El 3 de octubre del año 2006, hace casi doce años, se realizó un foro sobre la Triple A en Barranquilla. Una de las ponencias estampaba: “La historia de la Triple A es una crónica de desfalcos y defraudaciones del erario público al abrigo de la política neoliberal impuesta a Colombia”. Sobre el despojo patrimonial a los barranquilleros denunciaba que “la junta directiva y la asamblea de socios de la Triple A aprobaron el 19 de septiembre y el 21 de octubre de 1996, respectivamente, entregarle la mayoría de acciones a la empresa privada Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa), constituida el 19 de septiembre con un capital de solo un millón de pesos y que tenía como socios a la multinacional Aguas de Barcelona (51% de acciones) y Fidugan (49%); todo esto en contravía del Acuerdo 023 de 1991 (del Concejo municipal). Además, Inassa quedó como socio calificado, con acciones tipo C (que no las contempla el Acuerdo 023), y como operadora la empresa Aguas de Barcelona”. Otros foros organizados en 2016 y 2017 por el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla profundizaron en las anomalías y desafueros.
El pasado martes 20 de marzo, la Fiscalía General de la Nación capturó a Ramón Navarro, exgerente de la TripleA durante once años, quien en la audiencia de imputación de cargos, un día después, aceptó de inmediato haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado, que le imputó el fiscal del caso. Se trata de un desfalco valiéndose de órdenes de prestación de servicios ficticios por valor de $27.879 millones. Es de anotar que este desfalcador, al retirarse de la empresa, fue objeto de varios homenajes por parte del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el Congreso de la República y la Asamblea del Atlántico.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en El Tiempo del 25 de marzo, hizo un inventario de las cuantiosas defraudaciones a la Triple A, así: por un contrato de asistencia técnica firmado en el año 2000 y que no operaba, según lo reconoció en Madrid Edmundo Rodríguez, exgerente de Inassa, la suma de $237.000 millones; por las órdenes de servicios de Ramón Navarro, $27.879 millones; por los subsidios no aplicados a los usuarios, $70.000 millones, para un total, según el alto funcionario, de $334.000 millones, más de cien millones de dólares. Se trata de “una sucesión de contratos que no tuvo vigilancia de la Alcaldía de Barranquilla desde el 2000 hasta hoy”, según Carrillo. Si le agregamos el despojo de las acciones del Distrito, que pasó de 85% al 14,5%, y los mal llamados activos contingentes —mejoras en infraestructura y tecnología con cargo a las tarifas de los usuarios y que tendría que pagarle TripleA a Inassa en caso de venta de la empresa, según los términos de la concesión, y hoy valorados en $345.000 millones, el 55% de los activos totales—, el saqueo total al distrito y a los barranquilleros rondaría el billón de pesos, el más grande desfalco en la historia del país a una empresa de servicios públicos, ante lo cual el escándalo de corrupción de Odebrecht se queda en pañales.
En manos de la ciudadanía y de los organismos de control está que tamaña defraudación no continúe, que no se descargue en la población ni en los trabajadores de la empresa y que se reviertan las acciones de TripleA a sus legítimos dueños, el distrito de Barranquilla y los usuarios y que sean eliminados los activos contingentes confiscatorios. Pero también es necesario el condigno castigo a los propiciadores de tamaño desatino.
