"Pero el blanco es enemigo acérrimo del indígena[y del negro] que no golpea a la puerta del engaño; que no quiere las promesas que le venden barato; que huye del empleado público, quien se une con el latifundista, y con el abogado, para hacerle perder la finca y el semoviente" —Manuel Quintín Lame Chantre.
Como parte de la gran familia de pueblos y comunidades étnicas que somos, afrodescendientes, indígenas, raizales y rrom, nos sumamos al llamado de nuestras comunidades y como integrantes de la Instancia de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, impulsores del Capítulo Étnico de los acuerdos, la Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC, la Confederación Indígena Tayrona– CIT y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO, rechazamos vehementemente los reiterados incumplimientos del gobierno colombiano a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz con los pueblos étnicos, con las FARC y con la sociedad colombiana en general.
La instancia de alto nivel con pueblos étnicos es un mecanismo de participación, representación, consultoría e interlocución de primer orden con la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso a la Implementación de lo acordado den la Habana - CSIVI, y con las instituciones encargadas de la implementación. La Instancia surge de lo acordado en el punto 6.2 denominado el Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y es impulsora de la transversalidad de la implementación del enfoque étnico territorial, en la totalidad del acuerdo,papel que, en lo referente a Pueblos Indígenas, cumple en articulación con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional.
Bajo ese entendido, la instancia y organizaciones indígenas de la mesa permanente de concertación han puesto todos sus esfuerzos por cumplir con este papel histórico en la consecución de una paz estable y duradera y en la defensa de los derechos étnico territoriales de los pueblos, y ha venido construyendo propuestas con la mayor seriedad requerida, para la construcción del Plan Marco de Implementación - PMI, con enfoque étnico y territorial, que han sido presentadas al equipo técnico de la CSIVI FARC, dada la negación del gobierno nacional para reunirse con nosotros y nosotras, como pueblos originarios y víctimas del conflicto social y armado, incumpliendo lo acordado el 26 de mayo de 2017, donde se estableció el compromiso, a cargo del Departamento Nacional de Planeación, de socializarlo y consultarlo, acuerdo reafirmado por el Ministro Guillermo Rivera ante delegados de la MPC.[1]
Igualmente, la Coordinación Étnica Nacional de Paz –CENPAZ, las organizaciones nacionales indígenas OPIAC, CIT y AICO, de manera autónoma e interna, hemos elaborado propuestas , las cuales se han hecho llegar a los correos institucionales de la CSIVI y de las instituciones de gobierno encargadas e la implementación[2], respecto de las cuales nunca hemos obtenido respuesta, y obviamente, no se han recogido en los desarrollos normativos del Acuerdo Final de Paz. El Gobierno Nacional de manera unilateral insiste en construir el PMI sin los aportes sustanciales que los pueblos indígenas y afrodescendientes hemos presentado en materia de indicadores y de la transversalidad del enfoque étnico de los acuerdos de la Habana.
Esta conducta abiertamente racista y discriminadora, demuestra el poco o nulo compromiso que tiene el gobierno nacional con el enfoque étnico y territorial en la implementación de los Acuerdos, haciendo evidente la urgencia de generar acciones sistémicas, que abran el camino a la eliminación del racismo estructural que impera en las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad colombiana en general.
Esta situación no solo se está presentando con la construcción del PMI; desde diferentes regiones se vienen denunciando reiteradamente toda clase de incumplimientos a los Acuerdos con enfoque étnico/territorial por parte del Gobierno, en los territorios priorizados para la implementación; a nivel territorial son reiteradas las denuncias en contra de la Agencia de Renovación del Territorio -ART, responsable por el Gobierno de coordinar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, que no está llevando a cabo el proceso de la forma como está contenido en los Acuerdos en ninguna de las 16 subregiones priorizadas:
“Vemos con preocupación la forma como la A.R.T viene conformando los equipos de trabajo que dinamizarán, recolectarán, diagnosticarán y elaborarán la hoja de ruta en los próximos 10 años en los programas de desarrollo con enfoque territorial en los municipios de nuestra territorialidad, debido a la no concertación de la agencia con las autoridades étnico -territoriales y administrativas.
El enfoque reparador y la transformación estructural del campo colombiano no se logrará sin la participación activa y directa de las comunidades afectadas por el conflicto armado interno. Municipios y pueblos reconocidos en los P.D.E.T, en el caso concreto los pueblos étnicos (capitulo II, art 12 decreto 893 de 2017) cuya participación consideramos debe iniciar desde la fase de alistamiento (establecimiento de equipos de trabajo, dinámica y hoja de ruta)...”[3]
Así mismo, son conocidas las denuncias en relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS, contemplado en el punto 4 y las actuaciones de mala fé en Tumaco, el Catatumbo,Murindó, Policarpa, Leyva, Olaya, Santa Cruz y Charco - Chocó y en los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca: Buenos Aires, Suarez, zona rural de Santander de Quilichao, Caloto, Miranda y Corinto, donde se vienen presentando reiteradas denuncias sobre la forma en que el componente del Gobierno, ha venido incumpliendo con la ruta de sustitución voluntaria, iniciando erradicación forzada y policiva en algunos casos, sin tener en cuenta los compromiso con las comunidades, y desconociendo en los territorios de los pueblos étnicos la consulta y el consentimiento de la consulta previa libre e informada, tal como se desconoció en el Decreto Ley 896 de mayo de 2017 que crea el PNIS y no pasó por las instancias de consulta de los pueblos étnicos.
Además de todo esto, la situación se torna mucho más delicada con relación a los reiterados casos de violación de derechos humanos a nuestros compañeros y compañeras en los territorios, son muchos los casos conocidos públicamente sobre amenaza, desplazamiento forzado y homicidio, que están sufriendo los líderes y las lideresas afros, indígenas y campesinas, muchos de los cuales han tenido que desplazarse a centros urbanos, sin ninguna garantía ni reconocimiento por parte del Estado, lo que incrementa así, las lógicas de desterritorialización y desombligamiento que trae consigo el conflicto, en épocas de posconflicto. Es el caso del compañero Pablo Musicue, gobernador del Resguardo Ondas del Cafre, en el municipio de Mesetas, Meta, del cual se conoció hoy que un grupo identificado como parte de las Águilas Negras, ofrece una suma de dinero por su muerte. De igual medida al Taita Camilo Rodríguez, autoridad indígena del resguardo del encano que ha recibido reiteradas amenzas de muerte por defender el derecho al territorio y la autonomía.
Frente a las múltiples situaciones que contradicen los principios, salvaguardas y garantías de capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, no queda más que recordarle al Gobierno y a los diferentes grupos de interés que se niegan a permitir que Colombia inicie el tránsito hacia la construcción de una verdadera sociedad con justicia social para todos y todas:
Que nuestro objetivo común es la superación de todas las formas de exclusión social que han permitido las desventajas históricas de unos pueblos con relación a otros, la eliminación de las construcciones culturales en las cuales se fundamenta el racismo, la discriminación racial y el odio a la diferencia, nuestro objetivo son las transformaciones estructurales, y en ese sentido, exigimos que se cumpla la totalidad de lo acordado en la Habana. Comprendemos que los Acuerdos no son el fin sino un camino, por tanto, estamos listos y listas para proteger el trayecto que ya hemos realizado, he instamos a todos nuestros hermanos y hermanas a prepararnos para un escenario de debate y lucha, con el más sincero espíritu de unidad entre pueblos étnicos.
[1]Ver Informe sobre sesión de Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos y delegados de la CSIVI
http://www.conpicolombia.org/2017/05/informe-sobre-sesion-de-instancia.html
[2]Ver: Propuestas Coordinación Étnica Nacional de Paz -CENPAZ para implementación de los acuerdos de la Habana.http://www.conpicolombia.org/2017/08/propuestas-coordinacion-etnica-nacional.htmlIntervenciones a la Honorable Corte Constitucional de Colombia en relación con los desarrollos legislativos para la implementación del acuerdo del fin del conflicto armado entre el Estado de Colombia y las FARC-EP en marco del proceso de vía rápida legislativo conocido como “Fast Track”http://www.conpicolombia.org/2017/08/intervenciones-la-honorable-corte.html
[3]Comunicado Nro. 001, Coordinación ÉtnicaNacional de Paz–CENPAZ,en sus capítulos territoriales Antioquia – Chocó
