Según un estudio publicado en 2019 por el Banco de la República [1], la tasa de informalidad laboral en la ciudad de Barranquilla era del 64%. Sí, Barranquilla, un distrito con categoría “especial, industrial y portuario” y el “principal centro económico del Caribe”. Por su parte, la ciudad de Cartagena contaba con una tasa de informalidad del 58 %. Baja calidad de empleo, y altas tasas de trabajo informal en estas ciudades, como lo demuestra el informe antes citado. Según cifras del Dane [2], para 2018, a nivel regional el Caribe presentaba un índice de pobreza multidimensional del 33,5 % frente a la media nacional del 19, 6%. Con lo cual, la situación de falta de garantías de derechos socioeconómicos es evidente.
La pandemia del COVID-19 llegó a un departamento donde un porcentaje significativo de la población vive de la informalidad, o como se dice coloquialmente, “del rebusque” o “del día a día”. Así las cosas, la romantización del aislamiento “obligatorio”, “voluntario”, “inteligente” o cualquiera de sus variantes resulta problemático en contextos sociales como este.
Por su parte, el concepto de ciudadanía implica, como en una corriente de la teoría política, un contrato en el que se formalizan derechos y se implican deberes. Un binomio que se complementa para lograr el desenvolvimiento de una ciudadanía en un sentido político de la palabra. Para nadie es un secreto que las políticas públicas en el país se insertan en un constante devenir entre fenómenos como la corrupción o el clientelismo, lo cual ha sido reconocido tanto desde la academia como desde la opinión pública.
Cuando en un contexto como el nuestro, donde en su mayoría las políticas privilegian la propiedad privada o el “sálvese quien pueda”, cuando fenómenos como la corrupción acaban con el erario público, cuando en la población ha sido normalizada la falta de empleo estable, cuando falta una renta regular o derechos laborales, cuando la administración de justicia es selectiva, o en definitiva, cuando los derechos humanos son selectivos, cabe preguntarse entonces, ¿qué se espera del comportamiento ciudadano? ¿Debemos ponerle “carita enojada” como lo hace el presidente, a aquella población “indisciplinada” que no acata deberes ciudadanos porque no ha sido titular material de los derechos más fundamentales?
No se trata de justificar la “indisciplina” ciudadana. La mayoría es consciente de la grave coyuntura mundial de la que Colombia no podía ser la excepción. Y por supuesto, la pedagogía civil es necesaria para el mejoramiento de las relaciones de convivencia en la que todos debemos aportar nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, se trata de analizar y asumir la realidad social de una manera realista y aterrizada en el contexto en el que (con)vivimos. Es poco probable que a estas alturas resulte efectivo pedir a la ciudadanía un rol de responsabilidad ciudadana que escasamente ha sido correspondido. La falta de derechos socioeconómicos se reflejan en una retribución como la falta de concienciación. Una escasez de reconocimiento ciudadano como “deber ciudadano” el cuidarse y el cuidar a otros. Un contexto en el que lo que es regla ha sido el “sálvese quien pueda”. O en el que las aglomeraciones son diarias, donde hay que empujar a los otros en el sistema de transporte masivo Transmetro o Transcaribe para llegar a tiempo al lugar de trabajo, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de perder el pan de cada día.
Debemos ser conscientes del desafío social que ha traído consigo el COVID-19. Que más que revelar la indisciplina ciudadana, ha revelado unas precarias circunstancias socioeconómicas que siguen azotando a la región Caribe, y por las cuales hay que seguir trabajando desde las políticas públicas. El fortalecimiento del sistema de salud, el acceso a este, así como el acceso a la educación de calidad, son derechos fundamentales que aún están en deuda para un porcentaje significativo de nuestra población. Pero también, seguridad alimentaria, el acceso a un trabajo digno y derechos laborales para la ciudadanía.
Finalmente, el comportamiento de indisciplina se debe analizar a la luz de nuestra realidad social. El llamado debe ser a una responsabilidad entre todos, pero, sobre todo, a un fortalecimiento del Estado Social de Derecho y de los derechos humanos, entre ellos, los socioeconómicos, de manera que se fortalezcan las bases para el desenvolvimiento de una real convivencia ciudadana. No se trata de generalizar unas consecuencias a partir de unas circunstancias particulares. Se trata de examinar de manera contextualizada y aterrizada, una realidad social ante la coyuntura del COVID-19.
¿Indisciplina ciudadana? Quizá. Pero por factores multicausales dentro de un contexto complejo que se debe entender desde una consciencia política y social.
[1] Luis Armando Galvis-Aponte & Gabriel Orlando Rodríguez-Puello & Sara Ovallos-Bencardino, 2019. "Desempleo y calidad de vida laboral en las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta," Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana 017230, Banco de la República - Economía Regional.
