El problema más grave que tiene Colombia es la pérdida de credibilidad en la persona del presidente de la República. En el momento más trascendental de la historia reciente, cuando para consolidar la paz se le ha extendido un cheque en blanco al mandatario, cheque que lo habilita para emitir leyes y reformas constitucionales a voluntad, no pueden existir desconfianza, dudas ni reservas sobre el titular de tales poderes.
Santos admitió que su campaña fue penetrada por contribuciones espurias. Luego ha venido un peloteo de culpas entre el círculo de sus íntimos colaboradores, pero nadie asume las consecuencias. El problema es que como lo ha dicho la senadora Sofía Gaviria, por muchos gerentes y consejeros que haya en una organización electoral quien al final debe responder es el candidato.
El país ha comenzado a experimentar una situación de turbulencia similar a la producida por el proceso 8000. Sin embargo, esta turbulencia se desarrolla en una coyuntura más compleja. El proceso de paz demanda un liderazgo inspirador, incuestionable y eso es lo que no está proyectando el mandatario. Una pregunta similar a la formulada en épocas del presidente Samper recorre el país: ¿cómo puede dar cuenta del manejo de los asuntos públicos y de la construcción de la paz, quien no pudo controlar la forma en la cual se financió su campaña?
¿Cómo puede dar cuenta del manejo de los asuntos públicos
y de la construcción de la paz,
quien no pudo controlar la forma en la cual se financió su campaña?
Pero más allá de la sucia mano de Odebrecht metida en la política, las intervenciones del presidente en lo días recientes parecen dirigidas a dañar la confianza en su desempeño. Y es que hasta donde se sabe nunca antes un mandatario había aparecido ante la opinión para invocar absoluciones a exfuncionarios sub júdice; hacer admoniciones a la prensa con respecto a la manera de ejercer su oficio o tomar partido en contra de alguna actividad económica específica.
No sería justo precipitarse a condenar a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por su posible responsabilidad en la inclusión de la transversal Ocaña- Gamarra en la Ruta del Sol. Pero es claro que allí se presentó un conflicto de intereses y eventuales delitos. Si bien es deseable que las exfuncionarias logren probar su inocencia, también resulta necesario para garantía el interés general, que la situación sea examinada de manera imparcial por los organismos judiciales.
En este contexto el presidente trinó: “Que tristeza ver al Centro Democrático matoneando a dos exministras, esas sí impolutas”. Se trata de una expresión improcedente porque en un Estado respetuoso de la separación de poderes corresponde al Ejecutivo abstenerse de cualquier señal o sugerencia que pueda inclinar el criterio de los investigadores y los juzgadores. Menos apropiado fue minimizar las imputaciones para hacerlas aparecer como una agresión surgida de ciegos impulsos politiqueros.
Pero la más desafortunada de las intervenciones presidenciales recientes es la que se produjo en un intercambio público entre el mandatario y el presidente de Nutresa. El asunto es tan inconcebible que muchos de quienes escucharon el audio por primera vez prefirieron descartarlo. Su contenido lucía tan inverosímil que solo podría ser producto de un montaje.
El diálogo versaba sobre las condiciones competitivas de la industria alimenticia en el contexto internacional. Aunque el directivo del sector alimenticio tiene diferencias con los productores de azúcar en razón a los precios de este insumo, prefirió no mencionar el asunto. Sin embargo, sin que nadie pudiera preverlo Juan Manuel Santos trajo a cuento los costos del endulzante.
Cuando se escucha la conversación uno se da cuenta que el presidente en solitario se va metiendo en un pantano verbal, con frases desconcertantes que no pueden dejarse de mencionar. Y es que mientras su interlocutor habla de innovación, productividad y eficiencia para poder consolidarse en el mercado internacional, el mandatario pasa a afirmar que se tiene que revisar el precio del azúcar y agrega: ”lo tenemos que corregir ahora que nombramos al Doctor Luis Fernando Londoño embajador en Argentina, entonces nos va a quedar más fácil bajar el precio del azúcar…”
“Ahora que nombramos al doctor Luis Fernando Londoño
embajador en Argentina, entonces nos va a quedar más fácil
bajar el precio del azúcar…”
Las palabras de Juan Manuel Santos produjeron un terremoto entre los empresarios y la opinión del sur occidente, porque rompieron una regla de oro de la gestión pública. Esta es la neutralidad del gobernante con respecto a los intereses de los distintos sectores de la sociedad.
Las expresiones presidenciales además develaron hasta donde puede llegar la manipulación con la entrega de honores oficiales. A Luis Fernando Londoño, exdirector de Asocaña y hombre de incuestionables merecimientos, no lo habrían nombrado embajador como muchos pensamos por su innegable valía, sino para facilitar el cumplimiento de un soterrado capricho presidencial. Este es el de favorecer una actividad económica en desmedro de otra que genera cientos de miles de empleos y constituyen la base económica y factor de paz en múltiples municipios.
El rollo de Odebrecht quizá no tumbe al Presidente, pero si él quiere consolidarse en el ejercicio del poder y terminar la obra de pacificación prevista, debe darse cuenta que de su boca solo pueden salir palabras que construyan confianza.
