Todo comenzó el pasado 21 de marzo. Cientos de presos convocaron a un cacerolazo para exigirle al presidente Duque y a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, rápida actuación para evitar que se esparciera el COVID-19 por las hacinadas cárceles del país. A las 8 p.m. los barrotes comenzaron a sonar en el silencio de la noche. En por lo menos diez penales como La Modelo, La Picota y El Buen Pastor en Bogotá; la cárcel de Cómbita en Boyacá; o las cárceles de Villavicencio y Cúcuta la protesta se hizo sentir. Fue tan solo una antesala del caos que se desataría aquel día.
En La Modelo comenzaron a reportarse pequeños incendios dentro de algunas celdas y patios provocados por los presos que quemaban colchones y toallas. Alrededor de 50 guardias del INPEC reaccionaron, no parecía haber mayor problema, pero uno de ellos gritó por la radio: "Muchachos, toca que se vengan los disponibles. Se salieron al pasillo central. Se salieron a la blindada. La vaina está complicada, ¡tienen armamento!”
El resto de la noche se convirtió en una batalla dentro de La Modelo. El INPEC reaccionó con todo lo que tenía, primero disparando al aire, pero luego apuntando al cuerpo y el saldo fue lamentable: 23 presos muertos y otros 90 heridos entre guardias y reclusos.
Al día siguiente la ministra Cabello, acompañada del general Norberto Mujica, director del INPEC, apareció en un video calificando las protestas del día anterior como un "intento masivo y criminal de fuga".
#VideoMinjusticia. Declaración de la #MinJusticia, Margarita Cabello; y del Director del @INPEC_Colombia, General Norberto Mujica, frente a los acontecimientos de ayer en varias cárceles del país. Ver video completo en https://t.co/Uz6MB95Fcb. pic.twitter.com/FRxiSXVGC4
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) March 22, 2020
Pero tras la presión desde diferentes sectores, incluido el de los abogados penalistas del país que pedían tomar medidas urgentes, la ministra Cabello tuvo que declarar emergencia carcelaria nacional. Aun no habían contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios, pero la realidad de los 123.815 presos en Colombia es lamentable: más de la mitad viven hacinados, duermen uno encima del otro sin la atención mínima para cualquier ser humano: agua, asistencia de salud y comida decente.
El 23 de marzo se anunció el decreto para la excarcelación entre 4.000 y 10.000 presidiarios para descongestionar penales y evitar el contagio del virus entre los más vulnerables: mayores de 60 años, mujeres lactantes o embarazadas y enfermos de diabetes, hipertensión o problemas respiratorios. El decretó pasó por las cortes y la Fiscalía, pero quedó dormido en algún escritorio del Ministerio de Justicia y la incertidumbre y el miedo empezó a reinar. Solo el 14 e abril el gobierno expidió el decreto.
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Las protestas se reanudaron con plantones, huelgas de hambre y denuncias sobre el riesgo que corrían, un temor que tomó forma el 11 de abril: tres presos de la cárcel de Villavicencio padecían el virus. Y ya había un fallecido: un hombre de 63 años que había estado en el Patio Santander, donde viven 500 presos. Después de haber sido atendido en el Hospital departamental de Villavicencio el 31 de marzo, regresó al penal el 1 de abril, pero fue remitido nuevamente y falleció a la semana. Pudo haber tenido contacto con 30 o 40 personas. Los contagios dentro del penal así lo confirman.
Los protocolos del INPEC no llegaron mientras la insistencia de los presos advirtiendo la vulnerabildad en que se encontraban se mulitiplicaron. No habían pasado doce horas de la primera muerte en la cárcel cuando el director del INPEC y el de la cárcel, el capitán Miguel Rodríguez, confirmaron la segunda muerte. Se trataba de un hombre de 78 años, del mismo patio Santander donde comenzó el brote.
El virus empezó a tocar también a los guardianes. La cuarentena fue en la misma cárcel, para evitar la salida a la calle y el señalamiento social. Para el 17 de abril eran ya siete los guardias con COVID 19.
El 18 de abril se confirmó un primer contagio en La Picota de Bogotá, con lo cual se confirmó el error garrafal del manejo por parte de la dirección del INPEC: ambos habían sido trasladados desde Villavicencio.
El virus había comenzado a propagarse, inducido por malas decisiones de la propia dirección de prisiones. Reventaron contagios en las cárceles de Las Heliconias de Florencia, en el Caquetá; y en la de Guaduas, Tolima, todos importados de Villavicencio y llevados por cuatro de los 12 presos trasladados de Villavicencio.
Los contagios han seguido multiplicándose. El 23 de abril se dieron tres nuevos casos e La Picota, el centro de protestas, huelgas y demandas al gobierno.
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En Villavicencio hay 31 guardines con el virus, dos funcionarios del personal de salud y dos empleados de la cocina, incluido el cocinero principal del penal. Al menos 24 de los contagiados habrían sido los encargados de la preparación de alimentos para los 1.789 detenidos allí, en un penal con capacidad solo para 899 detenidos.
En total son 126 personas dentro de las cárceles contagiadas, entre presos y guardias. Han pasado 9 días desde que la ministra de Justicia, Margarita Cabello, expidió el decreto de excarcelación para darle la libertad a 4.000 presos de todo el país —una medida que no resuelve el hacinamiento que supera los 40.000 presos— y todavía no ha salido una sola persona fuera de la cárcel por esta medida. Mientras tanto el brote de contagios crece a un ritmo francamente peligroso, presente en al menos cuatro cárceles del país.
