Las reacciones ante los informes presentados tras las investigaciones no judiciales, independientes y de expertos por los asesinatos del 9S en Bogotá y del paro en el país, dicen mucho: el desprecio de los gobernantes por la vida de los ciudadanos, el respaldo a acciones de la fuerza pública que deben corregirse y el esfuerzo por garantizar su impunidad. Detrás del rechazo a las verdades de los informes de la relatoría y de la ONU, subyace una defensa de la ilegítima licencia para matar que defienden los dirigentes del uribismo y que se mantiene vigente en la doctrina de seguridad del país.
Antes de analizar los informes, reparar en los hechos y confirmar que la fuerza pública dejó de actuar para proteger a los civiles, las autoridades se preocupan por descalificar los informes, desprestigiar a sus autores y sembrar dudas sobre sus intenciones. En vez de responder con argumentos, datos y evidencias técnicas -en los que si abundan los informes- para buscar los ajustes que impidan la repetición paro tras paro de tantas muertes arbitrarias, el gobierno cree que su responsabilidad consiste en descalificar, en proteger las actuaciones de la fuerza pública, en justificar los hechos en la conducta de las víctimas.
El negacionismo oficial impide hacer los ajustes necesarios. Desde la forma como se organizan las protestas de manera que se prevengan y minimicen los desmanes, incluyendo voceros responsables de ambas partes para que se mantenga un diálogo permanente que dificulte la infiltración de provocadores o facilite su aislamiento. También impide impulsar las reformas que se requieren en la formación y el tratamiento de la policía frente a las protestas ciudadanas que siguen enmarcadas en las tesis que ven en el ciudadano a un enemigo y no a un indignado.
Pueden ser jóvenes enardecidos que tiran piedras o botellas incendiarias, sin duda agresivos, pero algo falla cuando la forma que usan las autoridades para contener esta rabia es disparando. Lo hacen como lo hacían los policías cercados en sus estaciones cuando las Farc se tomaban los poblados. Para defender sus vidas combatían hasta el final. Pero no es el caso de las protestas urbanas donde no hay grupos armados ilegales organizándolas y donde la intención de los tirapiedras está lejos de asesinar policías.
La falla de la formación policial y de la doctrina que promueve la ilegitima licencia para matar, se agudiza cuando la aplican a personas que de manera inesperada y sin ser parte de las protestas se encuentran en la mitad de la confrontación y acaban acribilladas. La fuerza pública tampoco tiene licencia para matar sospechosos. Pero el gobierno no tiene claro que cuando esta conducta ocurre en una decena de casos en dos días hay algo que se debe corregir.
La licencia ilegítima para matar se la ha autoatribuido el estado colombiano sin que exista una norma que la autorice, ni mucho menos un debate público. A pesar de la disolución de las Farc, sigue vigente y como el uribismo solo tiene una visión bipolar sobre los conflictos sociales, creen que es lo mismo un guerrillero armado que un ciudadano embravuconado. Esta doctrina ya varios mandos policiales modernos saben que es obsoleta y así se enuncia en el Informe Final de la relatoría. Entienden que la doctrina para el manejo del orden público urbano requiere una actualización pero la presión del uribismo acaba estigmatizándolos.
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La licencia ilegítima para matar se la ha autoatribuido el estado colombiano sin que exista una norma que la autorice, ni mucho menos un debate público
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Creer que el estado actúa de manera legítima al asesinar fuera de combate a sus enemigos o adversarios como lo hizo con tantos guerrilleros, es una doctrina que se ha traspasado al tratamiento de la protesta social. Es el concepto que considera al ciudadano como un enemigo vestido de civil y por lo tanto se lo puede despojar de sus derechos, dispararle, detenerlo de manera ilegal y abusar de ellos ya bajo captura. Esta es la doctrina que los informes serios, independientes y sin intenciones diferentes a fortalecer las instituciones democráticas, invitan a corregir y que el negacionismo oficial intenta impedir.
Tampoco se derivan de los informes hechos que debieran ser evidentes. Como reunir a las partes para evaluar lo ocurrido y aprender lecciones de lo que se hizo mal la noche del 9 de septiembre cuando el asesinato de Javier Ordóñez encendió una rabia colectiva. De ese intercambio saldrían lecciones para todas las partes. Podrían preguntarse si los policías que asesinaron a Ordoñez estaban formados para neutralizar a una persona ebria y agresiva. O si lo estaban para contener a un vecindario enardecido como el que se les vino encima. ¿O evaluar cómo y por qué los mandos y la alcaldesa actuaron como lo hicieron? ¿Las decisiones que tomaron y dejaron de tomar fueron las acertadas? Son ejercicios de evaluación internos que deben hacerse para corregir. ¿Qué aprendieron para que en la próxima protesta la alcaldesa no se escude en que no le hace caso la policía, o los mandos en que nunca recibieron instrucciones de no disparar? ¿Cuándo se va a aclarar lo que quiere decir que el alcalde es la máxima autoridad de policía en sus municipios?
Los dos informes de la ONU y la relatoría dejaron claro que las prácticas bajo las que forman a los policías para contener los desordenes urbanos están equivocadas y que si no se cambian y se reformulan, los hechos de sangre se repetirán una y otra vez. Por tratarse de una relatoría independiente y de un organismo experto de la ONU sus contenidos ganan veracidad y deben usarse para facilitar los procesos de ajuste en la formación policial al igual que los ajustes que se requieren en la concepción de la protesta social, de la que se debe erradicar la ilegítima licencia para matar.
