El pasado 19 de mayo me llegó un mensaje sobre el interno de la cárcel Picota en Bogotá, Ángel Parra, quien sufre una leucemia terminal: estaba convulsionando en su celda sin ser auxiliado. Horas antes los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le habían destruido su medicación, según me informaron, anexando además fotos.
Los presos de la cárcel de Palogordo, de Bucaramanga, me hicieron saber que tuvieron que entrar ese mismo mes, en una jornada de protesta porque llevaban ocho meses sin servicios de salud. El 17 de mayo, la protesta fue duramente reprimida y sus dirigentes trasladados a otras prisiones sin más justificación que el deseo de castigarlos. Tres de los internos fueron víctimas de brutales golpizas: Abel Núñez Carrillo, Wilmar Castro y Eliécer Prada.
En Cómbita, Boyacá, 24 de mayo de 2016, el interno Diego Felipe Amado decidió entrar en huelga de hambre, según él: “debido a la inclemencia y la falta de compromiso de las entidades prestadoras de salud, dentro de la penitenciaria” porque “ni el área de sanidad ni el consorcio de salud ha hecho nada por resolver mi situación”. Y agrega que le dijeron que “perderé mi brazo y antebrazo derecho, el cual va a ser cercenado por la falta de atención en salud”.
El 17 de junio, detenidos de la cárcel Villahermosa, de Cali, fueron gravemente maltratados por la guardia penitenciaria. Según sus propias palabras: “los internos del patio 4 tenemos que llenar todas las noches baldes plásticos ya que la cárcel no cuenta con servicio de agua periódicamente, ese día entraron y nos vaciaron el agua de los baldes en las colchonetas, dejándonos toda la noche sin agua para beber y para hacer nuestras necesidades, adicionalmente no tuvimos lugar donde dormir, pues nuestras colchonetas estaban totalmente mojadas”.
El 27 de julio, internos de la cárcel La Picota promovieron una huelga de hambre por el mal servicio de salud y las malas condiciones para vivir en la cárcel, según los internos, no hay medicamentos ni profesionales de la salud las 24 horas.
El 6 de agosto murió Juan Camilo Becerra, recluido en la cárcel La Picota, trasladado muy tarde al hospital de La Victoria. El detenido sufría de fuertes dolores abdominales que no eran tomados con la debida seriedad por parte de las autoridades penitenciarias.
Según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP): “Durante los meses de junio y julio en varias de las cárceles del país se ha detenido el suministro del stock básico de medicamentos (...) De igual manera en es preocupante el no suministro de insulina para los diabéticos en las cárceles Modelo, Picota y Buen Pastor de Bogotá, poniendo en grave riesgo la salud de los internos”.
En el 57 % de los establecimientos carcelarios no se cumple
con el suministro de medicamentos
y en el 84 % no se cumple con el suministro de insumos médicos
Según la Defensoría del Pueblo, en un informe de mayo de 2016, en el 57 % de los establecimientos carcelarios no se cumple con el suministro de medicamentos; en el 84 % no se cumple con el suministro de insumos médicos; 92 % no cumple con la recolección de suministros hospitalarios, y en la gran mayoría el personal de salud no ha recibido pago de sus honorarios. De 130 establecimientos reportados, 96 no cuentan con atención de primer nivel. Y un dato final: de 16 802 procedimientos médicos solicitados para los internos, solo 32 % han sido realizados.
PERO (así, en mayúsculas) el 23 de mayo, a Miguel Nule, el del “carrusel de la contratación” en Bogotá, un juez de Sincelejo le otorgó el beneficio de casa por cárcel por estar deprimido. A Guido Nule, su primo, ya le habían otorgado una medida similar en septiembre de 2015 por una afección en la rodilla.
El problema es de fondo. El clasismo del sistema carcelario se junta con la privatización del servicio de salud. No se trata de construir más cárceles sino de reformar un sistema esencialmente podrido. La corrupción dentro del Inpec la puede constatar cualquier preso; sé de detenidos que extorsionan a los guardias para poder entrar medicamentos a las prisiones que deberían garantizar su derecho a la salud.
Siempre me he preguntado qué criterio (si los hay) hace que algunos detenidos vayan a un batallón (con todas las comodidades del caso), tengan derecho a la casa por cárcel o gocen de ciertas prerrogativas. Y no pregunto por lo que dicen los códigos, sino por lo que muestra la realidad.
Un detenido, independientemente de si es culpable o inocente, de derecha o de izquierda, no pierde todos su derechos y menos los de la vida y la salud. En un país con un sistema de salud privatizado, los reclusos resultan aún menos rentables y, por tanto, poco importantes para el mercado de las EPS.
Es casi estéril hablar de un tema cuya preocupación no trasciende conversaciones de las filas de familiares en las puertas de los penales, charlas entre los detenidos, comentarios de los abogados y chistes de mala leche en algunos cocteles. Total, en un país que le dio finca-cuartel por cárcel a Pablo Escobar, hay quienes defienden el elitismo penitenciario.
P.D. Señor ministro de Salud, ese también es su problema.
@DeCurreaLugo
