El acuerdo en su forma actual representa otra oportunidad perdida de ofrecer un resultado equitativo
para los países en desarrollo
José Antonio Ocampo
La buena noticia: posiblemente dentro de unos años las grandes corporaciones, incluyendo las de la economía digital pagarán más impuestos. La mala noticia. Esos impuestos seguirán siendo bajos y beneficiarán a los países de origen de dichas corporaciones.
El tono de las noticias sobre estos impuestos a las corporaciones pareciera mostrar que hay una creciente conciencia sobre la necesidad de una mayor equidad tributaria, sin embargo, en lo discutido hasta ahora parece prevalecer la intención de EE. UU. de captar los impuestos que dejan de pagar las multinacionales de origen estadounidense, por las menores o nulas tasas que pagan en los paraísos fiscales.
En realidad se están mezclando dos temas, la disputa entre EE. UU. y la Unión Europea sobre los gravámenes que esta última quiere poner a las empresas digitales y la preocupación global sobre los impuestos que podrían pagar las grandes multinacionales. Hasta el momento solo 30 países tienen impuesto a los servicios digitales, pero el problema de la tributación las incluye a todas.
Las grandes empresas de tecnología de origen estadounidense (Google, Amazon, Netflix, etc.) pagan la mayor parte de sus impuestos en ese país con el argumento de que allí se crea el valor. Sin embargo, tienen múltiples mecanismos de evasión. En 2020 varios países de Europa intentaron negociar la imposición de un impuesto del 3 % llamado la tasa Google sobre esas empresas, impuesto que fue duramente rechazado durante la administración Trump. De esta forma existe una contienda entre EE. UU. y los demás países occidentales sobre quién se queda con estos impuestos y ni siquiera los países de la Unión Europea tienen consenso entre sí.
Po otra parte hubo un acuerdo inicial en el G7, G20 y OCDE ( este último que tiene 36 miembros, varios de los cuales son o albergan paraísos fiscales como Luxemburgo, Países Bajos y EE. UU.) sobre que la tasa impositiva mínima a las grandísimas multinacionales sea del 15 % pero no aplicable a todas, y muy distante de la tasa mínima del 25 % defendida por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, se mantendrían numerosas exenciones y se exceptuarían las financieras y extractivas. Aquellos países que tienen tasas más altas (que son la mayoría) tendrán una presión para bajarlas con una fuerte presión por parte de los inversores y los que las tengan más bajas podrán simplemente mantenerlas pues no existen mecanismos coercitivos para que las suban y, simplemente la posibilidad de que en los países de origen se les cobre la diferencia entre lo que pagan y ese 15 % de tasa mínima puede convertir ese porcentaje no en el piso sino en el techo.
Bajo el predominio de la liberalización financiera desde la década de 1980, se estimuló ampliamente la circulación global de capitales y para facilitarlo los intereses promedio descendieron a nivel mundial de un promedio de 49 % en 1985 al 24 % en 2018, habiendo tenido un hito cuando Trump redujo la tasa de impuestos del 35 % al 21 %, el cual Biden ha propuesto subir al 28 %. Este tema tuvo gran relevancia cuando en 2020 se supo de que al menos 55 de las multinacionales más grandes de Estados Unidos, incluidas Nike, FedEx, HP, Salesforce y Booz Allen Hamilton, pagaron exactamente cero impuestos sobre la renta corporativos federales estadounidenses en el último año financiero. También numerosos estudios revelaron que los recortes a los impuestos corporativos no estimulaban la inversión y en Londres, el gobierno británico anunció que su propio programa de larga duración de recortes de impuestos corporativos no había logrado estimular la inversión como se esperaba y, por lo tanto, la tasa volvería a subir al 25 % para 2023, es una reacción ante el hecho de que los enormes beneficios obtenidos por las multinacionales con estas rebajas, fueron utilizados no para aumentar la productividad sino para la recompra de acciones y la repartición de dividendos: solo en el primer trimestre de 2021, 500 empresas gastaron más de 300.000 millones de dólares en recompras de acciones y dividendos y esto disparó la concentración de la riqueza y el auge del capital especulativo sobre el productivo.
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El mundo enfrenta enormes obstáculos para lograr que estas corporaciones gigantes paguen en donde corresponde impuestos proporcionales al nivel de sus operaciones
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El problema se agrava pues cuando una multinacional invierte en otro país y obtiene ganancias allí, establece relaciones de mercado con filiales de la misma multinacional como si estuvieran comerciando con otra empresa y aplica numerosos trucos para ocultar ganancias, aumentar costos y en muchas ocasiones tener pérdidas y acumular sus ganancias en paraísos fiscales con baja tributación. Esto podría resolverse considerando a la multinacional como una entidad única cuyos impuestos se calculan y se distribuyen proporcionalmente de acuerdo al empleo que generan, el tamaño de sus ventas y operaciones entre los diversos países en los cuales operan, pero el problema que surge es quien recauda estos impuestos y como los distribuye y además en medio de una maraña de siglas, empresas ficticias tal como lo revelaron los papeles de Panamá en los cuales se detectaron miles de empresas que tenían el objetivo de ocultar cuales eran los beneficiarios finales de las transacciones. Las multinacionales han bloqueado por años cualquier avance normativo internacional para controlar estas operaciones. Esto es simplemente un ejemplo de los enormes obstáculos que enfrenta el mundo para lograr que estas corporaciones gigantes paguen en donde corresponde impuestos proporcionales al nivel de sus operaciones (pilar 2). Por eso lo del 15 % tendrá un larguísimo camino y finalmente solo los Estados que tengan una suficiente autonomía y capacidad coercitiva y que sean origen de las multinacionales, podrán beneficiarse de estos impuestos, blanco es gallina lo pone: Estados Unidos.
Impedir que los capitales sigan prefiriendo oportunidades de inversión en lugares que tengan una regulación financiera laxa, salarios bajos para los trabajadores, fuertes protecciones de secreto financiero, débiles leyes antimonopolio y bajas tasas de impuestos corporativos, parece imposible en un mundo donde el paradigma es la desregulación y el libre flujo de capitales.
Que entre en firme y se aplique un acuerdo de este tipo tiene muchos dificultades, en Estados Unidos supone que el Congreso apruebe una modificación de varios tratados lo cual supone lograr una supermayoría de dos terceras partes, con un 50 % del Senado fuertemente opuesto a estas modificaciones, varios países se han opuesto, Como Reino Unido, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, Nigeria, Kenia y Sri Lanka, faltan años de negociaciones sobre la tasa y a quienes y como se aplicaría y repartiría, pues hasta el momento solo estarían incluidas empresas con una facturación global anual superior a 20.000 millones de euros y márgenes de beneficio de al menos el 10 % de los ingresos. Acordaron hacer una revisión de los efectos dentro de 7 años, cuando ni siquiera se han desarrollado suficientemente las negociaciones.
No es creíble que EE. UU. y los países del G7 estén preocupados por que las multinacionales no paguen suficientes impuestos en Colombia o países similares En estas condiciones los países deben hacer como EE. UU., fijar una tasa más alta unilateralmente y hacer valer su soberanía mientras de pronto en varios lustros cambia el panorama económico mundial.
