Inicia julio con el triste asesinato de cuatro lideres en Córdoba, Caquetá, Huila y Chocó

Inicia julio con el triste asesinato de cuatro lideres en Córdoba, Caquetá, Huila y Chocó

La muerte de Derly Pastrana, Fernando Vela, Luis Carampaima y José Gregorio Luguez es diciente de la situación de seguridad en sus regiones

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julio 09, 2021
Inicia julio con el triste asesinato de cuatro lideres en Córdoba, Caquetá, Huila y Chocó

Entre la coyuntura de la pandemia y el Paro Nacional, la realidad que viven los líderes sociales en las regiones de Colombia no ha dejado de ser muy cruda, sobretodo, por la seguridad en su integridad física. En la primera semana de julio, al menos 3 importantes líderes indígenas, comunitarios y ambientalistas fueron asesinados en los departamentos del Huila, Caquetá y Chocó.

Los procesos que cada uno lideraba y las formas en la que fueron despojados de sus vidas, son muy dicientes de la situación en Derechos Humanos que se vive en dichas regiones. Con sus nombres y apellidos, importantes voces defensoras DDHH en el mundo han hecho un llamado al gobierno de Iván Duque para atender la crítica situación de seguridad que, en el campo, sigue cobrando importantes vidas colombianas.

Estos son sus historias:

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A Derly Pastrana Yara todos a su alrededor la consideraban una líder innata, entregada a su comunidad en el barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva, Huila. Fue atacada por hombres armados y movilizados en moto cuando se disponía a entrar a su casa. Habría recibido 8 disparos.

No era la primera vez que atentaban contra su vida. De hecho, sería el cuarto atentado contra Derly, quien era coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas y de la Consejería para Mujeres. Tenía un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que para al momento de los hechos, ya se habían retirado del lugar.

La AT-036/18 emitida por la defensoría del pueblo alerta de la presencia de facciones disidentes como el GAOR del frente 17 y la guerrilla del ELN, además de bandas locales con gran influencia en la zona.

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El médico y defensor del medioambiente, Fernando Vela, llevaba décadas investigando y escribiendo sobre los conflictos ambientales en la Amazonía, especialmente, sobre la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas por la minería ilegal en su natal Caquetá.

Según las autoridades, el pasado sábado varios hombres en motocicleta le dispararon al ambientalista mientras se transportaba en su camioneta, afirmaron que el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

En 2018, Fernando Vela lideró el proyecto para construir un resguardo de animales víctimas de tráfico ilegal, que a su vez sirviera para la reforestación de la cuenca del río Pescado, en Caquetá. En agosto de 2020, Vela y Romi Kumu interpusieron tres tutelas que buscaban la declaración como sujetos de derecho de los tres ríos más importantes del departamento: Caguán, Pescado y Caquetá.

El asesinato de Vela revive el debate de la aprobación del Acuerdo de Escazú, un instrumento que busca, entre otras cosas, salvaguardar la vida de los líderes ambientales latinoamericanos. A pesar de que el acuerdo entró en vigencia este 22 de abril, 12 de los 24 países firmantes no lo han ratificado, entre ellos Colombia.

Luis Picasio Carampaima era un líder de la comunidad indígena Embera Dobidá del resguardo Catrú, en el Alto Baudó, Chocó. Tenía 40 años. Era uno de los voceros de su comunidad con el exterior. Fue asesinado el pasado jueves 1 de julio en medio de una incursión paramilitar a la comunidad de un grupo armado autodenominado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Según los reportes de las autoridades, Carampaima habría sido decapitado públicamente para generar terror en el territorio, en donde se registraron desplazamientos.

La Defensoría del Pueblo emitió hace casi dos años la alerta temprana 041 de 2019 pidiendo la protección y atención efectiva para las comunidades del resguardo Catrú, Dubasa y Ankosó, que ahora se encuentran en riesgo.

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Carta en la que se denuncia el asesinato de Luis Picasio Carampaima y también de otra persona de nombre “Santiago Isarama Isabare”, el día 18 de junio.

José Gregorio Luguez hacía parte del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de uso ilícito-PNIS, creado tras el proceso de paz en 2016. Era vocero del programa en su vereda llamada La Chica en el municipio de Tierralta, Córdoba, de donde también era miembro de la junta de acción comunal. Fue interceptado y asesinado a tiros el pasado sábado 3 de julio en una zona conocida como Loma Colorada, localizada en el corregimiento de Palmira. Era padre soltero de tres menores de edad, uno de ellos con discapacidad física.

La Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) denunció el hecho con el siguiente comunicado:


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