El reciente Decreto Ley que busca formalizar el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), impulsado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), representa un avance significativo hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas en Colombia. Sin embargo, este desarrollo suscita inquietudes sobre su impacto en las comunidades campesinas y afro del departamento del Cauca, dos estructuras igualmente comprometidas con la protección de derechos territoriales, culturales y ambientales en un contexto de creciente presión sobre la tierra y los recursos naturales.
La creación de la ATEA fortalece el derecho de los pueblos indígenas a gestionar sus territorios conforme a sus usos y costumbres, tal como lo garantizan la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este reconocimiento de la jurisdicción indígena es crucial para salvaguardar su cultura, modo de vida y vínculo espiritual con la tierra. No obstante, el decreto confiere amplias competencias a las autoridades indígenas en aspectos económicos, ambientales y administrativos, lo que podría generar tensiones con otras formas de organización territorial y comunidades que han compartido estos mismos espacios.
Ejemplo de ello son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), establecidas para garantizar el acceso a la tierra y la sostenibilidad de las comunidades campesinas, que buscan proteger a los campesinos de la expansión del latifundio y el agronegocio, promoviendo un modelo de desarrollo rural basado en la agricultura pequeña y la sostenibilidad ambiental. A pesar de que el mandato de la ATEA también defiende principios de soberanía y autonomía alimentaria, su implementación podría colisionar con las dinámicas de las ZRC, especialmente en áreas donde se solapan los territorios de campesinos e indígenas. La ausencia de mecanismos claros de coordinación entre estas entidades territoriales podría intensificar las tensiones sobre el uso del suelo y los recursos, socavando la cohesión social y complicando la gobernanza local.
De manera similar, los Consejos Comunitarios Afrodescendientes, quienes han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus territorios ancestrales, podrían sentir amenazados sus derechos territoriales ante la expansión de la jurisdicción indígena en ciertas regiones. Aunque la cosmovisión y el enfoque de protección ambiental de las comunidades indígenas a menudo complementan los de las afrodescendientes, las diferencias en sus estructuras de gobierno y prioridades de desarrollo podrían generar disputas sobre el control y la administración de recursos naturales.
Un aspecto fundamental es la aplicación efectiva del principio de consulta previa, a pesar de que este está estipulado en la ley. El reconocimiento de la ATEA debe ir acompañado de un proceso riguroso de consulta y diálogo con las comunidades campesinas y afrodescendientes que podrían verse afectadas por este decreto. Sin una participación efectiva de estas comunidades en la formulación de políticas que impactan sus vidas y territorios, se corre el riesgo de fomentar exclusión y conflictos, en lugar de avanzar hacia un modelo inclusivo de desarrollo territorial.
El Decreto Ley también plantea desafíos en cuanto a la implementación de políticas públicas en territorios con múltiples formas de gobierno. Armonizar los planes de desarrollo económico y social de los territorios indígenas con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Municipales de desarrollo será un desafío, especialmente en regiones donde las comunidades campesinas y afro siguen luchando por reconocimiento. La falta de una estructura clara para la coordinación interterritorial podría dar lugar a superposiciones de competencias, desacuerdos sobre la administración de recursos naturales y una fragmentación de la política pública a nivel local.
El reconocimiento de la ATEA es, sin duda, un logro importante para las comunidades indígenas del Cauca y un paso adelante en el respeto a sus derechos colectivos. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Estado, especialmente de la Administración Departamental, para gestionar las complejidades territoriales y garantizar que todas las voces, incluyendo las de campesinos y afrodescendientes, sean escuchadas y respetadas en el proceso. La creación de un marco sólido de diálogo y coordinación entre las diversas entidades territoriales será crucial para evitar conflictos y promover un desarrollo equitativo y sostenible que respete la diversidad cultural y territorial del Cauca.
