El 7 de septiembre de 2021 en plenarias de Senado y Cámara del Congreso de la República se desarrolló una sesión de más de 10 horas en la que se aprobó, sin mayor lugar al debate, la propuesta del gobierno nacional de reforma tributaria en cabeza del ministro de Hacienda. En la propuesta no se incluyeron demandas ciudadanas como el impuesto a las bebidas endulzadas, cuyo recaudo estimado sería superior a un billón de pesos en su primer año, dinero que sería destinado al sistema de salud y la garantía del acceso a fuentes de agua potable en las zonas rurales del país.
“Es lamentable que este gobierno no haya escuchado las exigencias de la ciudadanía organizada, que le haya dado la espalda a la salud de los colombianos al no respaldar el impuesto saludable a las bebidas endulzadas” indicó Juan Carlos Morales, director ejecutivo de FIAN Colombia.
Con la no inclusión de esta medida de salud pública en la reforma tributaria, los más afectados son las personas de bajos recursos económicos, quienes consumen con más frecuencia este tipo de bebidas que afectan la salud.
Según estudios realizados, en Colombia la tasa anual de muertes asociadas al consumo de bebidas endulzadas es de 112 por millón de habitantes. Es decir, 4.928 personas mueren al año por consumo de gaseosa y otras bebidas. Por su parte, el Ministerio de Salud y de Protección Social señala que “las bebidas azucaradas son causantes de 13 % de la mortalidad por diabetes, 5 % de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y 1 % de la mortalidad por neoplasias asociadas. Esto podría traducirse en un total de aproximadamente 3.500 muertes anuales”.
La interferencia de la industria
El fuerte lobby que realizó la industria en contra del impuesto saludable a las bebidas endulzadas no permitió que esta medida de salud pública quedara incluida dentro del texto final de la reforma tributaria.
“Y es que tenemos que dejar claro que la interferencia de la industria no permite la creación de este tipo de medidas, ya que estamos ante una captura corporativa del Estado. La industria tiene injerencias en la financiación de campañas tanto de personajes del gobierno como de la Presidencia de la República y de tomadores de decisión en escenarios democráticos como el Congreso”, indicó Daniel Cifuentes, abogado de FIAN Colombia.
Agregó que “ellos financian campañas del Ejecutivo, pero también financian campañas del Legislativo, lo que genera una especie de compromiso que va a tener tanto el gobierno como el Congreso, quienes son los llamados a adoptar este tipo de medidas que van en línea de garantizar los derechos humanos… La interferencia de la industria afecta el impuesto a las bebidas endulzadas desde la misma participación de la industria en la financiación de las campañas y la flexibilidad que hay actualmente para los impedimentos de los congresistas en el trámite legislativo”.
De acuerdo con Cifuentes, la ley actualmente es muy flexible, lo que genera que prácticamente sea imposible que se voten a favor los impedimentos de los congresistas con conflicto de interés. Esto permite que, al final, los legisladores financiados sí puedan tomar una decisión y que voten en contra de proyectos que protegen los derechos humanos, como el impuesto a las bebidas endulzadas.
También indicó que “preocupa una narrativa de terror hacia la comunidad en general, con argumentos como que este impuesto va a acabar a los tenderos, a los negocios de las mujeres y a las personas de menores recursos, todos sin evidencia científica pero que, en un sentido narrativo, son argumentos que afectan la toma de decisiones y que, pese al arduo trabajo de las organizaciones sociales, no permitió que hoy Colombia pueda tener la medida de salud pública”.
Finalmente, Juan Carlos Morales señaló que “el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha recomendado a los países que incorporen impuestos a las bebidas endulzadas como estrategia para proteger los derechos a la alimentación y la salud. En Colombia, la Comisión de Expertos del Sistema Tributario Territorial y la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios también han recomendado su implementación. No obstante, este gobierno no tuvo en cuenta las sugerencias técnicas ni la exigencia de la ciudadanía de medidas que avancen en la garantía de sus derechos a la salud y la alimentación. Este gobierno prefiere proteger los intereses económicos de la industria de bebidas endulzadas”.
