El pasado jueves se cumplieron los primeros cinco años de impunidad por el asesinato del periodista caucano José Everardo Aguilar en El Bordo-Patía, una evidencia más de la absoluta ineficacia de la justicia colombiana y de los medios de investigación criminal de que adolece.
Es un asunto muy grave para la sociedad que no funcione con seguridad y certeza el sistema judicial de este país, porque si no opera la represión penal oportuna, por sencilla lógica, se convierte en principal aliciente para nuevos crímenes y más violencia. Ese es el fatídico carrusel que ha puesto a rodar el Estado, especialmente en lo concerniente con la seguridad para el ejercicio del periodismo en Colombia. La ineficacia de la justicia contradice lo que conocemos como Estado de derecho y bien común.
Cuando media un crimen para acallar la voz de la prensa, se atenta contra la verdad, el conocimiento y la información, columna vertebral del adecuado funcionamiento de la sociedad y la democracia, y fuera de eso, si el Estado es consciente de que opera una “impunidad relativa” pues en la mayoría de los casos no se condena al autor material y menos al intelectual, simplemente, también se hace responsable directo del caos social.
Por estas razones, yo creo que se debería pensar en pedir la intervención de la CIDH para que se restablezca la efectividad de la justicia en los casos que han quedado en la impunidad y se adopten las reformas legales para que no siga operando la prescripción que incita a más crímenes. Es más, para que se otorgue una reparación justa de las víctimas y a sus familiares de manera urgente, porque para el periodismo colombiano esta obligación estatal se está burocratizando de tal manera que la carga de la prueba se ha trasladado a las víctimas y aún no se vislumbran en el horizonte soluciones que garanticen el ejercicio del oficio en las mismas condiciones de seguridad que otras profesiones.
No he podido entender, por ejemplo, por qué la Ley 1448 o de Víctimas considera como medida de reparación unas ‘garantías de no repetición’, que se deben implementar a favor de la víctima “dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante”, siendo que es una obligación constitucional permanente del Gobierno, que no debería considerarse como resultado de un proceso de reparación. No; el Estado está obligado las 24 horas de cada día a garantizarle al periodista protección y seguridad efectivas para que no lo maten, para que no se repita lo de J. Everardo o restrinjan sus libertades por serlo, pero para la burocracia, el colectivo de periodistas debe esperar la culminación de un proceso incierto que tampoco será garantía de no repetición de los hechos victimizantes. Es tratar de negarles a las víctimas la obligación constitucional para con ellas.
Hace cinco años el presidente Álvaro Uribe dijo: “Vamos a hacer todos los esfuerzos para que este crimen contra el periodista Everardo en el departamento del Cauca no quede impune”. ¡No se hicieron los esfuerzos! ¡Se quedó impune! J. Everardo dejó una viuda y diez hijos, a quienes seguidamente también abandonó el Estado.
No solo el caso de J. Everardo comenzó a transitar la ruta de la impunidad, también el de otro caucano: Rodolfo Maya Aricape, y claro, ya han hecho el recorrido y prescrito muchos casos: el del payanés ‘Manolo’ Martínez Espinosa, junto con los de José Domingo Cortés Soto, John Félix Tirado Castañeda, Julio Daniel Chaparro, Jorge Enrique Torres, Jaime Garzón, Orlando Sierra Hernández, Guillermo Cano Isaza…
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