Mientras el ingeniero Rodolfo Hernández denuncia que un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral cobra hasta 13 millones por no revocar candidaturas, la Secretaría de Transparencia informó en rueda de prensa que 500 candidatos a alcaldías y concejos municipales podrían quedar inhabilitados para las elecciones regionales por firmar contratos públicos desde el 30 de octubre de 2022 a la fecha.
Ambas noticias, aparentemente independientes y casi simultáneas sobre inhabilidades de candidatos, desataron una tormenta política que tiene como actores de esta novela, además del ingeniero Rodolfo Hernández, candidato inhabilitado hasta el momento a la gobernación de Santander y al presidente del Consejo Nacional Electoral, recién posesionado, Alfonso Campo Martínez; al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; a la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano; al secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga y al medio millar de políticos mencionados.
Primer Acto: Rodolfo Hernández
A través de sus redes sociales, el ingeniero Rodolfo Hernández, candidato a la Gobernación de Santander y la Liga de Gobernantes Anticorrupción presentaron la denuncia instaurada ante la Fiscalía contra un supuesto funcionario del CNE que le cobra hasta 13 millones de pesos por no revocar su candidatura.
En su camino a la Gobernación, el CNE decidió revocar su inscripción por tener encima tres sanciones de la Procuraduría que lo inhabilitan por 14 años para ejercer cargos públicos. El candidato instauró tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que la declaró improcedente y con las esperanzas perdidas a dos semanas de las elecciones, hizo sus denuncias.
Informo a la @fiscaliacol las llamadas extorsivas de un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral @Cne_col que pide una suma millonaria a cambio de no realizar la revocatoria de inscripción de candidatura.
— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) October 17, 2023
Este señor se identifica como Camilo Sanchez, dice ser del… pic.twitter.com/TTPbmbZYPV
Segundo Acto: Alfonso Campo Martínez, presidente del CNE
En medio de las maratónicas jornadas para resolver demandas de revocatoria de inscripción de candidatos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo Martínez, le respondió a Rodolfo Hernández con un comunicado mediante el cual afirmó, que en Talento Humano del CNE, no se encontró a ningún funcionario vinculado con el nombre de Camilo Sánchez.
Comunicado de última hora del Consejo Nacional Electoralhttps://t.co/fOhns1JQvu
— CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) October 17, 2023
@alfonsocpom
Maritza Martínez @FabiOlaMar8@luchitavher@ALVAROHPRADA
Cristian Quiroz
Benjamín Ortíz @ingrodolfohdez
¡Consejo Nacional Electoral, más cerca de la gente! #CNEenTerritorio pic.twitter.com/WDuJGUStgV
Tercer Acto: Andrés Idárraga, secretario de Transparencia
Casi al mismo tiempo que se conoció el cruce de mensajes entre el ingeniero Hernández y el CNE, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, informó en rueda de prensa que 526 aspirantes para Concejos municipales y 27 para Alcaldías estarían incursos en causal de inhabilidad por firmar contratos públicos.
Andrés Idárraga afirmó además que los aspirantes a cargos de elección popular están relacionados con 831 contratos públicos que suscribieron por $62.926 millones desde el 30 de octubre de 2022 a la fecha, tiempo que los haría incurrir en inhabilidad según establecen los artículos 37 y 40 de la Ley 617 de 2000.
Entre los aspirantes a Concejos Municipales, los primeros cinco partidos o movimientos políticos que más avalaron candidaturas incursas en inhabilidad suman 146 aspirantes, de las 553 identificadas, con la suscripción de 214 contratos públicos en periodos inhabilitantes, los cuales suman $32.842 millones.
Cuarto Acto: senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde
En el Congreso de la República, la información del Secretario de Transparencia cayó como una patada al hígado y la senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde y miembros de otras colectividades, le pidieron al Gobierno rectificar la información publicada, denunciaron persecución por parte de la Presidencia de la República, pidieron la renuncia del Secretario a quien señalaron de extralimitarse en sus funciones porque según ellos, le corresponde es al Consejo Nacional Electoral resolver las inhabilidades de los candidatos.
Para la senadora Angélica Lozano, el secretario Andrés Idárraga actuó como un policía político y le pidió al ministro del interior, Luis Fernando Velasco, desautorizar el informe que dejaba a muchos candidatos con un manto de dudas.
“Lo que supongo es que van a despedir al funcionario que violó la Constitución, que usurpó funciones, que asumió funciones de Fiscalía, de Procuraduría, del Consejo Electoral, o si no, pues es un simple discurso sin ninguna coherencia. Si sus palabras representan al Gobierno, tenemos que esperar una decisión de expulsión del cargo del funcionario, si sólo se quedó en palabras pues quedaría claro que hay una decisión de acción política, de policía política, de perseguir a los competidores”, dijo la Senadora ante algunos medios.
Quinto Acto: Luis Fernando Velasco, ministro del Interior
Ante el alboroto que se armó, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió al baile, cuestionó el informe del Secretario de Transparencia y fue enfático al afirmar que quien debe definir si un candidato está inhabilitado o no es el Consejo Nacional Electoral.
Velasco consideró que el informe, que tendrá un nuevo desarrollo mañana cuando se conozcan los candidatos que podrían estar inhabilitados para las Gobernaciones según un nuevo informe de la Secretaría de Transparencia, no es pertinente ni prudente porque lo más respetuoso es llevar esas opiniones ante el Consejo Nacional Electoral como corresponde constitucionalmente.
Sexto Acto: Andrés Idárraga, secretario de Transparencia y continuará…
Ante la intervención del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el secretario de Transparencia volvió a salir al ruedo a afirmar que su cargo hace parte de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, que es necesario que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo con los candidatos y que no está pintado en la pared.
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