sentencia T 735 del 2017).
