Lo sucedido en la ciudad de la Dorada prueba una vez más que la clase política clientelista no descansa en sus ataques a la carrera administrativa (supresión de decenas de cargos). El señor alcalde de la Dorada, Caldas, ha perpretado una masacre laboral y ha despedido, o técnicamente suprimido, más de 80 cargos a funcionarios de carrera administrativa de su municipio con el manido argumento de la necesidad de modernización y fortalecimiento de las entidades públicas.
Considero que tales modernizaciones no son más que trampas a la carrera administrativa. Se suprimen cargos de carrera para dar paso a nuevas provisionalidades, de libre nombramiento y remoción, para justificar contratistas de prestación de servicios. Pero, lamentablemente, lo peor es la actitud del funcionario de carrera, que piensa que con solo ganar un concurso producto de sus capacidades va a ser eterna la estabilidad.
Se quedan en el confort individualista. Y lo peor es que los empleados se quedan callados; no hay organización de ellos para evitar esas masacres. Las entidades de control, capturadas por la misma clase política, se hacen los de la vista gorda con esas políticas. Los concejos aprueban esas reformas porque tienen intereses en las mismas.
Son muchos los riesgos de la carrera administrativa en este país; es decir, la vinculación en igualdad de oportunidades para ingresar al Estado es la verdadera reestructuración y modernización de las entidades públicas.
Lo que muchos pierden de vista es que la reforma tributaria contiene la amenaza de la supresión o liquidación de varias entidades públicas.
El mérito y la carrera administrativa no tienen dolientes, y en la búsqueda de trabajo, la carrera es un escampadero que nadie defiende colectiva e íntegramente, y la clase política no ahorra esfuerzos para inaplicarla y continuar en las viejas prácticas clientelistas.
