La Jurisdicción Especial para la Paz no debió abrirle la puerta al excongresista Musa Besaile, de lo contrario le estaría dando la oportunidad de admisión a parlamentarios o funcionarios que han sido enjuiciados por la Corte Suprema de Justicia bajo las normativas penales de la justicia ordinaria.
En el caso específico de Besaile Fayad debe primar el delito mayor de su imputación, el de cohecho. Él admitió haber pagado dos mil millones pesos para engavetar su expediente por parapolítica. Este hecho fue la génesis del llamado cartel de la toga, en donde resultaron salpicados, entre otros, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, Leónidas Bustos y Camilo Tarquinolo. Dicho expediente lo comprometía con presuntos vínculos que pudo establecer con el bloque Córdoba de las AUC, dirigidas en su momento por Salvatore Mancuso; terminando con el delito de peculado y apropiación de recursos destinados para la trata de pacientes con hemofilia, en compañía con Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba.
Ahora en el exrepresentante del Partido de la U pasaría a compadecer ante la justicia transicional por el delito de cohecho, debido a sus presuntos nexos con paramilitares a finales de 2001 y comienzos de 2002, lo que levantó críticas desde varios sectores políticos y una apelación por parte de la Procuraduría, argumentando que el caso de Musa Besaile debe continuar en los estrados de la Corte Suprema de Justicia, dado al adelanto que se tienen de las investigaciones y los vínculos secundarios con el conflicto armado.
Por su parte la JEP, en la voz del magistrado Danilo Rojas, se defiende con el argumento que Besaile será parcialmente aceptado con el fin de esclarecer sus lazos con los grupos paramilitares que ejercían acciones ilegales en el norte de la región; de igual forma, hace énfasis en el discurso de exigencia de verdad al que será comprometido el excongresista.
Lo del magistrado suena más a una lavada de cara que a una iniciativa de juicio. Musa Besaile no se debió admitir en la JEP, tanto por la credibilidad en la institución como por los hilos constitucionales que puede flagelar, pues en la Sentencia No 7 del 2018 la Corte Constitucional define el delito de cohecho como relación directa, lo que en el caso de Besaile sería el entramado de sobornos al alto Tribunal de Justicia con el consentimiento del entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla; añadiendo a esto que el paramilitarismo viene siendo investigado desde el año 2005 por las Salas de Justicia y Paz, por las que Besaile ya pasó. Otro hecho que sería inaudito es el caso hipotético de ser absuelto en la JEP por cohecho, pero condenado en la Corte Suprema de Justicia por peculado y apropiación. ¿A dónde va a parar Musa Besaile?
La JEP estaría defraudando el sentido del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, además con el caso Besaile Fayad se abre una puerta que nos puede encaminar a la impunidad de crímenes que ya han sido condenados, esto sin mencionar los personajes que a futuro buscarían acceso a rebaja de penas en la justicia transicional. En fin, lo que puedo afirmar es que esto no estaba previsto en las negociaciones de La Habana.
