Últimamente, aprovechando el despelote creado por la criminalidad, a la Compañía Energética de Occidente, CEO, también le dio por echarle más gasolina al incendio social que se ha desatado en el Cauca.
Yo no me explico por qué el Cauca ha sido tan de malas. Mejor, sí me explico, pero no entiendo por qué tanta indolencia por parte de quienes, teniendo las herramientas legales y la obligación administrativa de enfrentar esta desgracia histórica, con su desgobierno han ayudado a negarle a los caucanos mejor calidad de vida y crecer hacia la prosperidad con la dignidad debida.
Nuestra desgracia ha sido la riqueza de nuestra casa grande. El departamento del Cauca ha sido un valioso manjar para la insaciable voracidad y codicia de crueles explotadores que aún no han podido acabarlo a pesar de la criminal brutalidad con que lo han explotado hasta causar la miseria general y el dolor que hoy padece gran parte del pueblo caucano.
Desde la conformación del Cauca como entidad territorial, su riqueza ha venido siendo explotada ambiciosamente, de manera legal e ilegal, por todo aquel que se ocurra llegar a exprimirla para enriquecerse sin retribución, mientras sus habitantes naturales, consecuentemente, y en la misma proporción, son sometidos al empobrecimiento estructural sin posibilidades de intervención directa y controlada por parte del Estado.
A pesar de la expoliación y el saqueo, no han podido agotar los yacimientos petroleros de la llamada “Bota Caucana”, que son explotados desde hace 30 años por una transnacional que antes se llamaba Argosy Energy International que, con la anuencia del Estado que no la controla en absoluto, hace y deshace no solamente en la explotación sino en el pago de las regalías. Me dicen que como estrategia de evasión de controles y para controlar el territorio, creó en 1996 el municipio de Piamonte, que era un corregimiento de Santa Rosa.
La entrega a las transnacionales y hegemonías económicas nacionales de las riquezas propias se despliega por los tres millones 92 mil hectáreas de extensión que tiene el departamento del Cauca.
Acá llegó arrasando con bosques, aire, tierra, aguas, la locomotora minero-energética-forestal, en busca de madera, azúcar, oro, cobre, platino, carbón y otros minerales.
También hicieron la hidroeléctrica para el usufructo de las aguas del río Cauca, pero sin caucanos, y fueron llegando los narcotraficantes y testaferros, mientras iban devastando las fincas tradicionales, domésticas, que igual a lo ocurrido con mineros artesanales, semimecanizados, los desplazaron para convertirlos en obreros, cortadores de caña o someterlos como cultivadores ilícitos.
Ninguna autoridad, nadie en el Estado se dio cuenta del despojo paulatino ni de la evolutiva transformación social y económica del Cauca, que simultáneamente era invadido por criminales armados hasta convertir a este departamento en lo que hoy sufrimos, y malinterpretan en los centros urbanos y de poder que no conocen la verdadera historia del Cauca.
En todo este proceso nada tuvieron qué ver los ciudadanos inermes, ni los campesinos ni las comunidades indígenas, tampoco las negras, porque, contrariamente, las satanizaron, las estigmatizaron, las hicieron víctimas de la calculada y criminal evolución, y del control territorial impuesto, llegando, inclusive, a la eliminación física de quienes se oponen, como lo registran a diario los medios de comunicación.
A este departamento lo convirtieron en un remolino de aguas turbias donde solo pescan los que por la fuerza someten al Estado, los que entre sí se matan por quedarse con el poder y controlan no solo a la población civil sino a las economías ilegales de la región.
Inclusive, la explotación económica se realiza también sobre el ciudadano común. Desde agosto del 2010, se desmanteló el que debería ser nuestro sector estratégico: La energía. El temor y el miedo generalizado corrió por cuenta del Gobierno de Uribe cuando, absolutamente desfasado con la realidad económica de las familias caucanas, privatizó otro servicio público, concediéndole el negocio de compra-venta de energía eléctrica a la Compañía Energética de Occidente, CEO.
Esta empresa fue inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca el día anterior en que debía firmar el contrato de concesión “a dedo” por 25 años de la energía eléctrica del Cauca. No tenía absolutamente ninguna infraestructura qué ofrecer, nada. Utilizaba lo que ya teníamos todos los caucanos en CEDELCA, empresa pública de la cual fuimos despojados también.
Cuando esto sucedió, el ingeniero Santiago Zambrano, secretario de Planeación Departamental, se refirió al proceso como uno de los días más tristes para el Cauca porque “lo que ha hecho la Superintendencia de Servicios Públicos es una canallada que hace prevalecer el capital sobre la gente (…) una cultura del narcotráfico en la cual uno vale en la medida que más plata tenga”. Premonitorio.
Llevamos 14 años soportando el tormento de ver crecer mes a mes la factura de energía, pagando la más cara del país desde el departamento más empobrecido –no pobre- de Colombia.
La situación se ha vuelto tan insostenible y el descontento se ha generalizado y crecido tanto que hay gente con afectaciones en su salud mental y física, dispuesta a tomar medidas drásticas.
Es más, la situación actual de los municipios sin servicio de alumbrado público debido a la problemática deuda impagable con la Compañía Energética Occidente es alarmante. Los altos intereses y cobros excesivos por el servicio de alumbrado público están asfixiando financieramente a muchos municipios.
La falta de iluminación en las calles no solo afecta la seguridad de los ciudadanos, sino que también está provocando un aumento en la percepción de inseguridad, ya que la gente teme transitar por las noches en áreas oscuras.
Además, los altos costos de las tarifas están afectando significativamente a los comerciantes y microempresarios y pequeños industriales, quienes se ven obligados a pagar tarifas desproporcionadas que impactan negativamente en sus negocios.
En estas circunstancias, se hace perentorio que entidades como la Cámara de Comercio, la ANDI, Fenalco, Acopi, las asociaciones empresariales y de microempresarios se solidaricen y busquen soluciones viables con sus representados.
En resumen, la CEO “contribuye” con el conflicto social del Cauca. Las comunidades están presionando por servicios energéticos eficientes y a costos adecuados. El descontento se ha intensificado debido al lamentable servicio al cliente y a la falta de respuestas satisfactorias.
Para ser escuchadas tienen que acudir al bloqueo de vías, a las protestas callejeras. Han tenido que intervenir en favor de las comunidades algunos alcaldes y concejales que han urgido a CEO a abordar las demandas de la comunidad de manera inmediata. No los escuchan tampoco.
Por eso, han solicitado la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos para asegurar que se brinde una solución adecuada a los problemas que afectan a los ciudadanos en relación con el servicio eléctrico.
Y es que la SuperServicios ya le había exigido a la Compañía Energética de Occidente acciones correctivas y adecuaciones para la correcta facturación a los usuarios. No le hicieron caso tampoco.
En conclusión, el Gobierno Nacional está en la obligación de hacer una restructuración de su misión constitucional en el departamento del Cauca porque sus comunidades han sido víctimas silenciosas de la privatización, sin haber sido necesaria, del principal servicio público, del conflicto armado y del aprovechamiento ilícito de sus riquezas, del narcotráfico, la destrucción de sus ecosistemas estratégicos, todo lo cual se constituye una forma de delito pluriofensivo, pues vulnera de forma simultánea los derechos de poblaciones enteras a la vida, el agua, la salud, los servicios públicos y la vivienda.
Espere la segunda parte con análisis de expertos (historiadores, politólogos, sociólogos, economistas, administradores de empresas, administradores públicos).
