Es que estoy indignado seriamente con la destitución de Petro. No puede ser que a un ser vital en la historia por la transparencia y la valentía en el país, se le destituya y condene a una inhabilidad hasta los 68 años de edad.
Es una condena perpetua -la muerte política- por reasumir lo publico acabando el monopolio privado que nos ahoga con basura por doquier.
La paradoja: en defensa de la "libre competencia" el defensor de lo público sanciona al Alcalde de Bogotá por ejercer su derecho frente un monopolio privado sobre un servicio público.
Algo así como la defensa decimonónica del intocable y sagrado derecho a la propiedad privada, en defensa de la ganancia millonaria de cuatro consorcios.
!Que infamia! Culpa grave a título de dolo -es la acusación que sustenta el fallo- y no existe siquiera imputación de cargos en la Fiscalía por el presunto delito ambiental que no generó ninguna víctima.
Estamos ante un descomunal atropello y una agresión procedente de un funcionario sectario, homofóbico, dirigido contra los que dejamos las armas, abrimos el camino de la paz y hemos respetado la institucionalidad y el erario público.
No es solo una agresión a Gustavo Petro, es a la democracia. Un irrespeto a la voluntad popular que lo eligió como alcalde y que hoy pacíficamente se expresa con indignación en la plaza pública.
Hay una información clave para entender la via de hecho en el prevaricato en que incurre el inquisidor en la destitución del alcalde y la inhabilidad del líder. La declaración de Emilio Tapia, actor clave del carrusel de la contratación, desarticulado gracias a la valentía de Petro.
Lo que sabía y no quiso ver. Por qué? Lea http://www.elespectador.com/
Hay que tener claro que los consorcios no son socios sino sucios.
Tapia reconoce que hubo una conspiración de las empresas de aseo para no entregarle los carros compactadores al vencimiento de los contratos, lo que llevó a la recolección en volquetas y las deficiencias de los primeros días del cambio de modelo.
Nunca hubo una emergencia sanitaria con consecuencias en la salud pública, no hay imputación ni prueba solida, luego sustentar un fallo sobre esa circunstancia es fabricar de manera dolosa una via de hecho.
La declaración deja también sin peso la calificación de dolo y la prueba que sustenta el fallo prevaricador.
El aporte del Maestro José Gregorio Hernández sobre la exclusividad presidencial del derecho a la destitución de alcaldes consagrada en la Constitución, es concluyente en la exigencia de una decidida acción del presidente Santos y del claro prevaricato en una denuncia penal contra el inquisidor.
Su autoridad, señor Presidente, fue abusada con la extralimitación de un procurador que lo irrespeta al suplantarlo.
La conspiración también es contra usted y el proceso de paz, le ha dicho en la plaza pública Petro al solicitarle su intervención.
Los líderes y agentes del estado privado de derecha son sinvergüenzas y cínicos estructurales.
Indígnese y exprésese, la defensa de la paz y la democracia así lo exige.
