Este martes 21 de abril está proyectada una tuiteratón para desde la promoción del hashtag #InternetParaEstudiar llamar la atención de la sociedad y del gobierno sobre la importancia de generar políticas públicas inclusivas que posibiliten el derecho a la educación, en igualdad de oportunidades, a todos los jóvenes universitarios del país, en épocas en que las circunstancias de confinamiento —por la pandemia que afecta al mundo— obligan a los protagonistas del acto educativo a acudir a la virtualidad en el proceso educativo.
Sin embargo, desde acción ética docente los educadores que conformamos el colectivo estamos vivenciando que este propósito loable es también una necesidad para el resto de estudiantes de un país con una conectividad limitada, situación que expresa desigualdad y una brecha digital que mientras no se cierre comporta unos altos niveles de exclusión, inadmisibles en un Estado social de derecho desde una perspectiva relacional y comparativa inherente a todo juicio de igualdad (como diría la honorable Corte Constitucional).
Al Estado le corresponde y tiene el deber constitucional de garantizar la continuidad del servicio y derecho a la educación pero no de cualquier forma. Es inadmisible que evada y descargue tal responsabilidad sobre los maestros, como cuando insinúa que a estos debe recargárseles el trabajo planeando clases para tres tipos de estudiantes —los sin conectividad (1); los de conectividad limitada (2) y los de conectividad ilimitada (3)—, en un grosero trato abusivo desde el punto de vista laboral y discriminatorio desde su concepción.
Tampoco la opción puede ser el retorno a las aulas sin garantías a la salud y la vida, las que no estarán dadas para docentes, estudiantes y sus grupos familiares hasta tanto no exista una vacuna o un tratamiento efectivo para el COVID-19. La única opción, por lo pronto, es educación virtual con garantías para todos, lo que pasa por inversión en las escuelas, formación para los docentes y, por qué no, decretar el 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación, mientras se hace lo políticamente necesario para hacer del internet un servicio público esencial con características de derecho fundamental del que el Estado garantice el acceso a un mínimo vital para nuestros estudiantes.
Sin embargo, esta propuesta encuentra, al igual que la de exonerar a los usuarios de servicios públicos de pagos en épocas de pandemia, un mismo inconveniente: Los prestadores del servicio son, salvo contadas excepciones, empresas privadas. La solución tanto para lo uno como para lo otro es una misma. Aplicar a las empresas privadas que usan y usufructúan con grandes utilidades el subsuelo, un impuesto con destino exclusivo a la conectividad gratuita y a la provisión de herramientas tecnológicas a los estudiantes y de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 de un rango mínimo de consumo en agua, energía, gas y telefonía. Con voluntad política es factible hacerlo. El artículo 332 constitucional lo hace factible en su aparte introductorio: “El Estado es propietario del subsuelo”.
En desarrollo de nuestra propuesta hay que decir que si hoy la mayoría de empresas de servicios públicos de naturaleza no estatal hacen uso y se benefician económicamente del subsuelo, en el que entierran desde postes hasta ductos de conducción de agua potable y servida así como de cableado, no se justifica que no tributen o paguen por el beneficio que vienen recibiendo de manera periódica y gratuita, como sí lo hacen por ejemplo quienes hacen uso del espectro electromagnético (artículo 75 constitucional).
Con nuestras propuestas para viabilizar y financiar el internet para estudiar (como la de decretar al 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación e incluso, y mientras ello se concreta, hacer el tránsito de toda la educación en el país hacia calendario B, inicio del año escolar durante el segundo semestre), queremos responder al maestro Julián de Zubiría cuando el pasado 12 de abril nos expresaba: "Quiero profundizar en la consigna de internet gratuito para estudiantes universitarios. La educación no puede parar. Tampoco el debate pedagógico".
