Mañana se iba a subastar la principal empresa de generación de energía de los colombianos, por orden del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Se realizaría a pesar de la oposición de 80 senadores de la República y un buen número de representantes, incluido el presidente de esta institución. La Contraloría y la Procuraduría también manifestaron críticas a la venta, que se sumaron a las voces de decenas de organizaciones sociales como Sintraisagén y Justicia Tributaria, quienes desde hace 21 meses han mostrado al país la inconveniencia de esta decisión.
Por fortuna el Consejo de Estado actuó a tiempo y decretó —por segunda vez— medidas cautelares que suspenden temporalmente la venta, basado en los siguientes argumentos: para el órgano judicial, la enajenación de bienes del Estado es una actuación que debe considerar los “intereses generales de la comunidad” y no puede perjudicar el patrimonio de la nación. Además, el Consejo reconoce que no solamente se debe pensar en la “finalidad de financiar obras públicas”, sino que debe pensarse en el “equilibrio presupuestal, la sostenibilidad fiscal” y en “la satisfacción de necesidades generales”, como la producción de energía. Todos estos son aspectos fundamentales a la hora de fallar de fondo sobre las demandas interpuestas por Helber Castaño y Enrique Daza, del Comité por la Defensa de Isagén.
En efecto, el alegato jurídico más importante de estas demandas consiste en demostrar que la venta de Isagén producirá un detrimento del patrimonio de todos los colombianos, porque no se trata de cambiar un activo por otro, como argumenta el Gobierno, sino de perder un activo rentable y estratégico como Isagén, por el negocio de las vías 4G en que sus ingresos “alcanzarán a cubrir tan solo la operación y el mantenimiento”, como lo afirma el Conpes 3760; o que podrían convertirse en “contratos-mermelada”, como lo dice la Anif.
Frente a este escenario, en medio de una crisis económica profunda, con un déficit en cuenta corriente que alcanza US$19.780 millones de dólares, el más alto en la historia del país, cabe preguntarse ¿qué pensará un industrial, un agricultor o un comerciante de la absurda disyuntiva en que el presidente Santos está poniendo al país, sobre si se necesitan carreteras o soberanía energética? Más allá del evidente interés de favorecer al capital extranjero que se quedaría con Isagén, ¿habrá considerado la opción de tener ambas? Quizás el problema es que las concesiones viales que tanto promueve el vicepresidente Vargas Lleras no son tan buen negocio, por lo que al sector financiero colombiano —el que más activos tiene y más utilidades genera— no le interesa participar.
Por lo pronto, es un triunfo de todos los colombianos haber impedido que el 19 de mayo se vendiera a Isagén. No se puede bajar la guardia, porque ya sabemos que al Gobierno no le interesan las críticas de los congresistas, ni las alternativas presentadas, ni las preocupaciones de la Contraloría, ni la solicitud del procurador de revisar la decisión. Ojalá el Consejo de Estado logre detener de una vez por todas la privatización, pero la tarea más importante de los colombianos debe ser la movilización en defensa de lo público.
