Tras un 2021 sangriento, cuando, según Indepaz, hubo 96 masacres y fueron asesinados 171 líderes sociales y 48 firmantes del Acuerdo de Paz, además de que la Policía colombiana fue señalada por la ONU como responsable de al menos 28 muertes de las 46 reportadas durante las protestas ciudadanas entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en las que también murieron dos policías, hoy se presenta en Colombia un panorama electoral nada alentador.
Según Indepaz, en lo corrido del año 2022 han sido asesinados 24 líderes sociales y defensores de DDHH (seis en el Cauca), y se han ejecutado 19 masacres (cuatro en el Cauca), con un saldo de 82 víctimas mortales.
Es más, la nación está empantanada en medio de atentados terroristas: en estos primeros días del año se han registrado 17 atentados con un saldo de 95 personas heridas y seis muertes; hostigamientos a las estaciones de policía, incremento de la polarización política, desinformación, presiones que intentan limitar el libre ejercicio del periodismo, todo, para tratar de incidir en los resultados del proceso electoral de los próximos meses.
Es en estas circunstancias, cuando los ciudadanos reclaman y exigen información oportuna, confiable, y sobre todo, claridad y seguridad a la hora de ejercer su derecho al voto. Demandan un periodismo eficiente, transparente y con acceso acertado a información pública no manipulada.
Por otra parte, los informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) según los cuales los riesgos electorales se concentran en 23 de los 32 departamentos, y en 5 subregiones, entre ellas el andén del Pacífico y el departamento del Cauca, y Santander de Quilichao, donde hay “riesgo extremo indicativo de fraude electoral”, las comunidades exigen que el flujo de información que suministran los periodistas a través de sus medios de comunicación sea eficaz, porque evidentemente existen intereses electorales, que algunos consideran de vida o muerte, por lo cual buscan influir en forma determinante, con información sesgada, sobre el actual proceso.
La gente sabe que el derecho a la información es un derecho humano, un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática, componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Además, es un derecho multiplicador de otros derechos, ya que es necesario para poder ejercer plenamente nuestros derechos.
Paradójicamente, lo primero que trata de afectar el gobierno, es ése derecho cívico a la información y, en estas temporadas de coyuntura electoral, intenta coartar las estrategias del periodismo local y regional, porque bien sabe que sólo los grandes medios de comunicación capitalinos son sus aliados incondicionales, donde se publica la información que “debe” leer la gente, más en la época electoral que es cuando, de manera simultánea, se utilizan las redes sociales para la manipulación y la interferencia en las decisiones de voto de las comunidades.
En épocas de elecciones, el uso táctico y desmedido de las noticias falsas o fake news impacta en el común de las gentes, siendo cada vez más difícil distinguir entre la información veraz y la que no lo es, comprometiéndose el derecho a ser informado con veracidad. La alternativa es el periodismo serio, creíble y socialmente responsable.
Pero, debemos afrontar la obstrucción al cubrimiento periodístico, porque hace parte de las estrategias del poder instalado, para influir en las decisiones electorales. Una de ellas es amarrar a esos periodistas incómodos nombrándolos jurados de votación. Con un solo disparo se matan dos pájaros, porque además, se elimina a nivel local el control y la crítica sobre el proceso electoral y las personas que participan en él.
Es obvio que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en las elecciones, igual, todos sabemos que el hecho de ser periodistas no nos exime de ser jurados, cargos que son de forzosa aceptación para todos los ciudadanos, según las normas legales. Lo que ocurre es que, para escoger a los jurados, la Registraduría generalmente realizaba un sorteo electrónico en forma aleatoria para brindarle transparencia al proceso electoral, ahora no se hace así.
Entonces, es muy sencillo deducir la necesidad que tienen de silenciar estas elecciones. Sin insinuar la violación de ninguna norma legal, algunos periodistas que fueron nombrados jurados solicitaron permuta por jurados remanentes (aquellos ciudadanos que son seleccionados para sustituir a las personas que por motivo de fuerza mayor no puedan prestar este servicio el día de la elección), teniendo en cuenta que para la votación del próximo 13 de marzo fueron seleccionados 727.823 jurados de votación y 77.164 remanentes. Fue imposible que entendieran: ¡No hay cambios, y punto! Pensándolo bien, precisamente porque sí entendieron, nada aceptaron. Demostró la Registraduría que existe interés evidente en la obstrucción del trabajo periodístico regional.
Se deduce en consecuencia, que para el actual gobierno es relevante silenciar el ejercicio periodístico, a los veedores naturales del proceso electoral, y supone, mal, claro, que va a quebrantar la limpieza del voto y la efectividad del sufragio. Ante el supuesto bloqueo oficial, les toca a los medios de comunicación locales diseñar nuevas estrategias para informar oportunamente sobre la perturbación del certamen democrático, el constreñimiento, el fraude, la corrupción al sufragante, el voto fraudulento y su favorecimiento, alteraciones de resultados electorales, las afectaciones al orden público, y garantizar el acceso a los hechos noticiosos del día de las votaciones con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a información plural y oportuna. Es nuestra obligación.
