El país ha avanzado en educación desde la posguerra y superó la violencia entre liberales y conservadores, pero falta mucho rigor y síntesis en las propuestas con propósitos electorales para tener debates efectivos. Así, la semana pasada Iván Cepeda presentó a Gustavo Petro como su candidato para presidente y con motivo de la adhesión emitió un comunicado lleno de planteamientos inútiles desde la perspectiva del interés general, y perjudiciales para las clases menos favorecidas, a quienes dirige su demagogia.
Califica los programas sociales existentes como soborno; convendría suprimirlos si tuviera razón, pero no la tiene; el resultado sería mayor desigualdad y más restricciones para acceder a oportunidades de educación. Declara que en ocasiones anteriores su grupo ha descuidado el conteo electoral, y ello ha desembocado en fraude; si fuera cierto debería denunciar el delito, y si no lo es debería presentar excusas a por la calumnia a los responsables de contar los votos. Afirma ofrecer solución a problemas de atención en salud mediante modelo mixto, como si el actual no lo fuera, y desestima que la mayoría de recursos en la financiación son públicos.
Propone sustituir el petróleo por otras fuentes de energía, pero no especifica que 70% de la electricidad es de origen hidráulico, que parte muy importante del oro negro se exporta, en tanto que no es fácil la exportación de otras fuentes de energía, y que el uso ineficiente de recursos provenientes del petróleo, en vez de aplicarlos al pago de deuda externa, robustece la moneda, en detrimento del resto del aparato productivo y el empleo. Elogia la propuesta de comprar tierras hoy productivas en agricultura sin especificar cómo se va a aumentar la productividad como consecuencia de la distribución a pequeños propietarios, omite reconocer que la proporción de población con vocación rural es pequeña, y no parece entender que la propuesta encarecería la comida y perjudicaría la economía en general.
Cepeda no precisa la propuesta de cambio en política externa que insinúa. Si se trata de aumentar distancias con los países desarrollados y acercarse a Cuba y Venezuela el resultado sería contraproducente, porque esos países no tienen capacidad de inversión ni construyen conocimiento en esta época. Las economías subterráneas en dólares de EEUU en ambos países evitan el colapso, pero la dolarización limita la autonomía en política monetaria y fiscal, pone al aparato productivo en dificultad porque la estructura productiva nacional no es similar a la de EEUU, y cuando caen los precios de productos básicos el ingreso se contrae. Además anuncia “movilizaciones sociales” al terminar las restricciones sanitarias; el modo correcto de expresar inconformidad es impulsar sus banderas en las elecciones.
En síntesis, las propuestas de Cepeda harían más difícil la vida para los colombianos de ingresos bajos. La desigualdad de ingreso y oportunidades es problema central de Colombia, y se debe abordar en forma racional, con revisión de los procesos públicos para impulsar crecimiento rápido y redistribución sin despojo. El comunicado es ambiguo en materia de lo que denomina “proyecto social y económico distinto”; no parece reconocer que si todos los medios de producción pasaran a manos del Estado habría magnífico nivel de vida para los estamentos altos de la burocracia pública pero la mayoría de los colombianos se empobrecería, en contra de las promesas del senador. En contraste, poco se reflexiona sobre el pésimo diseño del sistema político cocinado en la Asamblea Constituyente de 1991 en la cual su grupo de entonces, el Movimiento 19 de Abril, tuvo papel protagónico. Cepeda declara estar dispuesto a sentarse con sus contradictores; sería bueno saber si considera acertados el régimen presidencial, la formación del legislador definida en la Constitución, la anarquía jurisprudencial que se desprende de la estructura de la rama judicial y la escasa independencia de la justicia o si, por el contrario, cree que la presencia de Gustavo Petro y él en la cúpula del poder arreglaría todos los defectos de los poderes públicos en Colombia.
