En el artículo Los primeros meses de Iván Duque, el gobierno jamás soñado se afirmó que haber elegido a un inexperto de presidente como Iván Duque le saldría caro a Colombia, y como están las cosas hoy, el resto del continente también va a sufrir los estragos de la crisis y el conflicto armado interno.
En el país las expresiones de descontento e indignación vienen aumentando su capacidad de presión, convocatoria y movilización en defensa de la educación pública, reclamando mayor presupuesto para ante el estado de insolvencia económica, marchas y plantones contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, denunciándolo por corrupto, conflicto de intereses y encubridor del grupo económico Aval, del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, en los casos de sobornos y delitos como pagos ilícitos de Odebrecht que implica a varios expresidentes para la empresa brasileña quedarse con millonarios contratos.
La seguidilla de altos funcionarios del Estado condenados, acusados y sospechosos de violar las normas del código penal, tipificados como Delitos contra la administración pública y contra al eficaz y recta impartición de justicia; el peculado, la concusión, el cohecho, el prevaricato, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, encubrimiento-favorecimiento, el soborno, el falso testimonio, la amenaza a testigos es tan extensa que ha tocado todas las ramas del poder público sin excepción, como las altas Cortes y Tribunales de Justicia, al legislativo (congresistas), las FF. AA. y de policía y hasta a la Fiscalía, un órgano judicial que era visto como una de las últimas esperanzas de resistencia ética y democrática de la sociedad.
La crisis que atraviesa este gobierno se evidencia en el franco proceso de desprestigio y pérdida acelerada de legitimidad que caracteriza los regímenes oligárquicos que han gobernado al país, pero que en solo cinco meses de haber llegado al poder se profundiza, a pesar de las vanas promesas de una improbable lucha contra la impunidad, de cero tolerancia con los violentos, y de recuperar la seguridad democrática con nuevas redes de participación cívica para obtener información e inteligencia para las fuerzas militares en su lucha antiterrorista, fiel copia de la estrategia de seguridad de Álvaro Uribe durante sus gobiernos (2002-2010).
Sin embargo, en medio de esta debacle, se produce un reencauche de Iván Duque y la extrema derecha que conforma su alianza de gobierno, aprovechando el ambiente de rechazo e indignación general que provocó el aleve atentado del ELN con un carro bomba que mató 20 cadetes de la Escuela General Santander en Bogotá, el pasado 17 de enero, y que ha precipitado al país a una mayor confrontación y polarización.
Que el ELN reconozca ese atentado terrorista confirma que presionan para buscar una salida al conflicto armado con el gobierno de Duque. Así las cosas, nadie puede dudar que un hecho estremecedor como ese ataque iba a producir unas consecuencias que la derecha iba a canalizar, como en efecto lo hizo y casi bien. Unir al país en torno a su política, es decir, la de la extrema derecha que caracteriza la alianza de gobierno duque-uribista y tratar de recuperar el terreno perdido.
En tal sentido, aprovechó el atentado para recupera parte de la legitimidad perdida producto del desgaste general, desde los gobiernos de uribe, incluido el de Santos. Pero no todo lo han ganado ni recuperado, a pesar de que el ELN se las sirvió en bandeja de plata. Por ejemplo, la marcha que convocó el gobierno a raíz del atentado, no logró movilizar masivamente al país en torno a la “unidad de la nación”, como lo lograron con la marcha del 2008 contra las Farc.
Aprovechan, también, el atentado para tensionar más las relaciones diplomáticas y acuerdos internacionales con Cuba y Venezuela principalmente. Con un Comisionado de paz y un canciller que reinterpretan los protocolos firmados por Colombia y los países garantes, apoyados por Almagro-OEA-Casa Blanca para presionar a Cuba para que incumpla lo pactado y capture a la cúpula del ELN, violando acuerdos y protocolos firmados cuando Colombia por medio del presidente Santos les pidieron que fueran garantes de la mesa de diálogos con el ELN, acuerdos que todo Estado está obligado a cumplir en cabeza del jefe de Estado. "Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado...dirigir las relaciones internacionales" (artículo 189, C.P.).
Olvidando que cuando se firman tratados y acuerdos internacionales en el marco del derecho internacional público, es el Estado quien se obliga y por ende el presidente quien los cumple a nombre del Estado. En ese sentido, es válida la afirmación del constitucionalista Rodrigo Uprimny, de que “la decisión del gobierno Duque de exigir la entrega de los negociadores del ELN carece de fundamento jurídico”.
Finalmente, hacen llamados al gobierno venezolano, contra el cual conspiran diariamente con sus aliados de derecha en la región, para que se alindere a su política de lucha contra el terrorismo empaquetada en la Casa Blanca, lo cual no sería nada más ni nada menos que rendirse al grupo de países abyectos de Lima, hecho a la medida de Colombia para acorralar más a Venezuela, y de paso agitar más las banderas del conflicto entre naciones hermanas.
La derecha colombiana quiere hacer su carambola a tres bandas: asestar un golpe mortal al ELN con exigencias diplomáticas absurdas, recuperar la legitimidad perdida confiada en que el movimiento social está desmoralizado y desmovilizado, y atacar Venezuela y Cuba siguiendo la cábala que le orienta la Casa Blanca. Si la hace no es un inexperto, sino un profesional.
