La inseguridad ciudadana en las calles, claro está, no es un tema solo de hoy, sino todo lo contrario, es un tema de siempre, el cual ha ocasionado crisis constantes por donde quiera que se mire, ya sea en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Tunja, y en general en todo el país. Pero la interrogante aquí frente a esta situación bastante preocupante ante los altos índices en esta materia social es: ¿de quién es la culpa? Al tocar este tema tan sensible que afecta a todos, pero especialmente a las clases menos favorecidas, se puede observar a simple vista que es un problema social de fondo, el cual con la desigualdad y la falta de oportunidades ahonda el problema (lo cual si bien no es excusa para delinquir, sí es un detonante).
Ahora bien, desde todas y cada una de las administraciones nacionales, locales y departamentales, siempre hay un culpable, pero nunca un responsable por hacer cumplir con las normas constitucionales y legales; respecto a esto, siempre la culpa es del alcalde, de los concejales, del Congreso de la República, del presidente de la República, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, entre muchos otros entes estatales. Lo único cierto es que la responsabilidad y a su vez la culpa es compartida; no se puede ser más indolente, egoísta y falto de respeto que se pretendan pasar de mano en mano y de institución en institución este problema.
Todos son responsables y los cambios no empiezan por renovar los uniformes de la policía ni mucho menos por contratar más burocracia, lo cual ahonda la crisis fiscal interna, ello sin contar los innumerables casos de corrupción al desviarse dineros públicos que deberían beneficiar a los más necesitados. Es por eso muy importante que se den cambios profundos y no pañitos de agua tibia. Desde las instituciones como el Congreso de la República se debe fomentar una política no solo de endurecimiento de las penas (lo cual no se debe convertir en populismo punitivo), sino que al momento de la creación de otras leyes, sea el de fortalecer y modernizar todo lo concerniente al poder judicial. No es posible que en pleno siglo XXI se sigan cometiendo delitos tan graves como acceso carnal violento, homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, narcotráfico, porte ilegal de armas, entre otras conductas típicas y muchos de esos casos se queden sin resolver o se envíe a un inocente a la cárcel.
Aunado a lo anterior, si bien la policía cumple con sus funciones en la mayoría de los casos, la Fiscalía se ha venido quedando corta y hay casos que tardan bastantes años en resolverse o sin resolver por falta de material probatorio que debe presentarse ante los directores de los procesos judiciales (jueces de la república); esto, demostrado en los altos índices de comisión de delitos. Por tanto, es fundamental darle muchas más herramientas al aparato judicial, en vez de que se siga despilfarrando el dinero como se ha venido haciendo por mucho tiempo; y no solo eso, sino también buscar soluciones para la reinserción social. No basta con ver cómo se cometen delitos y se envía a la cárcel a un infractor de la ley, sino cómo se reincorpora a la sociedad y no sigue en su actuar delincuencial. Basta ya de tanta indiferencia, aquí la responsabilidad y culpa es de todos, no de unos pocos.
