La nueva irrupción de la aftosa en Colombia, en septiembre del 2018, ilustra de manera elocuente las diferencias entre estas dos perspectivas y sus implicaciones para el futuro de la ganadería: asignar el grueso de la responsabilidad por los focos aftosos a las entidades públicas y privadas que velan por la sanidad bovina (VECOL, ICA, Organizaciones Ganaderas Autorizadas) debido a la acción de funcionarios corruptos en complicidad con agentes privados en la zona de frontera, o evaluarla en su verdadera magnitud (la amenaza de una catástrofe sanitaria proveniente del vecino país de Venezuela).
De acuerdo con información de los gremios ganaderos, Venezuela cuenta con 11 millones de cabezas bovinas. Hace quince años, el hato estaba cerca de los 15 millones de bovinos, con trece millones de hectáreas dedicadas a la actividad. Una alta mortalidad y un probable contrabando de gran magnitud hacia Colombia han contribuido a diezmar el hato ganadero, a la par que se ha venido abandonando gradualmente la vacunación rigurosa contra la aftosa en Venezuela.
En la salud humana el comportamiento desde el vecino país no ha sido muy distinto que en el campo animal. Las enfermedades como la malaria, el dengue, la tuberculosis, el VIH, la leishmaniasis y el sarampión han registrado brotes en los departamentos de frontera con Venezuela, lo que ha obligado a realizar jornadas de vacunación masiva en el Norte de Santander, Guainía y Vichada. Según boletín de USAID de agosto del 2018, “entre principios de junio y mediados de julio, los casos confirmados de sarampión aumentaron aproximadamente un 50 por ciento en toda la región; con la mayoría de los casos vinculados al brote actual en Venezuela”.
En tanto que en el caso de la ganadería los juicios ponen en la picota pública la institucionalidad para el apoyo de la sanidad bovina bajo el supuesto de que los focos aftosos no habrían ocurrido si la entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado hubiese sido la que estaba a cargo anteriormente, en el sector de la salud humana no se hacen juicios similares, pese a la gravedad de los contagios. Por el contrario, la acción del Ministerio de Salud se ha visto reforzada por entidades de asistencia humanitaria internacional como la ONU, USAID, etc.
No obstante, es evidente que uno y otro caso constituyen una emergencia sanitaria. Debido a la magnitud de la tragedia que constituye una migración masiva desde Venezuela en corto tiempo, a la par con un contrabando desproporcionado por las ingentes ganancias y por tanto difícil de controlar hasta el mínimo nivel que se requiere, Colombia debería considerar la declaratoria de la emergencia social y económica en la zona de frontera y su área de influencia inmediata a los departamentos involucrados (Guajira, Norte de Santander, Arauca, Cesar, Boyacá y Vichada) a la par con la emergencia sanitaria. La emergencia social y económica permitirá apropiar la financiación necesaria para la aplicación de nuevos instrumentos de organización y control, tanto en la salud pública como en la ganadería y otros sectores.
En virtud de la emergencia económica se daría lugar al fortalecimiento del ICA para permitir una mayor eficacia en la lucha contra la aftosa y otras enfermedades bovinas de alto impacto (brucelosis y tuberculosis); establecer la zona fronteriza con Venezuela como zona de protección del Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa, el estado en articulación con los ganaderos establecería las medidas para mitigar los costos que afecten a los productores en esta zona de protección; la creación de una policía de control sanitario bovino adscrita al ICA, con objetivos focalizados de acuerdo con las circunstancias, dicha policía iniciaría su actividad en la frontera con Venezuela creando incentivos para quienes alerten sobre riesgos sanitarios como la aftosa; asignación de períodos de gracia para los acreedores de Finagro afectados en la zona de contención y en la franja de influencia. Sumado a todo lo anterior, se plantearían nuevas estrategias en el programa de erradicación de la fiebre aftosa que obedezcan a análisis de riesgos de protección de la población bovina y presencia del virus que permita generar zonas libres y zonas de vacunación masiva diferencial entre adultos y jóvenes.
El reto es crear una solución de gran envergadura para enfrentar una crisis que no admite estrategias tibias y que sí se construye explorando las sinergias por encima de las diferencias logrará blindar al país de la amenaza de una catástrofe sanitaria.
