El presidente Gustavo Petro ha anunciado su decisión de utilizar la Inteligencia del Estado para luchar contra la corrupción, medida probablemente adoptada sobre la base de la eficiencia y los éxitos acumulados por los servicios de inteligencia del país en las últimas décadas, y frente al compromiso adquirido en su programa de gobierno de atacar estructuralmente este grave fenómeno. La inteligencia son los sentidos de la nación, su reserva moral, ha sido el sostén en la sombra de la democracia, y claro, sobradas razones habría para asignarle tan sensible y complejo desafío.
Inteligencia y lucha contra la corrupción, son dos neurálgicas actividades que cuando se abordan desde el Ejecutivo conllevan complejas implicaciones, desde dividendos políticos, hasta suspicacias y frustraciones; en el pasado, en nuestro país, ambas tareas, se han asociado con y sin razón, a estrategias de persecución a los oponentes, manipulación de intereses con beneficio propio, transacciones jurídicas, políticas y económicas para conjurar perjuicios, y la existencia de ruedas sueltas en diferentes niveles de la jerarquía, así como la venta de información a investigadores privados, abogados y a grupos ilegales. Es innegable.
Algunos analistas interpretan la posición del primer mandatario como una medida revanchista para minimizar sistemáticamente la inteligencia, y como estratagema para cambiar diametralmente el enfoque de las agencias de inteligencia hacia objetivos distintos a los hasta ahora perseguidos durante décadas, todos ellos absolutamente legítimos, inherentes a su doctrina y naturaleza, y alineados con el ordenamiento global de la seguridad, como fueron la prevención y lucha frontal contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, por un lado; y desde el punto de vista de la Contrainteligencia de Estado, la observancia activa sobre países considerados hostiles a la seguridad nacional. Y aquí es oportuno recordar, que en Colombia existe el Plan Anual de Inteligencia, que aprueba el Consejo Superior de Seguridad y Defensa cada año, convirtiéndose en mandato de obligatorio cumplimiento para el logro de objetivos específicos y priorizados, que señalan el marco sobre el cual deben actuar las agencias de inteligencia en el siguiente período.
En Colombia la inteligencia alcanzó su mayor grado de madurez, luego de la creación de la Ley Nacional de Inteligencia, 1621 de 2013, elaborada por expertos en la materia, estudiada rigurosamente por el Congreso de la República y logrando por primera vez en la historia del país y después de muchos años de ires y venires, regular apropiadamente las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia de Estado; le antecedió a esta norma, en 2011, el cierre del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y el nacimiento mediante Decreto 4179 del mismo año de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Al mismo tiempo se reorganizó la Junta de Inteligencia Conjunta, JIC, como máxima instancia de integración, coordinación y definición de objetivos estratégicos, tácticos y operacionales de la Inteligencia Nacional. También existe la Inteligencia Criminal, aquella de origen anglosajón, considerada función esencial de la Investigación Criminal, y en nuestro caso, propia de la Dijín y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, fundamental además en las investigaciones contra la corrupción.
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Atacar la corrupción en Colombia, no ha pasado de ser el trampolín político y caballo de batalla con marcado oportunismo de los partidos políticos del país
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Atacar la corrupción en Colombia, no ha pasado de ser el trampolín político y caballo de batalla con marcado oportunismo de los partidos políticos del país, sin avances categóricos desde el Legislativo, tampoco desde el Ejecutivo, que ha intentado iniciativas infructuosas, reducidas todas ellas a una Secretaría de Transparencia, sin dientes, encargada de coordinar la Comisión Nacional de Moralización, caracterizada por su inoperancia, y destinada más, a ser una gestora y tramitadora de informaciones que llegan anónimamente al palacio presidencial. La administración anterior por ejemplo, sacó esta función de la Presidencia y la asignó a la Vicepresidencia de la República, y cuando se pretendió darle la máxima importancia al tema para abrir paso a una comisión del más alto nivel del Estado contra la corrupción, no tuvo el eco esperado y la propuesta fracasó. Esta oficina, la de Transparencia, junto a la Alta Consejería para la Seguridad Nacional, han sido las cenicientas de Palacio y se mueven al ritmo y con el enfoque que les asigne el gobernante de turno, su influencia estratégica es casi nula, no han logrado encontrar el nivel que les corresponde, y suelen utilizarse más para complacer intereses partidistas de turno.
La Inteligencia, por su naturaleza y con la reserva que le demanda, tradicionalmente ha contribuido en investigaciones contra la corrupción, no solo desde el análisis estratégico y prospectivo, sino también como consecuencia de las operaciones de recolección de información técnica y humana, que a veces terminan identificando conductas corruptas de empleados y empresas públicas y privadas; informaciones que de conformidad con el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia, se convierten en noticia criminal. De otro lado, los tribunales de justicia y los organismos de control se apoyan excepcionalmente en los servicios de inteligencia para el desarrollo de diligencias en procesos contra la corrupción, particularmente aquellos que revisten especial connotación para las finanzas de la nación o que comprometen a altos funcionarios del Estado. En estos casos se articulan equipos de investigadores y agentes de inteligencia altamente confiables y experimentados que garantizan resultados exitosos.
Para intervenir la corrupción presente y crónica desde el Ejecutivo y en las diferentes instituciones del Estado, no es necesario desnaturalizar los servicios de inteligencia, tampoco saturarlos de investigaciones, y menos distraerlos del rol que les corresponde en asuntos de seguridad ciudadana, combate al crimen organizado y contrainteligencia de estado. Se requiere cambiar de enfoque, dando origen a una nueva institucionalidad, autónoma, del más alto nivel, una especie de Zar Anticorrupción, que articule procesos preventivos e investigativos, de apoyo a las autoridades judiciales y a los órganos de control, que disponga de todos los recursos y competencias necesarias, el apoyo del sector privado, la colaboración de la ciudadanía, con especialistas cuya honestidad esté comprobada, expertos en inteligencia artificial, inteligencia financiera, análisis de riesgo, contratación pública y privada e investigación criminal.
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2004) cataloga este fenómeno como “una plaga insidiosa que tiene consecuencias corrosivas para la sociedad”; y asignar a la Inteligencia del Estado la tarea de acabar con esa plaga, no solo la coloca en alto riesgo político, la pondría ad portas de su desaparición. Cada loro en su estaca!.
LPNSN: el ELN ha dicho que un acuerdo de paz con ellos debe pasar por Venezuela. ¿La Paz Total nos llevará a entregar nuestros principios y soberanía al régimen vecino?
