Quienes no tienen Internet están en una gran desventaja económica y social pues no les permite acceder a su derecho fundamental a estar informados, trabajar, estudiar y lograr su bienestar.
La fibra óptica (FO) es un medio físico compuesto por filamentos de hilo de vidrio tan delgado como un pelo del cabello humano. Cada cable puede constar de tan sólo dos hilos o de varios cientos. De ahí depende su costo y calidad para su uso. La información o datos (videos, voz, redes sociales, correos electrónicos, televisión etc.) usan la red de internet y viajan a través de los haces de luz con gran velocidad y calidad. Esta infraestructura es esencial para servicio de Internet de banda ancha.
En el gobierno del presidente Santos, siendo ministro TIC Diego Molano Vega, se estructuró el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, que buscaba “promover la ampliación de la infraestructura de fibra óptica existente en el país, para así llegar a un mayor número de colombianos con mejores servicios, condiciones técnicas y económicas”. Su inversión fue del orden de los 1,2 billones de pesos, de los cuales 415.000 millones los puso el Gobierno.
En el marco de la Licitación Pública No. 002 de 2011, se adjudicó el Proyecto Nacional de Fibra Óptica a UNIÓN TEMPORAL FIBRA ÓPTICA COLOMBIA- AZTECA. En realidad, el proyecto se estructuró para llevar la FO solamente hasta las cabeceras municipales y “llegar a un mayor número de colombianos con mejores servicios, condiciones técnicas y económicas” fue solo un enunciado, pues se dejó sin conectividad digital a 11 millones (22%) de colombianos más vulnerables que habitan en zonas rurales, campesinas y marginadas del país. En 2022 solo el 56.5% de los hogares y el 23.8% (Cifras del DANE) en zonas rurales tienen conectividad a Internet. La velocidad de bajada fue de un pobre 17,6 Mbps. Colombia ocupa el 114° lugar en el ranking mundial de velocidad. Es así que este proyecto deja muchas dudas acerca de que su operación real haya aumentado los niveles de penetración de Internet, tenido impacto en el Ecosistema Digital, en el bienestar la comunidad en general, así como contribución al logro de los objetivos del Plan Vive Digital para la generación de empleo y la disminución de la pobreza.
Para lograr desarrollo social, económico igualitario y competitividad, el presidente Petro ha encomendado a la MinTic Sandra Urrutia impulsar su política para democratizar la conectividad digital y llevar el internet, considerado un servicio público esencial, a los colombianos más vulnerables y a las zonas marginadas del país. En su ejecución debe precaverse cualquier amago de corrupción que soslaye la página negra de MINTIC con el proyecto Centros Poblados, un fallido contrato que buscaba internet de banda ancha en zonas apartadas de Colombia para 14.745 escuelas y colegios por un valor de $2,1 billones y donde aún están embolatados $70.000 millones del Estado y los $500.000 millones de recursos para la paz que se ha denunciado fueron apropiados por una red de corrupción, y ¡todos tan campantes!
Como la infraestructura de fibra óptica (backbone) llega a la puerta 1075 municipios, ahora habrá de verdad extenderla eficiente, económica y con total transparencia a las zonas desconectas. En esta misión de CONECTIVIDAD el país ni el presidente Petro no pueden fracasar. Debemos cimentar un “muro de contención anticorrupción” con una veeduría ciudadana independiente del gobierno, conformada por los gremios del sector, los operadores y proveedores, representante de los usuarios, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, MINTIC y la academia que monitoree y haga seguimiento de las interventorías. No se requiere un contrato por un millón de dólares con un consultor internacional.
Existen muchas alternativas tecnológicas como usar la red pública de radio y televisión pública de RTVC, inicialmente descartada pues la señal es en un solo sentido sin retorno; los espacio del espectro radioeléctrico en blanco de televisión (TVWS); negociar en forma equitativa las obligaciones de los operadores de telefonía celular en las prórrogas de sus contratos o establecer condiciones en las nuevas subastas; negociar acceso a Internet por satélite geoestacionarios (GEO); extender la fibra óptica por la infraestructura de energía eléctrica, etc.
*El autor es abogado experto en regulación de las nuevas transformaciones digitales
