Nadie se muere sin acceso a internet. Sin embargo, la falta de conectividad está condenando a millones de niños y jóvenes a mayores inequidades. Un plan para dotar de internet al campo está en graves problemas debido a que uno de los adjudicatarios, la Unión Temporal Centros Poblados, allegó documentación falsa en el proceso licitatorio… sin que las autoridades competentes se dieran cuenta.
Qué buenos somos para lanzar planes, poner la primera piedra, inaugurar sin terminar. Qué malos para ejecutar las obras en los plazos previstos.
La tragedia y el chasco presidencial de Providencia, anuncios febriles y promesas no cumplidas de construcción y reparación de viviendas y de infraestructura por los daños causados por el huracán IOTA en noviembre del año pasado, es tan solo un hito más en la cadena de decepciones en procesos de inversión pública. Desde luego, no son exclusividad de este gobierno, aunque, hay que decirlo, hace esfuerzos para destacarse. El rosario de hechos, que abarca varios gobiernos, es largo: túnel de la Línea, Hidrohituango, puentes de Chirajara y San Andrés (Santander) y tantos otros del pasado. Una mezcla de ineficiencia y corrupción se conjugan para encarecer y retrasar los proyectos, con costos inconmensurables no solo en dinero sino en la afectación a la calidad de vida de la población.
Nadie se muere si no tiene conexión a internet. Sin embargo, carecer de acceso a la red es una de las claves hacia mayores inequidades, especialmente para los jóvenes. La pandemia ha puesto sobre el tapete las inmensas desigualdades en el acceso y los consecuentes retrasos académicos, probablemente irrecuperables, para millones de niños y jóvenes colombianos que, simplemente, no tuvieron la oportunidad de la virtualidad, ya de por sí problemática.
De ahí que uno de los proyectos más importantes puestos en marcha por el gobierno nacional haya sido el de Centros Digitales para las zonas rurales. Precedido de un notable esfuerzo técnico entre el Departamento Nacional de Planeación y el MnTic, acompañado de un buen diagnóstico y, en apariencia, un buen plan de inversiones, plasmados en el Documento Conpes 4001, el de Centros Digitales parecía un proyecto redentor para los hogares campesinos en materia de conectividad.
Los diagnósticos del 2019 y 2018 del Dane sobre conectividad en Colombia son contundentes. Entre varios indicadores, el más preocupante es el de la proporción de hogares colombianos sin acceso a internet: 47,3 %. El 29 % tenían un computador portátil, el 21 % un PC y 11 % una tableta. Esa es la noticia buena. La mala la da el DNP en el documento aludido: “Durante 2018 sólo el 4,3 % de los hogares rurales contaban con conexión a internet fijo, en comparación con el 50.8% de las zonas urbanas…” (p3).
Nada más acertado, entonces, que la puesta en marcha del proyecto Centros Digitales impulsado por MinTic: ni más ni menos que la instalación de 14.745 centros en 32 departamentos para servir a los habitantes rurales y superar ese “cuello de botella”, fuente de inequidad para nuestros compatriotas que viven en el campo, particularmente los niños y jóvenes. Para ello había que realizar una licitación en el segundo semestre del 2020 que, finalmente, por valor total de $ 2,13 billones, fue adjudicada el 9 de diciembre de 2020 a Comcel y a la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020. Se suponía que la inversión se realizaría entre marzo de 2021 y julio de 2022. El proyecto contempla los recursos para mantener la operación de los centros hasta el año 2031.
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El campanazo lo dio la W radio hace unos días: el nivel de ejecución real se encontraba muy por debajo de lo que correspondía al cronograma de realizaciones (0,9 %)
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El campanazo lo dio la W radio hace unos días: el nivel de ejecución real se encontraba muy por debajo de lo que correspondía al cronograma de realizaciones (0,9 %). Comcel, pese a recibir los anticipos de forma puntual, ha argumentado razones de causa mayor y que, pese a los retrasos, ha instalado ya 700 centros (aunque no cuentan aún con el visto bueno de la interventoría).
En cuanto a la Unión Temporal Centros Poblados, la otra adjudicataria, nos cayó una sorpresa: el pasado 25 de junio el Ministerio de las TIC la denunció por falsedad. Fuera del incumplimiento flagrante, la Unión había dicho que la garantía única de cumplimento había sido expedida por el Banco Itau Corpbanca Colombia S.A. ¡Resultó ser falso!
“No vamos a permitir que los recursos destinados para conectar a los niños y niñas de éste país se los roben inescrupulosos”, dijo la ministra Karen Abudinen, una probada funcionaria pública.
En este país de abogados, de ministerios con sólidas secretarías generales ¿a quién se le pasó el detallito? ¿Han hecho los cálculos de los costos para el país y los niños y jóvenes afectados? ¿Cómo así que se les adjudicó a ladrones más de 1 billón? ¿Qué ocurrió con los anticipos realizados a la Unión?
Grave hecho, de incalculables consecuencias para una población, la rural, que requiere estar conectada.
