Tras la profunda crisis en la que se hallaba sumido el país a finales de los años noventa, los alcaldes y gobernadores tenían motivos razonables para no estar en sus despachos: la falta de seguridad para ejercer sus funciones en la cabecera municipal, la ausencia de institucionalidad por la presencia de amenazas que capturaron el poder y los recursos de los gobiernos locales, generaron ingobernabilidad sobre los territorios más vulnerables del país.
Pero luego de casi dos décadas de darse un vuelco a la dinámica del conflicto y cuando las condiciones de seguridad territorial cambiaron sustancialmente, hay que preguntar a las autoridades civiles encargadas de poner orden en los 1123 municipios instalados a lo largo y ancho de la geografía nacional: ¿por qué se observa ausencia de autoridad y desorden? ¿Por qué persiste la ingobernabilidad y los malos gobiernos?
La reciente protesta social es un indicador de que algo no funciona en las regiones; la ausencia de servicios públicos, las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleos dignos, son el denominador común en buena parte del país y pese a que los alcaldes y gobernadores hacen presencia activa sobres sus territorios, que los presupuestos se asignan a las regiones, que existe mayor autonomía territorial, todo parece igual que antes... hay abandono y desidia.
Seguimos observando alcaldes y gobernadores que no debieron elegirse, que ven pasar los días esperando que desde Bogotá les solucionen sus problemas, les hace falta capacidad de gestión para el desarrollo humano de sus ciudadanos, millonarios recursos se dejaron esfumar por la corrupción, falta planeación, existe marcada ausencia de liderazgos, hay falta de control y cuidado sobre los bienes públicos; es decir, estamos frente a serios indicios de ingobernabilidad territorial y malos gobiernos.
La gobernabilidad se define como la “condición social en la cual existe una adecuada relación entre el gobierno y la sociedad civil, lo que permite a un gobierno local, gobernar, porque los ciudadanos respetan a la autoridad establecida y no recurren a métodos violentos o ilegales para influir en las decisiones públicas, pero que permite a los ciudadanos mantener expectativas razonables sobre el comportamiento del gobierno en términos de eficacia de la acción institucional y como respuesta a las demandas sociales”.
Estas reflexiones las hacía recientemente la Universidad Nacional de Colombia, desde un conversatorio liderado por el profesor Alejo Vargas, director de Investigación en Seguridad y Defensa de ese claustro.
En Colombia un gobernante sin capacidades para gobernar, ya sea por la falta de respaldo institucional, de recursos, por la falta de consensos y apoyo a sus políticas, se verá siempre asaltado por un ambiente de ingobernabilidad, que a la postre lo llevarán al fracaso como gobernante.
En varias regiones del país, la gobernabilidad se enfrenta a una sobrecarga de demandas que atraen a la ingobernabilidad por falta de respuesta a los reclamos de las comunidades, y se viene generalizado por la existencia de gobiernos locales ineficaces para instalar o sostener políticas públicas, que transformen sus regiones. Contamos con alcaldías que no responden a los compromisos y a las necesidades de sus territorios, ciudadanos que pierden su fe en las instituciones democráticas y en los dirigentes políticos al no ver cumplidas sus expectativas, lo que resquebraja la obediencia espontánea a las leyes y a las medidas gubernamentales, requisitos indispensables para lograr un adecuado clima de gobernabilidad.
Se entiende que la democracia respeta la lógica de la igualdad política, mientras que la gobernabilidad respeta la lógica del poder, pero estos valores se han deteriorado en las regiones porque los gobiernos locales al distinguir estas diferencias, ceden ante la posibilidad de dar gusto a los fines de la gobernabilidad y la democracia, para lograr adecuados márgenes de maniobra, y al final caen en la trampa, porque al conformar sus equipos de gobierno, los funcionarios que se nombran, a menudo anteponen sus intereses personales y clientelistas, sobre el bien común.
Para salvar estas contradicciones sería necesario que “la gobernabilidad surja de un proceso permanente de concertación entre actores estratégicos políticos y sociales en las regiones, a partir de unos pactos o acuerdos entre los mismos y renegociados de forma periódica y transparente”.
Quiere decir esto, que desde el nivel central, la fortaleza del Congreso no debe buscarse en la magnitud de los intereses particulares y su habilidad corporativa para defenderlos, que se deshipoteque el control Legislativo sobre el Ejecutivo y de la capacidad de cada gobierno para satisfacer los apetitos particulares de los legisladores; y que en las regiones, alcaldes y gobernadores no requieran para la aprobación de sus planes de gobierno ofrecer prebendas, puestos, licitaciones, contratos, y que desmonten definitivamente las toldas del mercado burocrático, presupuestal y electoral.
De esta forma comenzaríamos a percibir transparentes y amplios márgenes de gobernabilidad, así como, muy buenos gobiernos.
