En la oscura madrugada del miércoles nueve de septiembre se evidenció un hecho desastroso para la dignidad humana en la localidad de Engativá de Bogotá. En un procedimiento policial, totalmente deplorable, dos uniformados aplicaron varias cargas eléctricas al abogado Javier Ordóñez, quien les pidió en repetidas ocasiones que se detuvieran. A pesar de las súplicas, los policías hicieron caso omiso y siguieron con el salvajismo que terminó con el fallecimiento del hombre en la Clínica Santa María del Lago.
En consecuencia a este suceso, la policía determinó varias cosas, entre estas, suspender de la actividad operativa y de vigilancia, de pasar a labores administrativas a los policías que se encuentran inmersos en estos hechos. ¿Pero de qué sirve esto si ya el asesinato se dio? La única determinación a mediano plazo en esta ocasión es una condena ejemplar a los policías que mancharon el uniforme y el nombre de toda una institución que defiende a la patria en los momentos hostiles de la ciudadanía con honor y gallardía y no transgrediendo los derechos humanos que hoy se encuentran estipulados en nuestra carta magna.
Este problema que hoy lamentamos solo es uno del montón, ya que la fuerza pública vulnera el reglamento que la rige. En este caso, hay una resolución, la 2903 del 2017, que habla de unos parámetros para que se pueda efectuar el uso de la fuerza, ya que esta no se puede aplicar porque sí. Ahora bien, en esta se encuentran inmiscuidos tres principios importantes: el de necesidad, donde se estipula que solo se podrá usar la fuerza en caso de que la vida de un policía o de un tercero corra peligro; el de proporcionalidad, donde se pondera una acción violenta o la pasividad; y el de cuidado de la vida sobre cualquier otra cosa. Infiriendo estas disposiciones jurídicas, pregunto: ¿era necesario el uso de la fuerza en este caso?
Con eso claro, es cierto que este fue un acontecimiento lamentable y que merece llegar a las últimas consecuencias, pero no nos confundamos, he visto una oleada de críticas abstractas y ridículas en las redes sociales que dicen cosas como “se ve que matar no es un pecado, cuando el asesino es el Estado”, dando a conocer una generalización de delincuencia a toda una institución patriota. Como lo dijo Antonio Baraya en el año 1910 y como lo señalo con total autoridad, por lo que sé, los hombres y mujeres que están dentro de la fuerza pública al servicio del Estado se distinguen por un amor inmenso a nuestra patria y están dispuestos a jugarse su integridad por ella. Además, recuerden que la fuerza pública sigue siendo la insignia del progreso y parte importante de la democracia.
De hecho, hoy la fuerza pública colombiana no funciona como un aparato represor, como sucede en Cuba, en Venezuela o Argentina. No en vano Colombia se caracteriza por su democracia y por ser una república robusta; sin negar muchos defectos que hoy atropellan a la institucionalidad. A pesar de ellos, nada es un impedimento para reconocer que estamos sometidos a un gobierno legítimo, apoyado por la constitución y el sector civil. Retomando, la policía no es una fuerza tiránica para defender un orden despótico, sino una estructura sujeta a numerosos controles y protocolos, que busca preservar la libertad y la dignidad humana de sus habitantes. Cuando hay algún exceso, este se conoce, se denuncia, se investiga, se juzga y se castiga de acuerdo con el debido proceso, lo cual brilla por su ausencia en las dictaduras. Por lo tanto, considerar que la policía es una fuerza feroz, abusiva o criminal es una exageración insostenible.
Estos señores y señoras, que se levantan de madrugada para presentarse en su estación o batallón, que han visto morir a sus allegados más que ninguno de nosotros, que ponen su vida en riesgo solo por vestir un uniforme que lleva de lema a Dios y la patria, que dejan su familia por largas jornadas (a veces por semanas y meses) sin un pago equivalente a su esfuerzo y que defienden el noble ideal intangible de una patria para todos, son aquellos que, a pesar de sus errores, ayudan a construir un país más seguro, más tranquilo y mejor; también son aquellos que reciben ataques injustos y hasta insultos y agresiones físicas de muchos ciudadanos.
Evidentemente esto no exonera ninguna culpa de aquellos que mancharon el nombre del uniforme; sin embargo, invita a que reflexiones y hagas una pausa para que te pongas en el lugar de la fuerza pública y recuerdes las terribles situaciones que vive. Sus miembros merecen respeto sin importar los errores que cometan unos pocos.
