Desde el pasado mes de diciembre de 2017, la Dian notificó al sector empresarial del Amazonas la prohibición de continuar importando cemento de los países vecinos Brasil, Perú y Ecuador, basados en el Decreto N. 2272 de 1991, en el cual se permite el ingreso del cemento importado únicamente por las aduanas de Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bogotá.
Sin embargo, lo que no tiene en cuenta la DIAN y demás autoridades del orden nacional es que con esta medida se paralizarán a partir del próximo mes de febrero obras tan importantes como la del Aeropuerto Internacional Vasquez Cobo, la terminación de soluciones de vivienda de interés prioritario, el reparcheo de las deterioradas vías de la ciudad y las demás obras civiles públicas y privadas de todo el departamento; más teniendo en cuenta que el 100% del cemento que se emplea en estas obras es importado debido a los menores costos en comparación con el producto de origen nacional, el cual tendría que ser transportado vía aérea o multimodal, encareciendo ostensiblemente el precio de cada bulto de cemento.
Amazonas no figura dentro de los diez departamentos con mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos, de acuerdo a la circular más reciente emitida por la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho; lo cual corrobora el nuevo dinamismo de la región en proyectos turísticos y agroindustriales.
La Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia cuenta con la capacidad humana y tecnológica que le permite realizar los debidos controles en todos los procesos de comercio exterior tal como se vienen desarrollando en aplicación de la Zona de Régimen Aduanero Especial al departamento; luego no comprendemos cómo una norma expedida hace 27 años obstaculice hoy el desarrollo socioeconómico de una región que está comprometida con aportarle al país más desarrollo y cuidado a nuestra más grande reserva forestal.
