Si de periodismo investigativo se trata, Bob Woodward, exreportero y editor del Washington Post, es un referente internacional al respecto. Su enfoque crítico sobre el poder ejecutivo de los Estados Unidos, en conexión con temas de seguridad nacional y política exterior e interior, lo han hecho merecedor de importantes reconocimientos como el premio Pulitzer 1973, por su investigación en coautoría con Carl Bernstein en el sonado caso Watergate, tras el cual dimitió de forma inédita el presidente Richard Nixon.
Entre sus obras más destacadas resaltan Todos los hombres del presidente (1974), La agenda de Clinton. La Casa Blanca por dentro (1994), Bush en Guerra (2003) y su más reciente libro: Miedo. Trump en la Casa Blanca (2018). En conjunto, Woodward ofrece investigaciones que tienen un gran impacto en la opinión pública y la agenda política estadounidense, que hacen contrapeso a la censura gubernamental, especialmente en casos de corrupción, y ejercen un rol enriquecedor en el debate alrededor de la libertad de expresión.
De allí que el periodista revelase en Negar la evidencia (2006), los dudosos argumentos de George W. Bush para invadir y ocupar Irak a principios del 2003. Si bien parte de su popularidad se sustentó en su reacción ante los atentados del 9/11, al cual le apostó la mayoría de su capital político, el material probatorio y las entrevistas realizadas por Woodward a miembros de alto nivel del gobierno de ese entonces, demuestran que a medida que caían en combate más soldados estadounidenses, se desmoronaban los principales tesis para derrocar a Saddam Hussein: su relación con facciones terroristas de al-Qaeda y el almacenamiento y producción de armas de destrucción masiva (ADM).
Por el contrario la evidencia que encontró el periodista para que EE.UU. declarase la guerra a Irak, tiene su origen en la continuación del trabajo inconcluso por Bush padre en la Guerra del Golfo de 1991, es decir, el derrocamiento de Saddam Hussein del poder. No obstante, la decisión del presidente de renovar el aparato militar y enfocarse más en Oriente Próximo (la alusión a Irak no se realizó durante la campaña presidencial ni en los primeros meses de gobierno), provenía realmente de su Secretario de defensa Donald Rumsfeld. Este confiaba totalmente en que el nuevo plan de guerra “era el tablero de ajedrez en el que ensayaría, desarrollaría, expandiría y modificaría sus ideas sobre la transformación militar”, enfocadas a consolidar una fuerza armada más pequeña, liviana y efectiva.
En este proceso, Rumsfeld tuvo fricciones con Henry H. Shelton, presidente del Estado Mayor Conjunto, en torno a la recepción y disposición de la información de los organismos de inteligencia entre ambas partes, y la disputa por quién debía ser el asesor militar del presidente. Un punto crucial, si se tiene en cuenta que en parte, dicha asesoría, determinó la política exterior estadounidense relacionada con la lucha contra el terrorismo internacional.
Por otra parte, el libro argumenta que el refuerzo al estamento militar, donde estaba implícito una mayor inyección de capital, patentes tecnológicas y poder político en el entramado gubernamental de los Estados Unidos, se sustentó en la confrontación contra el “eje del mal,” teniendo en cuenta que a diferencia de Mahmud Ahmadineyad en Irán, Saddam era un blanco mucho más débil de atacar, sin desmeritar la hipótesis de que representaba una seria amenaza que inevitablemente lo conllevaría a la confrontación directa con EE.UU.
A pesar de que no contaban con una inteligencia terrestre contundente en Irak, producto de la ruptura económica y el nulo diálogo político desde 1991, el vicepresidente Cheney al igual que Rumsfeld aseguró la existencia de armas de destrucción masiva. Los 946 sitios donde la inteligencia indicaba que había plantas de producción o bodegas de las mismas, nunca pudieron ser estudiados debidamente, poniendo en riesgo las fuerzas operativas que desconocían o no tenían una idea razonable de la importancia y prioridad de cada sitio.
Mucho antes de la introducción de las primeras tropas en territorio iraquí, George Tenet, director de la CIA, se había reunido en el año 2000 con el jefe de contraterrorismo Cofer Black para analizar información sobre Ben Laden y al-Qaeda. Tenet insistía en una política contraterrorista y temía un pronto ataque a EE.UU.
, sin saber aún dónde, cuándo y cómo se ejecutarían los ataques. Pese a esto, Tenet fue poco escuchado por Bush y la Secretaria de Estado Condoleezza Rice. En consonancia con lo anterior, la transición del poder después de la caída Saddam, teniendo en cuenta el fracaso de la posguerra de Afganistán, hacia una “democracia”, que incluyera planes de reconstrucción, administración civil y ayuda humanitaria, sumado a la oferta oportuna de alimentos, vivienda y seguridad, fueron asuntos de escasa importancia para personajes como Rumsfeld, a quien poco le interesaba lo que sucedería después de la invasión.
La destrucción de Irak se sumó a los conflictos armados y políticos que se venían dando en el interior del país. No pudo tener una economía próspera, casi toda su infraestructura resultó seriamente afectada, y aumentaron las protestas sociales, revueltas y deseos de derrocamiento. En Europa y el resto del mundo son muchos los que consideran que la guerra en Irak se explica fundamentalmente por el deseo de las compañías norteamericanas de acceder a los yacimientos petrolíferos iraquíes. Esto no implica necesariamente tener que hacer la guerra, más aún cuando no se podía probar que existiera vínculo alguno entre el dictador Saddam Husein y al-Qaeda, aunque ello no se excluyera. Para obtener petróleo, les bastaba a los dirigentes norteamericanos levantar el bloqueo al que tenían sometido a Irak desde 1991. Hussein no pedía otra cosa que vender petróleo.
