Una vez más soy víctima de interceptaciones ilegales por parte del Estado colombiano con el único propósito de perjudicar mi buen nombre y honra, al tratar de involucrarme en actividades ilícitas, cuando mi accionar siempre ha estado enmarcado en la ley, como ya se ha demostrado en otras oportunidades. Este acoso sistemático y constante fomentado en mi contra debido a mis convicciones políticas e ideológicas es injustificable e inadmisible, no solo porque vulnera mis derechos ciudadanos, sino porque también ha puesto en riesgo mi vida y la de mi familia.
La trama actual, demuestra cómo la Fiscalía General de la Nación ha relegado su función y su actuar al servicio de unos intereses particulares siniestros, que la han usado para beneficiar a sectores políticos y económicos determinados, como lo sugieren los prolegómenos de este nuevo escándalo que involucra al antiguo fiscal general. El entramado que se esboza en las denuncias de un autor anónimo dan cuenta de cómo se usaron recursos del Estado para interceptar de forma arbitraria e ilegal a quienes estábamos trabajando en llevar a feliz término las complejas negociaciones entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. De acuerdo al documento de la denuncia, por lo menos dos salas dedicadas a interceptaciones fueron usadas para realizar este tipo de operaciones de manera irregular, esto es, sin que su actuación estuviera avalada por una orden expedida por un juez de la República.
Hasta el momento, lo que se ha revelado es que los involucrados usaron un caso de homicidio, que, entre otras cosas, continua sin resolverse, para dentro de ese expediente autorizar unos seguimientos usando la tecnología disponible para tal fin. Sin embargo, esas interceptaciones nada tenían que ver con ese caso, su objetivo era bien distinto, controlar a personas cuyo trabajo interesaba a quien en ese momento era la cabeza visible del organismo en cuestión.
En mi caso particular, según lo informado por los medios, la finalidad de la operación, se concentró en hackear mi dispositivo móvil, algunas aplicaciones como WhatsApp, entre otras, con el propósito de, por una parte, tener acceso a información relacionada con mi función en los diálogos de paz en La Habana, proceso del que fui parte por mi experiencia en negociación de conflictos y por mi trabajo en Derechos Humanos, el cual es reconocido nacional como internacionalmente. Mi trayectoria en este campo ha sido siempre legal y transparente, a pesar de lo cual he tenido que soportar innumerables contratiempos y afectaciones a mi seguridad, a mi buen nombre, a mi carrera política, así como a mi vida familiar y personal. Por otra parte, la interceptación buscaba vincularme con el clan delincuencial Úsuga, cuyos líderes mostraron en su momento la intención de someterse a un proceso de desarme aprovechando el marco de los diálogos de paz. Estos contactos no llegaron a concretarse, sin embargo, iban a ser usados con el fin de crear un montaje cuya finalidad no era otra que desprestigiar mi nombre y trabajo, así como la mesa de diálogo, la cual, para nadie es un secreto tuvo y tiene poderosos enemigos, para quienes la paz del país no resulta conveniente para sus agendas.
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La información conocida es grave porque socava la confianza en la Fiscalía e indica una campaña por vulnerar los derechos humanos y jurídicos de los afectados
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El panorama que presenta la información conocida hasta el momento, resulta grave porque socava la confianza en el trabajo de la Fiscalía, indica una deliberada campaña por vulnerar los derechos humanos y jurídicos de quienes nos hemos visto afectados, da cuenta del uso de recursos públicos, que la ciudadanía costea, para conspirar contra personas que de alguna manera u otra resultan incomodas para determinados intereses particulares.
En vista de lo anterior, he instruido a mis abogados a revisar los acontecimientos para tomar las medidas legales necesarias, para una vez más defender mis derechos y exigir que quienes estén involucrados en esta vileza asuman la responsabilidad de sus acciones de acuerdo a la ley.
