¿Para qué sirve la educación? Ante los avances de la IA, ¿vale el esfuerzo enseñar? ¿Existe concomitancia entre aprendizaje/cultura/saberes/paz? Las preguntas podrían multiplicarse ad infinitum. Los sistemas educativos “modernos” sacian los requerimientos de las economías desarrolladas, alientan el despliegue del ingenio y disponen de inmensos presupuestos para potenciar los recursos humanos. Los enfoques cuantitativos/cualitativos sobre la educación, antes que excluirse son complementarios. En Colombia se ha resaltado el factor material –construcción, mejoramiento, dotación-, relegando el funcional –presupuesto, currículos, docentes, calidad-.
La reforma a la Ley de Educación Superior -30/1992- propone consagrarla como derecho fundamental, formulación que acogemos condicionalmente porque exige superar ciertos obstáculos estructurales: i-desconcentrar los recursos públicos (40%) de tres universidades –Nacional, Antioquia y Valle-, que atienden al 14.5% del alumnado, ¡por discriminatorio/injusto! El financiamiento de las universidades públicas/privadas debe ser acorde con los resultados investigativos, calidad educacional, calificación docente, número de estudiantes, necesidades reales, etc. ii-prescindir de la concepción cuantitativa –PND/2022/26-: creación de 500 mil cupos universitarios, construcción de 26 universidades, “16 multicampus” y 10 sedes del SENA-, porque privilegia la “mala calidad” sobre la “excelencia educativa”. iii-incrementar sustancialmente el presupuesto para las IES oficiales, cuyo déficit acumulado en las tres últimas décadas asciende a $20 billones. Limitar los subsidios -becas, créditos condonables- a las universidades privadas. Desatar los “fondos concursables” de los intereses del sector privado. iv-facilitar el acceso en las IES, para disminuir la pobreza/desigualdad. De 450 mil bachilleres graduados anualmente, 39% accede a la educación profesional: 80% (estratos 5-6) y 55% (estratos 1-2). La deserción de los últimos alcanza el 46%. El problema es menos de accesibilidad que de permanencia. v-generar empleo formal, para evitar la migración de profesionales calificados. El 30% de los egresados de las IES trabajan en la economía informal. vi-incentivar la tecnología aplicada, para superar el atraso productivo, la desindustrialización y la dependencia. La reforma debe enfatizar en la naturaleza popular de la educación, en el carácter científico/propositivo de la academia –compromiso social, análisis crítico, identidad nacional- y su cubrimiento debe contemplar a “todos” –financiación, becas, innovación-, de manera que rebase el individualismo conformista y mute en subjetividad colectiva creadora de un orden nuevo. La “inversión” en educación explica el “crecimiento” y produce “empleo” para el 5% de la fuerza laboral. Sin embargo, Colombia invirtió en educación el 4% del PIB, inferior al 5.5% en los países de la OCDE (Banco Mundial, 2022).
Antes de proceder a una reforma cuantitativa de la educación superior, es pertinente repensar algunas cuestiones atinentes al sistema educativo vigente: i-el presupuesto actual es insuficiente para cubrir la demanda universitaria. ii-el Estado puede satisfacer, parcialmente, las demandas regionales contratando servicios educativos con universidades que tengan sus programas certificados. iii-las universidades oficiales registran 180 mil “pupitres desocupados” que podrían coparse dotándolas con presupuesto adecuado. iv-a mayor número de universidades con un presupuesto escaso, disminuye la cobertura y la calidad educativa. v-PEAMA –Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica- es una exitosa realización de la Universidad Nacional de Colombia, consistente en cursar, durante los dos primeros años, las carreras ofrecidas en Bogotá, Medellín y Manizales en las sedes de San Andrés, Arauca, Tumaco y Leticia, momento en el que los alumnos culminan su formación en los centros ofertantes.
El diseño/ejecución de políticas públicas para la educación superior tiene un complejo reto dinámico, simultáneamente nacional/global, integrado por diversos agentes/intereses que interlocutan/concertan/incorporan y se focalizan en construir CIUDADANÍA, desafío que requiere financiación, diversidad y autonomía universitaria, en ámbitos cambiantes; la formación de ciudadanos honestos/conscientes/fiscalizadores; la participación de educadores, discentes, universidades, institutos de investigación, empresas, géneros, etnias, ideologías, que reconocen la multiculturalidad, sabidurías ancestrales y necesidades regionales. Para sobrepasar su atraso, Colombia demanda: UNIVERSIDAD POPULAR, FINANCIACIÓN SUFICIENTE, EDUCACIÓN COMPETENTE, AGROINDUSTRIALIZACIÓN, TECNOLOGÍA APROPIADA Y PLENO EMPLEO.
