La balbuceante justicia de este país ha sido inoperante ante la sistematización de asesinatos de nuestros líderes sociales, aquellos que construyen desde los diferentes espacios paz, cultura y, sobre todo, tejen a pasos gigantes nuestro quisquilloso tejido social.
Para nadie es un secreto que la muerte no descansa en Colombia. Ella vive en cada rincón y, sin embargo, un asesinato es todo, menos lo que debería ser, un indiscutible escándalo nacional.
Uno de los principales factores de amenaza e inseguridad es la existencia rigurosa de estructuras criminales-terroristas, que siguen perpetuando el terror como peste bubónica por todo el país. Sin duda, muchos colombianos se han acostumbrado a la muerte, la han adoptado de manera equivocada en sus vidas, pues una cosa es morir de forma “natural” y una totalmente diferente es que la vida sea arrebatada por algún patibulario que se siente con el derecho de asesinar por despreciables intereses de quienes conservan el poder, tanto político y económico, y no conciben una vida aparte de ese ego.
Cuando le preguntaron a Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, sobre la terrible, vergonzosa y continua oleada de asesinatos contra nuestros líderes y defensores de derechos humanos, este dijo: “un solo homicidio basta para encender las alarmas”. Por su parte, Michelle Bachelet, Alta Comisionada, el 1 de septiembre pasado en su posesión, señaló: “los defensores de derechos humanos en el continente americano afrontan riesgos cada vez más graves como resultado de sus legítimas actividades”.
El investigador Camilo Bonilla, coordinador del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, en entrevista con el diario El Espectador, cuando le preguntaron cuáles grupos de victimarios fueron los responsables de los asesinatos, amenazas y ataques y en cuál proporción participó cada uno de los identificados, dio como respuesta unas cifras realmente alarmantes: “entre los presuntos autores tenemos: sin identificar: 45,91 %; paramilitares: 17,12 %; grupos armados sin identificación: 13,62 %; desertores y disidentes de las Farc: 7,39 %; Ejército Nacional: 4,28 %; Eln: 3,11 %; seguridad privada: 1,56 %; Policía Nacional: 1,17%, y Epl: 0,78 %”-
Sin embargo, y a pesar de los diferentes llamados que se han hecho, la ineptitud de nuestros dirigentes parece no tener un límite. Viven en un estado de complicidad y obsesión por el país vecino, buscando solventar el gobierno que transita con la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, dejando irresponsablemente tirada nuestra tierra, olvidando mediocremente que aquí también hay miseria, corrupción extrema, pobreza a cantidades y una masacre que sigue escalando.
No podemos permitir más que la forma de hacer política, cultivar y mantener el poder sea el asesinato.
