Hay urgencia de cambiar este país. Fue lo que se estableció en democracia y exige el respaldo de todos los sectores y actores políticos y sociales. La máxima de la democracia de Lincoln anunciaba que “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Además, promovía que la minoría que lo controlaba todo, incluido el hecho de colocar a su merced a la mayoría, está llamada a ceder el paso y sumarse a las transformaciones esperadas para superar las necesidades de bienestar y convivencia más apremiantes de todo ser humano.
Cambios urgentes fueron el resultado del consenso político y social que le entregó el mandato al gobierno del Pacto Histórico a través del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Políticamente, las mayorías ratificaron con su voto al jefe de gobierno, mandatando la necesidad de cambiar las formas y estructuras de poder del Estado y los procedimientos y dinámicas de la realidad nacional. Lo anterior con ajustes en las instituciones y la organización de la convivencia, que con el modelo neoliberal degeneró en guerra brutal y una la organización disfuncional en función del mercado que impone, limita y arrastra la vida hacia sus madrigueras.
Cerca de doce millones de personas le dijeron sí los cambios. Esa fue la conclusión en democracia por consenso entre la diversidad y pluralidad de personas individualmente motivadas por otro país posible, grupos y partidos políticos que oscilaron del centro hacia la izquierda, movimientos sociales de centenarias resistencias como los pueblos indígenas y afros, grupos de víctimas con alta significación y en reconocimiento a la tragedia soportada a causa de una sociedad enferma por la política de muerte incubada por el poder y el capital y otros tantos movimientos emergentes de jóvenes, diversidades, mujeres, ambientalistas, feministas, estudiantes, campesinos.
Hay urgencia de cambiar este país. En ese propósito a la población al gobierno lo une la idea, promesa y necesidad de vivir con dignidad y su capacidad y potencia de cambio no puede caer en las trampas del poder tradicional que quiere impedirlo amarrado y aferrado a tradiciones de un orden solo posible sí ellos lo trazan y conducen. La democracia debe presentarse desnuda, sin corazas para convencer con propuestas abiertas y decisiones de consenso. Así lo denota la convocatoria a llevar a las calles las discusiones sobre las reformas en curso, porque en su naturaleza tienen un origen político, no técnico, ni jurídico, ni pueden caer en la maraña dilatoria de los expertos o los interesados en particular.
La puesta a exposición y consideración publica de las propuestas de reformas sustanciales por parte del gobierno tienen una visión de derechos humanos y unos principios de destitución de la desigualdad. La vía contraria tiene justamente la negación de la dignidad y existencia de la desigualdad como base de unidad de los sectores tradicionales formado por quienes se sienten afuera del poder y se agrupan en el No en el plebiscito por la paz, que sigue en el centro de su doctrina. Ellos, “la gente de bien”, también reclaman urgencia para impedir que los cambios ocurran y desde todas las formas de lucha promueven que el poder regrese a su control total. Su no de negación es el conector que los une. Está en la base de la negación de su responsabilidad en el bárbaro conflicto padecido, de la paz total, de las reformas de todo orden, de las iniciativas crear voluntad política para despolarizar y sumar esfuerzos colectivos por el país en paz que todos quieren adentro de su corazón y verlo afuera realizado en la convivencia social y en sus relaciones con las instituciones y el estado.
La urgencia de los cambios convoca a conocer, tratar y apoyar las reformas. La urgencia del no parece convocar desde múltiples lugares (reservistas, congresistas en oposición, uribistas, taxistas, camioneros, antipetristas, entre otros) a la desobediencia civil, a la insurrección, al levantamiento e inclusive a la violencia directa e inmediata. El congresista Polo Polo del Centro Democrático, hábil en la procacidad, parece llamar a una insurrección, que por investidura sería un delito de traición. En similar situación podrían estar algunos grupos de reservistas, que, siendo civiles en épocas de paz, están sujetos al mando de generales como Zapateiro, Mora Rangel y otros que en la campaña presidencial anunciaron que no permitirían “la amenaza de destrucción del sistema democrático como impunemente pregona el candidato de la extrema radical”. Aun así, una mayoría de 51 organizaciones de reservistas apoyaron y están con el presidente.
A este eco parecen sumar “casualmente” las voces apocalípticas y de intimidación de los responsables de dirigir las instituciones del control y la justicia como la fiscalía general de la nación, la procuraduría general y la defensoría del pueblo, que como uno solo influyen percepciones contrarias a los cambios. El fiscal en alusiones a la reforma carcelaria decía es “repugnante”, el defensor llamaba a hablar con las EPS, la procuradora suspendía al descubridor del origen de la corrupción en la SAE y juntos ponían a las puertas de la suspensión y la cárcel al gobernador de la Magdalena, mientras Uribe en persona marcha contra el alcalde de Medellín al grito de "no más corruptos ni ladrones", coincidiendo en señalar que la democracia está en riesgo y su status quo en peligro.
Los cambios son urgentes. El llamado en democracia es a mantener la esperanza y la disposición de lucha para reclamar la paz como derecho y valor humano; la justicia como principio de convivencia; y las posibilidades reales para vivir con dignidad. Está en juego el cambio ante la tradición. Es urgente sobreponerse y contrarrestar la adversidad en los procesos de reformas causados por los intentos de dilación en los escritorios y de colocación de obstáculos en los territorios. El sentido común de las mayorías excluidas y marginadas del poder indica que el riesgo de cambio en el statu quo no es para la democracia, sino para la minoría que controlaba el poder y hoy se siente excluida.
