Todavía resuenan por las montañas del Cauca los gritos de Aurelio Iragorri, entonces ministro del Interior: ¡Santos! ¡Santos!, ¡Guardia! ¡Guardia!, ¡Chirrinche! ¡Chirrinche! El hecho tuvo lugar en el resguardo La María, cerca de Piendamó, en una tarde de octubre del 2013. El funcionario sin querer queriendo, calentaba pueblo a favor del candidato presidente y buscaba ambientar un acuerdo para poner fin a la agitación social registrada en la región.
Las expresiones del funcionario al calor del licor típico, antecedieron la firma de otro convenio incumplido entre el gobierno nacional y los indígenas caucanos. De nuevo les prometieron miles de millones de pesos para apoyar sus organizaciones; la escrituración de territorios adicionales y concesiones en materia de autonomía. El ministro al igual que lo hicieran otros de sus antecesores, volvió satisfecho a Bogotá: había logrado neutralizar las protestas y deshacer los bloqueos. Una vez más a los pueblos ancestrales les habían puesto conejo.
La tradición de engaños iniciada décadas atrás, es la causa de las movilizaciones periódicas efectuadas en el Cauca, la última de las cuales tomó el nombre de “Minga de resistencia por la vida, el territorio, la dignidad, la paz y el cumplimiento de acuerdos”. En la ocasión reciente, sin embargo, los líderes nativos no se dejaron engatusar con el ofrecimiento de hectáreas adicionales, ni persiguieron logros tempranos que jamás se materializan. A cambio comprometieron a las autoridades nacionales en el trámite de una agenda que contiene varias reivindicaciones, entre las cuales se destacan: desmonte de la minería ilegal basada en el despojo de territorios de las comunidades; defensa del agua y sus fuentes de origen; respeto a los títulos coloniales de los resguardos; respeto a la jurisdicción especial indígena, y desmonte del paramilitarismo.
Los reclamos anteriores serán tramitados en conjunto con los formulados por la Cumbre Agraria, alianza responsable del paro campesino reciente, que viene apuntándole a un cambio del modelo económico y social. Para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, se estableció una mesa de verificación de la cual haría parte la ONU. La presencia de esta organización internacional despierta interrogantes que no pueden ignorarse: ¿Acaso la credibilidad del gobierno está tan desgastada que necesita padrinos del exterior para que crean en su palabra? ¿No será que admitir organizaciones multilaterales en un trámite interno puede conducir a que perdamos soberanía en el manejo de nuestros conflictos sociales?
Pero a los ojos de la opinión nacional y a pesar de la justicia que pueda haber en sus reclamos, la imagen de los indígenas caucanos se viene desgastando. Está cundiendo la idea de que todo vale para su movimiento. Y es que las expresiones de inconformidad de las comunidades ancestrales se han teñido de violencia y desafueros, al punto que los colombianos del sur ven amenazada su movilidad, su derecho al sustento, la salud y la vida por cuenta de los frecuentes bloqueos de las carreteras. Todo ello mientras el país está cambiando, se hartó de la violencia, de las vías de hecho y cada vez es menos tolerante con quienes optan por atropellar.
El país está cambiando, se hartó de la violencia,
de las vías de hecho y cada vez es menos tolerante
con quienes optan por atropellar
La actitud de los indígenas es paradójica. Ellos mismos en sus petitorios demandan “Garantías frente al legítimo derecho de la movilización y la protesta social”, pero su derecho no puede ejercerse como se viene haciendo, a costa de violentar elementales principios de humanidad y generar daño injustificado a los demás.
Conductas como las mencionadas han despertado la reacción de ciudadanos y organizaciones empresariales que se sienten afectados por los desmanes. En este orden de ideas el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca está impulsando una demanda para buscar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la minga, que se tasan en más de cien mil millones de pesos. Pero más allá del dinero ¿Cuánto vale el hambre y la zozobra de caucanos y nariñenses durante las semanas de aislamiento a las que fueron sometidos? ¿Quién responde por las vidas de los pacientes que murieron porque sus ambulancias no pudieron llegar a los hospitales de nivel superior situados en Cali?
Una consideración aparte merecen las reclamaciones referentes al territorio. En este punto los gobiernos de turno vienen cometiendo un error al tratar el asunto de manera exclusiva con los representantes de las organizaciones indígenas, sin que en el proceso se reconozca vocería igual a grupos tan importantes son como los afrodescendientes y los campesinos mestizos.
Las comunidades indígenas del Cauca tienen que redefinir su relacionamiento con la nación colombiana. No pueden seguir actuando como si los demás colombianos no tuvieran derechos. Su sabiduría ancestral; sus valores tradicionales que despiertan admiración; su capacidad de armonizar tienen que estar al servicio de la construcción del nuevo país. Un movimiento que ha llegado a su mayoría de edad, obra con madurez y desea convertirse en protagonista importante de la vida nacional, no puede permitirse las prácticas de los tirapiedras, de los incendiarios, de los que ponen en jaque la vida del contendor para hacer valer sus presuntos derechos.
