La noticia más reciente fue la entrega de computadores de la minera a miembros del Concejo Municipal de Jericó, previo a la votación del Plan de Desarrollo del Municipio, lo que derivó en el inicio de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La solicitud de donación de computadores suscrita por el presidente del concejo, sin previa consulta con el cuerpo colegiado, fue suficientemente antefechada para aparecer anterior al inicio de sesiones ordinarias (17 de enero), también a la declaración de pandemia internacional por la OMS (30 de enero) y a la confirmación de caso alguno en Colombia.
Curiosamente, la misma carta solo fue radicada varios meses después. Y, luego, cuando los concejales se le rebotaron al alcalde por meterlos en el lío, este salió a decir que él los había solicitado.
A esto se le suman tres hechos alarmantes frente a la probable falta de transparencia y a los presuntos conflictos de interés del alcalde de Jericó, David Alonso Toro Cadavid.
Primer hecho
El primer hecho tiene que ver con la “coadministración” que ha realizado el alcalde Toro con la multinacional Anglogold Ashanti, tanto en su administración actual (con rendiciones de cuentas conjuntas) como en la del periodo 2012-2015, cuando el hoy mandatario jericoano suscribió acuerdos de cooperación escandalosos con la minera, presuntamente beneficiando irregularmente (y sin controles políticos) la caja de su administración en más de 1.700 millones de pesos.
Al menos 3 convenios fueron firmados en años diferentes (003 en junio de 2012, 004 en junio de 2013, 005 de diciembre de 2015), pero todos aparentemente fueron irregularmente adicionados de un tacazo retroactivamente al presupuesto municipal. Esto mediante el Decreto 012 de enero 7 de 2015, suscrito por el alcalde Toro, argumentando que para cumplir con el plan de desarrollo y cubrir gastos se necesitaban y adicionaban recursos por la suma total de parte de “la empresa privada”, sin especificar cuál empresa, ni informar del decreto al Concejo Municipal, ni presentar comprobantes de gastos.
Convenio de Colaboración 003 Mcpio Jericó – Minera Quebradona (2012)
Convenio 004 de 2014 – Mcpio Jericó – Minera Quebradona (1)
Decreto Nº 012 Jericó – Adición de presupuesto por Coop Técnica AGA (Alcaldía David Toro)
El valor total destinado en dichos convenios por la minera representó casi el doble del valor del presupuesto anual del municipio de Jericó en 2015. Todo lo anterior necesariamente implica una injerencia indebida de una empresa privada extranjera multinacional sobre el gobierno de lo público, situación que fue denunciada penal, fiscal y disciplinariamente, y sobre la cual se espera pronunciamiento de las autoridades.
Algunos rubros de gastos coinciden con investigaciones graves contra dicha administración (como lo serían contratos con Juntas de Acción Comunal en los que se habría pactado utilidad para las mismas y los sobrecostos del transporte escolar).
Llama la atención que Minera Quebradona no exigió una rendición de cuentas detallada (según consta en su respuesta al derecho de petición interpuesto por el concejal Carlos Arturo Londoño) a pesar de que los convenios lo preveían, y que el Concejo, al no haber sido informado del decreto de adición presupuestal, tampoco pudo ejercer el control político suficiente en el momento oportuno sobre el gasto público.
Nótese que muchos de los rubros reflejan ítems de caja asociados a la corrupción, como pagos de gasolina e incluso pago de salarios de la administración con dinero proveniente de la multinacional extranjera. ¿Un Odebrecht en tracto sucesivo?
Curiosamente, y como muestra de la permisividad o presunta complicidad gubernamental durante los años de la administración 2012-2015 de Toro, la alcaldía omitió revelar y denunciar ante las autoridades ambientales las presuntas violaciones ambientales cometidas por la empresa a finales de 2011, incluyendo el daño a uno de los acuíferos subterráneos que surte la quebrada La Fea en el pozo 10 de perforación objeto de proceso sancionatorio a pesar del evidente daño ocasionado. ¿Se investiga en el país el detrimento del patrimonio capital crítico natural? ¿Quién respondería por un daño incompensable como la rotura de un acuífero subterráneo, a complicidad en su ocultamiento y la dilación en el trámite?
Segundo hecho
El segundo acontecimiento tiene que ver con los aportes ilegales que realizó AngloGold Ashanti a campañas políticas, hecho que fue reconocido por los mismos funcionarios, quienes admitieron financiar campañas políticas argumentando, con descarada hipocresía, que ello se hace a todos los partidos para fomentar la democracia; aun cuando es ilegal e inconstitucional que empresas extranjeras realicen aportes a campañas políticas directa o indirectamente, porque ello vulnera lo más elemental de nuestra soberanía. Además, no quisieron revelar a quiénes les dieron dinero, ni cuándo, ni cuánto.
Esta financiación, sumada a los miles de millones que han repartido Anglogold Ashanti/Minera Quebradona en Jericó a lo largo de los años, directa o indirectamente (ejemplo, a fundaciones relacionadas con miembros del concejo, auspiciando la participación de sus empleados en política, financiando viajes de rectores al exterior, y a través de convenios irregulares como los mencionados), le ha facilitado a la multinacional sudafricana tener un nivel de injerencia inaceptable y alarmante sobre los procesos públicos y educativos que se desarrollan en Jericó, lo que iría en contravía no solo de las normas colombianas, sino de la normativa sobre prácticas corruptas en el exterior de EE. UU. (Foreign Corrupt Practices Act) a la que se encuentra sujeta la empresa por estar listada en la bolsa de EE. UU. Además, también estaría en contravía de la gestión de responsabilidad social corporativa que pregona Anglogold Ashanti en Colombia y en el exterior.
Independientemente de si se hicieron aportes de campaña (directos o indirectos) a David Toro en una o varias de sus tres coincidencias cruciales como alcalde con la presencia de la empresa en el territorio (la llegada a través de apoderados cuando se iniciaron las solicitudes (2001-2003), la avanzada más significativa de AGA en las exploraciones (2012-2015) y la que definiría su licencia ambiental y social para explotar (2020-2023), es inocultable que los eventos realizados y la publicidad repartida parecieran superar con creces los escasos valores reportados ante el CNE.
Además, los convenios de cooperación que suscribió Minera Quebradona con la alcaldía previa de Toro, en plenas actividades exploratorias y previa licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), crean en mi opinión un claro conflicto de interés que violaría el régimen legal, así como los principios de soberanía e independencia administrativa.
Si la interferencia es aún más grosera que la de Odebrecht, ¿por qué no se mueven las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales? ¿Quiénes y cuántos candidatos y partidos están implicados? ¿Será por ello que el CNE tarda tanto en contestar y solo lo hace a medias con los derechos de petición al respecto?
Tercer hecho
El tercer hecho se relaciona con las gestiones políticas de Toro, en su calidad de alcalde electo a finales de 2019 para tumbar el Proyecto de EOT promovido por la administración 2016-2019 con apoyo de Eafit, mediante el cual se pretendía prohibir la minería de metales en el territorio. El mismo se hundió por falta de quórum.
Curiosamente, la ANM tenía previsto un texto para incorporar la minería en el uso del suelo jericoano desde abril de 2019 que nunca le presentó a la administración de Jorge Pérez. ¿Ahora estarán cocinando la falsa concertación y coordinación requerida por la Corte Constitucional con una administración aparentemente cooptada y desinformada con publicidad engañosa? ¿Sería ese el motivo del viaje de los funcionarios de la ANM, el Ministerio de Minas y Energía y funcionarios de la Procuraduría un 28 de diciembre desde Bogotá a Jericó? ¿Intimidación, co-administración, tráfico de influencias?
Todo pareciera indicar que así fue, pues recientemente Toro reemplazó, presuntamente de manera arbitraria, al Consejo Territorial de Planeación (CTP), desconociendo la normatividad dictada por el Departamento Nacional de Planeación, que faculta el ejercicio de los miembros actuales del CTP a un periodo de ocho años. Los representantes afines a la defensa del medio ambiente que se han opuesto a la minería de metales como actividad industrial en el territorio, a pesar de llevar apenas cuatro años en ejercicio, fueron sustituidos con nombramientos que parecen afines a la minera.
Hoy el riesgo para Jericó y otros municipios del suroeste antioqueño es verse cogobernados por una empresa minera privada extranjera, a la que le convendría mantener en el poder a funcionarios públicos de calidades éticas cuestionables, tal como lo evidencian las múltiples pruebas de la relación entre AngloGold Ashanti y la actual administración del municipio de Jericó.
Las autoridades de control están advertidas en todos los casos, ¿de qué dependerá su falta de avance razonable ante pruebas contundentes que llevan estudiando años? Ojalá no sea de los inescrupulosos tentáculos que ha develado la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti.
