El Congreso de Colombia por estos días tiene a su cargo dos decisiones trascendentales. Deberá considerar la reforma tributaria y pronunciarse sobre la nueva versión del Acuerdo Final. Son oportunidades para que el cuerpo colegiado se convierta en exitoso referente de la vida nacional o para que protagonice un fiasco.
La llamada “reforma tributaria integral” está soportada en el incremento generalizado del Iva, lo cual le confiere un sombrío tinte regresivo. En otras palabras los más pobres cargarán la parte mayor del fardo. Por otra parte, se presenta como un gran logro la pretendida simplificación del sistema impositivo, aunque no se menciona que este gobierno y el ministro Cárdenas, fueron los autores hace unos años del actual galimatías tributario. Un sistema ineficiente y complejo, que hace dispendiosas las declaraciones de los contribuyentes y dificulta el control.
Pero en materia de impuestos improcedentes el premio mayor corresponde al que gravaría a las bebidas azucaradas. Se trata sin duda un tributo inicuo, entendiendo este adjetivo como lo hace la Real Academia de la Lengua, o sea aquello contrario a la equidad, malvado, injusto.
Decir que este gravamen sería inicuo no es una exageración. En Colombia el 28 % de la población vive en la pobreza y el 8 % en la miseria, siendo innumerables las personas que solucionan al menos una de las comidas diarias con un golpe de gaseosa y pan. Aunque el gobierno y el ministro de Salud no lo quieran ver aún tenemos situaciones de hambre que deberían ser nuestra prioridad.
Son innumerables las personas que solucionan
al menos una de las comidas diarias
con un golpe de gaseosa y pan
Los problemas de obesidad significativos, si es que existen, aparecen en los estratos medios y altos de la población. Estos son grupos cuya condición económica les permite el consumo tanto de bebidas azucaradas como de golosinas, chocolatería, galletería, snacks, etc. Curiosamente al Ministro Gaviria, lo tiene sin cuidado el aporte calórico insano de estos otros productos.
En este punto debe quedar claro un hecho. El impuesto infame será pagado por los pobres y los hambrientos de Colombia, porque él se traslada directamente al consumidor final. Sufrirán también los tenderos que verán mermados sus ingresos por ventas. Igualmente serán impactados los productores de azúcar, pero estos empresarios serán los mejor librados: el azúcar que no vendan a las embotelladoras podrá ser re direccionado hacia otros mercados.
Se me olvidaba un último aspecto. Los recursos obtenidos con este gravamen irían a engrosar los fondos generales de la Nación donde no pocos se convertirán en mermelada. Por tanto no es leal con la opinión afirmar como o ha hecho el Ministerio de Salud, que las sumas adicionales captadas se destinarán con exclusividad a apoyar la lucha contra la obesidad y sus secuelas.
La otra tarea que avanza en el Congreso es la refrendación del Nuevo Acuerdo. El Gobierno escogió el trámite en el parlamento por considerarlo más seguro que el de un nuevo plebiscito. Sin embargo este camino puede no ser adecuado para lograr los fines perseguidos.
La primera glosa a la refrendación por parte del Congreso es de carácter jurídico. Según lo han expresado autorizados analistas, la aprobación del Acuerdo Final debe hacerse mediante un mecanismo que consulte la voluntad popular. Al respecto es clara la sentencia que declaró la constitucionalidad del plebiscito. En ese instrumento nuestra más alta corte indicó que la aprobación popular tenía como efecto dar legitimidad democrática a la Implementación del Acuerdo Final y conferir estabilidad al mismo, “en tanto el aval ciudadano es obligatorio y solo podría ser desvirtuado en el futuro a través de un nuevo llamado institucional a la voluntad popular”.
La prudencia indica en consecuencia, que antes de avocar la refrendación el Congreso debería haber examinado si poseía la competencia para embarcarse en ese procedimiento. Es que de no contar con las facultades necesarias los congresistas intervinientes, pueden estar incurriendo en un flagrante prevaricato, mientras dejan abierta la posibilidad de que la refrendación se caiga, queden frustrados los avances obtenidos y nos hundamos en la confusión total.
La segunda objeción a la refrendación por parte del Congreso es de tipo político. El Presidente Santos confiado en que arrasaría con la propuesta de paz a cualquier precio, escogió desde el principio el mecanismo plebiscitario para dar firmeza a los acuerdos. En ese orden de ideas sostuvo que tal era la manera democrática de hacer las cosas. Como consecuencia, si ahora se prescinde de la consulta popular, los partidarios del No y los abstencionistas que son la mayoría, van a quedar con la idea de que en esta segunda oportunidad se les puso conejo.
El proceder oficial es perverso
cuando estamos arrancando un proceso electoral
signado por la polarización y la crispación
El proceder oficial es perverso cuando estamos arrancando un proceso electoral signado por la polarización y la crispación. El uribismo y sus aliados están recibiendo toda la “papaya” del mundo para aparecer como paladines de la democracia y la institucionalidad. Su mensaje electoral puede ser arrasador entre una población mamada del Congreso.
Negra la debe estar viendo Timochenko y su combo desde que ya no hablan de hegemonía y de candidato propio, si no de coaliciones electorales y de un gobierno de transición que garantice la aplicación de los acuerdos.
