En el año 2016 terminamos de pagar la deuda que se tenía de tiempo atrás con la Universidad de Cundinamarca, impuesta por vía judicial. En el 2017 la universidad deja de recibir ese ingreso viéndose afectada, toda vez que la suma venía financiando los procesos de acreditación y de calidad.
Estos procesos que redundan en beneficio de nuestros estudiantes; por ello, hemos citado de manera extraordinaria al Consejo Superior de la universidad el próximo lunes 20 de febrero, con el fin adoptar las medidas que garanticen que el alma máter cuente con los recursos necesarios para elevar la calidad y su posición en el ranking de instituciones públicas del nivel nacional.
De otra parte, Rey Ángel identificado con las necesidades de los estudiantes, reconoce la urgencia de apoyo por parte del Estado a las instituciones de educación superior. "Soy egresado de la universidad pública, he vivido de cerca las afugias de ser su estudiante. Desde allí defendí y luché por la autonomía universitaria y el apoyo presupuestal que tiene como obligación el Estado para garantizar la educación superior de la población más vulnerable".
Es importante anotar que la Gobernación de Cundinamarca, durante las vigencias 2016 y 2017, suscribió cinco convenios por más de $3.500 millones para el desarrollo de diferentes actividades educativas y técnicas, recursos que aseguran también el ingreso a la universidad de manera gratuita para miles de cundinamarqueses.
Seguiremos, sin cansancio, apoyando la formación universitaria, sobre todo, aquella que se brinda desde el sector público; por ello, insinuar que tengamos interés de privatizar o no apoyar nuestra universidad es una maquinación burda y de mal gusto.
En la universidad de Cundinamarca, se recibe tan solo 1 millón 300 mil pesos por cada estudiante, cuando el valor de transferencia de la Nación a las universidades públicas es en promedio tres veces superior.