Con tono fuerte y plano, la camisa bien planchada y arremangada y el temple por excelencia del funcionario público, el presidente Duque anunciaba el 14 de diciembre de 2019 la firma del Acuerdo de Escazú. Se encontraba en Mompox en uno de sus talleres Construyendo País y con impostado entusiasmo daba el anuncio: "Logramos cumplir una promesa de campaña, la firma del Acuerdo de Escazú, que fortalece la protección ambiental y que se sumó a las voces que en el marco de la conversación nacional, también han planteado la importancia de dar ese paso". Lo cierto es que no era un logro, mucho menos una victoria de su gobierno, más bien era un paño de agua tibia con el que pretendía, cuando las pulsaciones políticas se lo exigieran, complacer a sus críticos usando esta carta bajo la manga.
Han pasado casi dos años desde entonces y el gobierno ha sido incapaz de ratificar el Acuerdo de Escazú, un pacto firmado por 24 países latinoamericanos que, en términos generales, pretende brindar mayor transparencia en la información sobre proyectos ambientales y crear las herramientas necesarias para proteger a los líderes y lideresas que defienden el medio ambiente.
Las excusas del gobierno han sido simples: ellos cumplieron con radicar el proyecto en el Congreso el 20 de julio de 2020 para ratificar el Acuerdo de Escazú. Incluso, lo hicieron con mensaje de urgencia buscando agilizar su trámite. Todo parecía dispuesto, todo parecía listo. Sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y el gobierno no ha hecho nada.
En el Congreso la bancada oficialista tampoco tuvo muchos problemas en embolatar el debate para ratificar el acuerdo. En los meses siguientes ni el representante uribista Juan David Vélez ni el senador conservador Juan Diego Gómez, ambos presidentes de las comisiones segundas respectivamente y encargados de citar a los debates para aprobar el proyecto final, tomaron las riendas del asunto. Allá, en un rincón, tapado con el manto del olvido, quedó el acuerdo.
¿Por qué no aprobar un acuerdo que básicamente compromete al Estado colombiano con la transparencia, el medio ambiente y la vida, los mismos pilares que el gobierno Duque exalta cada tanto como banderas de su administración y principios que lo rigen como persona y funcionario público? ¿A quién le incomoda el Acuerdo de Escazú? ¿A quién le incomoda la protección del medio ambiente?
Frente al Congreso se adelantaron protestas para pedir la ratificación del acuerdo. Nadie fue escuchado. Foto: Antonio Sanguino
En septiembre del año pasado se adelantó una audiencia pública para socializar el proyecto. Los detractores aparecieron inmediatamente. La Sociedad de Agricultores de Colombia, Asocaña y el Fondo Nacional Avícola aseguraron que el acuerdo le pone trabas al desarrollo económico, pues los mecanismos de participación en los proyectos y medidas ambientales desincentivan a los empresarios al tener que, supuestamente, exponer información confidencial. Nada más alejado de la realidad.
La Cámara de Comercio Colombo Americana también puso sus dudas sobre la mesa. “Existe un riesgo de generar incertidumbre jurídica para la inversión extranjera, ya que establece una serie de disposiciones que van en contravía de los compromisos comerciales del país derivando en controversias ante la OMC por el sentido discriminatorio de esas obligaciones”. Finalmente, el Consejo Gremial Nacional lanzó una pregunta maliciosa que puso a dudar a más de uno: ¿por qué ceder soberanía al acuerdo de Escazú cuando Colombia puede cumplir con todos los puntos sin tener que comprometerse con el tratado?
Al final los gremios, el gobierno y la bancada oficialista logró su cometido. Pasó un año completo y el Acuerdo de Escazú no se ratificó. Las excusas abundaron en su momento, pero lo cierto es que el gobierno nunca le metió el acelerador al proyecto. Cuando sí lo hace, los desayunos, las reuniones e incluso la mermelada se usa con juicio. No fue el caso.
El presidente Duque en Mompox en diciembre de 2019, cuando aseguró que el Acuerdo de Escazú era una promesa de campaña cumplida. Foto: Presidencia
El 7 de enero Gloria Ocampo se encontraba comiendo con su familia cuando la llamaron a la puerta. Apenas escuchó su nombre cuando una ráfaga de fusil acabó con su vida. Se encontraba cenando con su hija de 12 años y su esposo, quien apenas pudo hacer unos tiros al aire con la escopeta de cacería mientras dos hombres se desvanecían en la oscuridad de la selva del Putumayo. La historia de Gloria, lideresa ambiental perteneciente a la organización Tejedoras de Vida y quien luchó incansablemente por reemplazar la coca y defender los recursos hídricos en el municipio de Puerto Guzmán tras la firma del acuerdo de paz, es la misma de otros 64 hombres y mujeres que fueron asesinados en Colombia durante el 2020.
En Colombia defender la vida, defender la naturaleza y levantar la voz contra la violencia es sinónimo de muerte. El país, nuevamente, quedó como el más peligroso para los defensores ambientales, como lo corrobora el informe de Global Witness.
El presidente Duque, los ministros, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas han dicho que son los grupos armados los principales responsables de estos asesinatos. Y tienen razón, pero tampoco hacen mucho para impedirlo. Precisamente, el Acuerdo de Escazú pone el dedo sobre la llaga en este asunto, pero el gobierno prefirió mirar para otro lado.
Iván Duque junto a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, quien lo acompañó en la gala de premiación de la ICCF en la que el presidente fue condecorado por su compromiso con el medio ambiente. Foto: @JenniferAriasF
Internacionalmente Colombia es visto como un paraíso natural con problemas de violencia. Bajo esta imagen, los presidentes han sabido buscar dinero, respaldos e incluso prestigio por su resiliencia y su capacidad de desarrollarse a pesar de las dificultades. El presidente Duque, igual que otros mandatarios, también repite ese discurso en el exterior, como lo ha hecho en los tres años de gobierno y lo volvió a hacer durante su viaje a los Estados Unidos.
Todo comenzó con una reunión de alto calibre: Duque fue invitado por Jeff Bezos a comer en su mansión. Además de la importancia del dueño de Amazon, la clave estuvo en los US $1.000 millones que el magnate prometió que donará a Colombia para invertirlos en medio ambiente. Es tal vez la acción filantrópica más importante de Bezos hasta ahora.
Con ese logro en la mano, Duque llegó a la ceremonia de la organización International Conservation Caucus Foundation (ICCF), que condecoró al presidente colombiano por su compromiso con la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Lo que resulta irónico es que mientras Duque recibe dinero y condecoraciones internacionales, en Colombia los guardianes de la naturaleza son asesinados. Otra vez: 65 homicidios en un año. Nada para sacar pecho.
Foto: Presidencia
“Todos los retos y acciones que hoy abordamos ocurren en medio del mayor desafío de la humanidad: la crisis climática. Frente a esto, Colombia actúa con determinación y compromiso moral”. El presidente Duque no tuvo reparos en pararse en la Asamblea General de la ONU en Nueva York -la última a la que asistirá como presidente- y asegurar que su gobierno había adelantado una lucha frontal por defender la naturaleza, el medio ambiente y los defensores sociales.
Otra cosa es lo que pasa en Colombia, donde se deforestaron en total 171.685 hectáreas en 2020, un 8% más que en 2019 y, como siempre, el Amazonas fue el territorio más afectado: 109.000 hectáreas.
“En Colombia, más coca significa menos paz y menos medio ambiente. Cada gramo de coca consumido en las naciones que activan la demanda, significa un homicidio y un ecocidio en Colombia”, dijo Duque ante los presidentes del mundo en la ONU.
Resulta innegable decir que los cultivos ilícitos no son unos enemigos del medio ambiente, pero tampoco se puede pasar por alto las razones por las que la deforestación en Colombia aumenta y aumenta. Y la coca no es la principal. La praderización (talar el bosque para introducir pasto) para el acaparamiento de tierras, las malas prácticas de ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas, en este orden, son las principales causas de deforestación indiscriminada en el país.
Colombia, más que un paraíso natural, es un campo de guerra biodiverso. Los problemas parecen inabarcables, pero sobre todo para el gobierno que no tiene ninguna intención en resolverlos. En el exterior el presidente Duque podrá posar de buen samaritano, de defensor del medio ambiente, de luchador incansable contra el cambio climático, de promotor social para el desarrollo del país y de pacifista, pero en Colombia el traje le quedó grande.
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