Hay desconcierto e incertidumbre sobre las decisiones de los jueces de garantías, que ante hechos delictivos graves, favorecen al delincuente, concediéndole libertad e incentivando la impunidad, generalizada en Colombia. Los jueces, en tales casos, se escudan en el ordenamiento legal, generalmente desconociendo derechos legales y naturales de los ciudadanos.
El análisis y decisiones sobre tales circunstancias, le corresponden a la autoridad. Por lo que acontece en Colombia, sobre inseguridad ciudadana, hace pensar que las autoridades correspondientes, no dimensionan la gravedad del problema, ni las inconsistencias e incoherencias del ordenamiento legal, para responder a la protección de la vida y honra de los ciudadanos.
La percepción y realidad de la inseguridad ciudadana, ha alcanzado niveles dramáticos en todo el país, crece a pesar de que las cifras oficiales muestren una supuesta reducción.
Las medidas de prevención y control que ensayan las autoridades no producen resultados aceptables, pues son inadecuadas, laxas y contradictorias frente a la gravedad del problema.
La responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en todas las instituciones públicas y la sociedad misma, pero particularmente en las instituidas por un mandato constitucional, para asegurar y garantizar seguridad y el orden interno de la nación.
El Gobierno debe diseñar y estructurar los instrumentos y procedimientos legales que produzcan resultados concretos sobre la seguridad ciudadana.
Es vergonzoso, ridículo y absolutamente irresponsable, que la delincuencia organizada, esté dirigida desde los centros de reclusión. Los jefes encarcelados, disponen de los recursos tecnológicos para manejar las organizaciones criminales. El gobierno conoce el hecho. Se comprometió a bloquear las comunicaciones, desde los centros carcelarios. No ha cumplido. Se conoce que más del 40% de las extorsiones, son hechas desde las cárceles. Y al mimo tiempo se sabe que de los 135 centros carcelarios y penitenciarios, solo dos disponen de sistemas de bloqueo de las comunicaciones y que solo en un centro funciona. Aberrante. El presidente Petro debería ser consciente de tales hechos y debería tomar las decisiones necesarias para erradicar todas las fallas y la corrupción que rige la tolerancia del crimen organizado.
Las normas legales sobre detención, flagrancia, judicialización, legalización de captura y detención preventiva en un establecimiento carcelario deben corresponder a la gravedad y complejidad del problema. Las normas existentes muestran que son deficientes, laxas, permisivas y deben reestructurarse. La solución de semejante caos institucional, de ninguna manera debe dejarla al arbitrio del iluso ministro de Justicia. Se equivocó en ese sujeto.
Hay un problema en la interpretación y alcances de la legalidad, de parte de los jueces de garantías y el soporte de la acusación, que favorece al delincuente y desestimula la labor policial.
El maleante retenido por la policía queda libre por decisión del juez. Esto deja una sensación de laxitud, irresponsabilidad jurídica o favoritismo, mientras que el policía honesto expone su pellejo y saborea la frustración.
La inseguridad generalizada que padecen los colombianos no es asunto de generación espontánea. Obedece a causas concretas. Algunas son fácilmente identificables y corregibles, otras, en cambio, exigen un análisis imparcial y un reconocimiento honesto, de causas estructurales de la institucionalidad.
Se sabe que hay más de 1,6 millones de armas de fuego con salvoconducto en manos de civiles, y que por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales, con promedio de una por cada 6 habitantes, sin el control efectivo del Gobierno.
Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y la transparencia de la justicia señalan de manera reiterada el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97%. Colombia está ubicada entre las 6 naciones con mayor criminalidad e inseguridad en el planeta, mientras sostiene, respecto al PIB, el gasto militar más alto en el continente.
Para responder a la inseguridad, se sabe que algunos ciudadanos están adquiriendo armas de defensa personal, de fácil adquisición en el mercado libre y a un bajo costo y que supuestamente no son letales. Nadie puede garantizar que esa opción de defensa resulte efectiva. Puede resultar más grave la supuesta solución que el problema existente.
Lo indicado es que los miembros de las instituciones creadas para garantizar la seguridad ciudadana sean los únicos autorizados para portar armas durante el periodo de servicio y responder por la seguridad de los ciudadanos.
Ante los niveles de inseguridad y la diversidad de amenazas a las que recurren, las organizaciones delictivas y delincuente comunes, el Gobierno debe prohibir, en todo el territorio nacional, el porte y uso de armas de fuego, armas blancas y cortopunzantes a todos los civiles en el territorio nacional y mediante la estructuración y aplicación de recursos legales, establecer sanciones de privación de la libertad en centro carcelario, por desacato a la prohibición del porte de arma.
Dicha detención, en ningún caso debe ser inferior a dos años, si el detenido no tiene antecedentes delictivos y si los tiene, debe ser procesado y sentenciado a la pena adicional que determine la ley. El gobierno tiene del deber ético, moral y legal de responder por la seguridad de los colombianos.
Por orden institucional, patrullas Policiales, del Ejército y la Armada, deben practicar requisas rutinarias a lo largo y ancho del país, las 24 horas de los 365 días del año y todo ciudadano honesto debería colaborar efectivamente con esas decisiones, denunciado a los infractores.
Las acciones contra la inseguridad no deben ser solo represivas. Se debe analizar y reconocer la incidencia de factores socioeconómico y culturales en sectores sociales específicos. El desempleo, el subempleo, la inestabilidad laboral, precariedad salarial, informalidad, pobreza rural y urbana, drogadicción, debilidad institucional proclive al libertinaje y la anarquía, corrupción burocrática-administrativa, etc. Son catalizadores favorables a las organizaciones delincuenciales para generar inseguridad y violencia. Estos problemas requieren un reconocimiento objetivo, que no se debe minimizar, ocultar o soslayar.
Más del 70% de los ciudadanos colombiano, está en condiciones de pobreza, aguda o relativa y no hace parte de los círculos de poder burocrático del estado. Todos, sin excepción, justa y socioeconómicamente, necesitan que el gobierno realice profundas reformas socioeconómicas y tecnológicas, para lograr desarrollo integral nacional. Los objetivos de las reformas planteadas por el actual gobierno, son urgentes y las requiere la nación, pero entre el dicho y el hecho no hay coherencia. El gobierno debe replantear objetivos y explorar condiciones que le garanticen lograrlos. El gobierno debe ser pragmático en la definición y desarrollo de sus programas de desarrollo y debe ser consciente de que la corrupción cooptó, desde hace decenas de años, todos los niveles del poder público. 13-01-2024.
