Mientras más de la mitad de los colombianos está en situación de inseguridad alimentaria, las políticas neoliberales de los gobiernos de turno siguen importando alimentos al tiempo que acaban con la producción alimentaria de nuestro campo, en especial la proveniente de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. A todas luces, una nefasta política que golpea el bolsillo y los estómagos de las familias más vulnerables.
Conversaba en días pasados con Jesusita, lideresa comunitaria de uno de los asentamientos de la comuna 2 de Popayán sobre lo costoso de los alimentos, de lo caro de la papa, la carne, los huevos. Tanto así que me dijo la manera como en su familia están sobrellevando esta crisis: “desayunamos con café y pan y el almuerzo lo preparo a las cuatro de la tarde y de una vez almorzamos y cenamos”.
Cruda y sentida respuesta por parte de la compañera.
Lo más aterrador es que no es solo ella o unos cuantos, es más de la mitad de la población colombiana que está haciendo semejantes maniobras para pasar el día a día. Seguramente, mientras usted lee este relato, un conocido suyo o un vecino está haciendo lo mismo que nuestra lideresa.
Tal vez hasta usted sea la víctima de la política del hambre implementada con éxito por gobiernos uribistas que creen que están gobernado el país como si fueran sus latifundios improductivos.
Una política que cada año importa más y más productos mientras acaba con la producción de nuestro campo colombiano, que es incapaz de asegurar los alimentos en los hogares.
Solo por citar un par de ejemplos de importaciones e improductividad del campo: el boletín técnico emitido por el Dane sobre las importaciones de marzo evidenció que para el nombrado mes de este año se importaron productos por valor de $7.063,4 millones de dólares, 43,1 % más que el año anterior ($2.129 millones de dólares).
Solo para el caso de los agropecuarios, alimentos y bebidas el valor fue de $1.112,7 millones de dólares, 45,1% más para el mismo mes del 2021 ($766,9 millones de dólares). Importando a precio de dólar cuando nuestra moneda está devaluada tiene como consecuencia lo que hoy vivimos: productos que compramos en las tiendas, supermercados o plazas de mercado se hacen más costosos.
El segundo ejemplo es el de la desincentivación de la producción alimentaria en nuestro suelo rural. Tan solo para citar dos años, el 2014
–momento en que se conocieron los resultados del Censo Nacional Agropecuario– y el que acaba de pasar.
Para el primero, el suelo produciendo alimentos era de 8.5 millones de hectáreas. En el 2021 la situación se volvió más crítica: tan solo 6.3 millones (24,2 % del potencial con que cuenta el país) en dicha actividad. En tan solo 7 años se perdieron 2.2 millones de hectáreas cultivadas.
Desincentivación de la producción alimentaria trae consigo la pérdida de empleos rurales, capacidad adquisitiva del campesinado, incapacidad de producir la tierra y en muchos casos, abandono o venta de sus predios rurales para llegar a una ciudad que no ofrece oportunidades, tal como le pasó a Jesusita.
Menos alimentos que se producen en nuestra tierra también es consecuencia de la política del hambre, una realidad que hay que enfrentar de manera decidida. No hay cosa más dura que tener que escuchar a los niños decir que tienen hambre mientras los bolsillos y las despensas están vacías. Nadie estudia con hambre o se mantiene saludable.
Problemas que traen más problemas: al hambre le siguen las enfermedades gástricas; el mal comer hace que la niñez no tenga las suficientes energías para estudiar, incluso, llegan desnutridos a las aulas escolares, tal como sucede en la zona rural de Popayán capital del Cauca, por ejemplo. Niños de 12 y 13 años que parecen de 8.
El potencial de nuestro país como despensa alimentaria de la región es innegable, ese es el horizonte que hay que trazar desde los instrumentos de política para acabar con el hambre.
Quien así lo ha comprendido a cabalidad es el programa de gobierno del Pacto Histórico.
Empezando porque en su propuesta implementará la reforma rural integral del acuerdo de paz; también, que orientará el ordenamiento territorial alrededor del agua, eso quiere decir que esta será un derecho de los pueblos, de todas las formas de vida y destinada principalmente para la producción alimentaria, completamente diferente a lo que sucede hoy.
Acabar con el hambre también tiene estrecha relación con dignificar a quienes producen la tierra, cuidan el agua y el bosque. Esa comunidad es el campesinado, quien por primera vez en la historia de nuestro país una propuesta de gobierno lo tiene en su agenda para reconocerles como sujeto de derechos, en especial a la mujer campesina, guardiana del agua, las semillas y la vida.
En síntesis, es una propuesta que busca la soberanía alimentaria mediante la producción de alimentos en nuestro suelo para acabar con el hambre que se está padeciendo.
