Durante años hemos escuchado a las comunidades rurales decir, y a veces gritar, que no confían en la fuerza pública, que sospechan de ellas.
Su grito nos ha llegado muchas veces expresando el temor de hablar delante de un militar. Otras tantas como justificador del silencio de quien no denuncia el atropello que ve y que lo convierte en víctima. Ocasionalmente, nos llega como la denuncia de connivencia y otras, como una alerta sobre el riesgo de construir planes de protección de manera conjunta en escenarios en los que participan representantes de la fuerza pública.
También nos ha llegado como alerta sobre el peligro de militarizar los territorios rurales porque han visto que la violencia continúa campeando más libre que antes, ven aumentar el número de masacres de familias y jóvenes y el asesinato de líderes, lideresas, defensoras y defensores que caen bajo las balas de armas cada vez más grandes y potentes.
¿Cómo es esto posible?
El aumento descontrolado de la violencia y la pérdida de territorios solo es posible porque hay connivencia entre actores armados ilegales y las fuerzas armadas regulares. Existen los grupos armados ilegales, los negocios ilegales, los intereses encontrados que los llevan a enfrentarse buscando acaparar y monopolizar un territorio cada vez más grande para favorecer sus intereses económicos; pero todo ello nace, crece y se reproduce porque, a pesar de que todos los gobiernos de turno se apresuren a negarlo, hay connivencia con la fuerza pública, hay arreglos, hay negocios.
Hoy las voces de comunidades indígenas, negras, campesinas que han insistido en esta verdad de a puño —como los indígenas del Cauca, los Consejo Comunitarios de todo el andén del Pacífico y la comunidad de San José de Apartadó— encuentran en una investigación de la Fiscalía una prueba más de la verdad que gritan.
Según las pruebas allegadas por la propia Fiscalía, un general y dos coroneles del ejército, en retiro, “conforman la organización La Cordillera, uno de los tentáculos del grupo armado Clan del Golfo”[1]. Se trata del general (r) Leonardo Alfonso Barreo, alias el Padrino, de Harry Leonardo Gómez Tabares —excomandante Batallón Boyacá— y del coronel (r) Robinson González del Río. Los audios en poder de la Fiscalía también “dan cuenta de la participación del jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, general Wilson Neyhid Chawez Mahecha”, que “para la época de los hechos, estaba en el Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, encargado de dirigir las operaciones conjuntas en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño”[2].
El espeluznante relato narra que “las ganancias que le quedaban al grupo por narcotráfico, eran empleadas para pagar nóminas” (…) falsas operaciones del Ejército contra Matamba (…) para entorpecer actividades planeadas contra su grupo armado y (…) organizar ataques contra alias Sábalo, rival del líder de La Cordillera.(…) los militares que trabajaban para la organización recibían cinco millones de pesos mensuales por sus servicios, y los altos #_ftn1mandos, como el general (r) Barrero, ganaban $30 millones al mes”[3].
Dos de los “uniformados suministraban a Matamba información acerca de operativos en su contra, ubicación de tropas en la zona, reportes de inteligencia técnica; además, coordinaba la compra de base de cocaína en grandes cantidades en las ‘mesas’ (lugares destinados a la compra de base de coca) de alias Matamba, la cual era para la organización narcotraficante ubicada en la ciudad de Medellín”[4].
Por su parte, Barrero “realizaba la compra y envío de intendencia para la estructura criminal, desde Bogotá hacia Pasto (pantalones militares, buzos pixelados, pavas pixeladas, parches alusivos a las AGC ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’) las cuales algunas eran de uso privativo de las Fuerzas Militares”.
Como si todo lo dicho fuera poco, la cereza del pastel es que la ministra del Interior y de Justicia en su momento, Nancy Patricia Gutiérrez, nombró al general (r) Leonardo Alfonso Barreto como coordinador del Plan de Acción Oportuna (PAO), destinado a la protección de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales.
A pesar de la inconformidad manifestada por la plataforma nacional de derechos humanos (Coordinación Colombia, Europa Estados Unidos) de poner en este cargo a un militar retirado, hoy se constata que el militar a cargo de proteger la vida de líderes y defensores, es justamente el Padrino de la “Cordillera”, uno de los grupos más temibles del suroccidente del país.
He aquí una de las razones por las cuales no se acaba nuestro conflicto armado interno.
A muchos les resulta conveniente y útil porque han hecho de él el escenario propicio para su negocio particular.
Recordemos que robar las tierras de millones de campesinos lo aprendieron del desplazamiento forzado, lo perfeccionaron cuando crearon sus redes internas mafiosas para masacrar a los jóvenes de familias pobres y vulnerables que habitan los cordones de la miseria urbana fruto del desplazamiento forzado.
Al lado del negocio internacional del narcotráfico también han aprendido a crear y operar simultáneamente múltiples carteles de venta de armas, uniformes, pertrechos militares, información, títulos de formación y recompensas.
La vinculación en estos hechos de personas que han ocupado altos cargos militares “es indicativo de un problema de fondo y estructural en las Fuerzas Militares del país”[5], por ello nada más sensato que acoger las recomendaciones que hoy hacen las plataformas de derechos humanos del país: “avanzar en la reforma estructural de la Fuerza Pública, que aborde entre otros aspectos: la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, el fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano, la depuración de los estamentos de seguridad del Estado, así como la creación de una unidad especial en la Fiscalía General y Procuraduría General que avance efectivamente en la investigación y juzgamiento sobre las alianzas de las Fuerzas Militares con estructuras narco paramilitares, el enriquecimiento ilícito y la corrupción, que se constituyen en prácticas sistemáticas que deben ser abordadas desde una perspectiva de macrocriminalidad”[6].
Por supuesto cabe también “demandar a las autoridades competentes una investigación exhaustiva de las actuaciones de los mandos militares y sus relaciones con bandas del narcotráfico, así como la presentación pública de los resultados.”[7].
[1] El Espectador. Excomandante de las Fuerzas Militares sería parte de tentáculo del Clan del golfo. https://www.elespectador.com/judicial/excomandante-de-las-fuerzas-militares-seria-parte-de-tentaculo-del-clan-del-golfo/
[2] Ibídem 1
[3] Ibídem 1
[4] Ibídem 1
[5] Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-. Ausencia de Garantías Para los Derechos Humanos en Colombia Ante Presuntos Vínculos Entre Militares y Grupos Ilegales.
[6] Ibídem 5
[7] Ibídem 5
