Junto con el Ejército, la Fiscalía, el Icbf, el Congreso, el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) es otro de los organismos públicos corruptos, entre otros tantos que colecciona el país sin mayores afanes de enderezarlos.
Lo ocurrido el pasado martes con la exsenadora Aída Merlano, condenada a 15 años por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas, no es otra cosa diferente a una de las maniobras corruptas de esta institución.
En la mañana de este miércoles, Óscar Robayo, directivo del Sindicato de Inpec, denunció frente a las cámaras de Citytv a la dirección general del organismo público y al comité de seguridad carcelaria. Robayo asegura que “desde el 19 de mayo cuando Merlano estaba sindicada, este comité ordenó que le bajaran a nivel 2 de seguridad (nivel de confianza), ella estando sindicada estaba en nivel 1 y sus traslados era acompañada de los grupos especiales Inpec, más o menos 10 unidades de guardias y con apoyo de la policía”.
Así mismo, el funcionario señaló que esta vez el traslado de la excongresista estuvo custodiado por una sola guardia que no ingresó con ella a la cita como se debe actuar según los protocolos, así perdiéndola de vista, cosa que le dio la oportunidad de fuga. De igual forma, sugirió complicidad del Centro Médico La Sabana de Bogotá y del médico (odontólogo) que la dejó sola en el consultorio el tiempo suficiente para que Merlano pudiera poner su plan en marcha. Por último, el líder sindical solicitó al gobierno nacional la modificación de cuerpo directivo y del comité de seguridad, que muchas veces son los cómplices directos de este tipo de acciones que deslegitiman y ponen en tela de juicio a la institución
Además, en varias oportunidades se ha conocido en la opinión pública las maniobras oscuras desde las diferentes direcciones del Inpec en temas de corrupción y tráfico de influencias. La corrupción de este organismo de control ha llegado hasta ampliación de celdas a la orden y gustos de los políticos presos como en el caso del excongresista del Valle del Cauca Juan Carlos Martínez, procesado por parapolítica y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Él, gracias a sus influencias, estaba teniendo tratos preferenciales y una ampliación lujosa de su celda, tema que al volverse público desató una polémica que terminó llevando a la directora de entonces Teresa Moya a entregar su renuncia al presidente de turno Álvaro Uribe (1).
Pero eso no es todo. En el 2012 encontraron en la cárcel La Picota dinero y aparatos electrónicos como videojuegos y celulares, artículos no permitidos en la casa fiscal acondicionada para la reclusión de los primos Nule (Miguel Manuel y Guido Nule). Este escándalo le costó el puesto al director del Inpec de ese momento, el general Gustavo Adolfo Ricaurte (2)
Hay que recordar que no es la primera vez que un preso de gran envergadura se fuga, en el 2010 se escaparon dos paramilitares, entre ellos Dúmar de Jesús Guerrero Castillo (alias Carecuchillo, hermano de Pedro Oliveros, alias Cuchillo) y Rahumir Rodríguez Trujillo (alias Tribilín).
En el 2014, el interno Alexander Urrego, recluido en La Picota, protagonizó también una cinematográfica fuga con hombres armados mientras asistía a una cita médica en la EPS Compensar, en el sur de Bogotá.
La fuga de la exsenadora Merlano, quien alegaba problemas mentales y aumento de peso por la depresión, nos terminó demostrando que por más problemas que tengamos del piso no se pasa y que este escándalo es solo un punto suspensivo más en el prontuario del Inpec… otro nido más de corrupción que tiene jodido al país.
(1) Escándalos en serie, una larga condena para el Inpec
(2) Los escándalos que ponen en el ojo del huracán al Inpec
