"Escándalos de clientelismo, pago de favores políticos y lavado de dinero son las bendiciones de un negocio redondo y multimillonario que favorece a los actores políticos y a los supuestos representantes de un dios transparente y justo que condena el crimen y la trampa" (Lewys Rowan Zurita).
La Liga Contra el Silencio investigó los contratos entre distintas alcaldías y entidades religiosas en por lo menos cuatro ciudades de la costa caribeña de Colombia en donde la figura de “personería judicial especial”, que se otorga a entidades religiosas, las exenta de controles fiscales, lo cual se presta para pagos de favores, clientelismo y corrupción.
Dicho portal investigó un caso en particular: un contrato por 1.650 millones de pesos entre el alcalde Luis Tete Samper de Ciénaga (Magdalena) y la iglesia cristiana evangélica Nueva Jerusalén Apocalipsis 21:2 en septiembre del 2020. En la pesquisa se relata que “personas cercanas al partido Fuerza Ciudadana, opositores del movimiento De la Mano con el Pueblo, que lidera el alcalde Samper, denunciaron que en la contratación podía haber intereses particulares del alcalde”.
Recordemos que Ciénaga, Magdalena, es uno de los municipios más pobres del país, con una profunda problemática ambiental, donde la condición habitacional es deplorable gracias a la falta de una buena distribución de agua potable y sistema de alcantarillado, entre otros.
Los líderes de la entidad religiosa que fue beneficiada en dicho contrato fueron expuestos en dicho artículo así:
La representante legal de esta iglesia es la pastora y periodista Yurissa del Castillo Romero, cuyo esposo, Víctor Polo Rodríguez, pastor de la misma iglesia, es director de Caracol Radio en Santa Marta. La denuncia en medios de comunicación locales describió esto como una forma de comprar información positiva en Caracol Radio sobre la gestión de Samper.
El contrato en cuestión se titula “Contrato educativo bajo la modalidad de promoción e implementación de estrategias para el desarrollo pedagógico en el municipio de Ciénaga, Magdalena”. Según la Liga contra el Silencio, “el objeto en todos es casi idéntico: 'prestación de servicios educativos a través de la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en instituciones educativas oficiales de la zona rural alta' de Ciénaga”.
Otro canal de noticias conocido como La Metro Noticias también publicó información sobre el contrato milagroso:
Ese es el valor del contrato que triangularon la Secretaría de Educación de Ciénaga (Magdalena) con la Iglesia evangélica Denominación La Nueva Jerusalem, Apocalipsis 21.2 cuya representante legal es Yurissa del Castillo Romero exjefe de prensa de exgobernador Mello Cotes y esposa del también Pastor Víctor Polo Rodríguez, hoy director de Caracol Radio Santa Marta, y con el que, de acuerdo a fuentes en Caracol Radio, se financia el contenido editorial de los noticieros locales de la emisora Caracol Radio Santa Marta y los corresponsales para Caracol Radio Nacional y W Radio.
Contracara, otro portal de noticias que también investigó sobre el caso, añadió:
De entrada no solo es irregular que le adjudiquen un contrato de educación a una iglesia, ni menos que sea por esa suma, sino que el contrato se haya subido al SECOP el 6 de agosto cuando en él aparece suscrito el día 5 de agosto, y la cuenta de cobro por el anticipo del 50 % también aparece subida en el SECOP el día 6. Como si eso no fuera poco, el contrato no fue otorgado por licitación o convocatoria, al parecer se otorgó como coloquialmente se diría "a dedo", y en el informe de actividades no se especifica de qué manera la iglesia cumplió con las obligaciones del mismo.
Cabe anotar que el Secop (Sistema Electrónico Para la Contratación Pública) es un sistema electrónico que, entre otras funcionalidades, permite a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado de los mismos.
Entre algunas consideraciones del contrato entre la Alcaldía de Ciénaga y la Iglesia Nueva Jerusalén Apocalipsis 21:2 se encuentran: “Contratos a celebrarse con iglesias y confesiones religiosas se sujetarán a lo previsto en artículo 200 de la Ley 115 de 1994, razón por la cual, las entidades territoriales certificadas seleccionarán los respectivos contratistas, en forma directa (…)”.
Contrastado esto con el artículo 200 de la ley 115 de 1994 que establece que: “Contratos con las iglesias y confesiones religiosas. El Estado podrá contratar con las iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica, para que presten servicios de educación en los establecimientos educativos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 60 de 1993, los demás requisitos de estos contratos no serán distintos de los exigidos para la contratación entre particulares”.
Al buscar el artículo 8° de la ley 60 de 1993 encontramos que este cita:
Solamente en donde se demuestre la insuficiencia de instituciones educativas del Estado podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades privadas sin ánimo de lucro, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura de los servicios educativos estatales y siempre que la prestación del servicio se adecue al cobro de derechos académicos establecidos para las instituciones del Estado.
El proceso legal sería una auditoria gubernamental por parte de la alcaldía para evaluar la entidad religiosa y velar que cumpla con el perfil adecuado para ejecutar sus “actividades sin fines de lucro” y pueda recibir pagos por parte del Estado para ello. Este proceso de inspección y selección no se celebró: otro milagro.
La Liga Contra el Silencio aclaró que:
Las iglesias además pueden ejecutar proyectos del Estado sin acudir a licitaciones ni rendir cuentas al fisco. Pero el andamiaje jurídico entorpece las acciones legales que podrían provocar sanciones. Por eso en la mayoría de los casos, cuando ocurre alguna irregularidad, solo procede la condena pública, el juicio ético y la indignación.
Pero este no es un caso aislado. El artículo de La Liga Contra el Silencio también incluye otros casos milagrosos que se han realizado en la última década, como el contrato entre Edgardo Pérez Díaz, entonces alcalde, y la iglesia Centro Cristiano Avivamiento AD para las Naciones, entonces representada legalmente por el empresario Luis Fernando Carrillo, investigado por la Fiscalía, en aquel momento, por delitos contra la administración pública, por 2.091 millones de pesos, también en Ciénaga, se celebró en 2016, en ocasión de otro contrato celebrado con la misma entidad local para actividades ambientales.
Otros casos investigados fueron en la primera gestión de Samper (entre los años 2012 a 2015) y en la gestión de su antecesor Pérez Díaz, quien fue alcalde de Ciénaga entre 2016-2019.
La buena voluntad de la que podrían estar llenos los representantes eclesiásticos se puede tornar sospechosa por la poca claridad en la que se manejan los recursos que ha otorgado el Estado para el desarrollo educativo de dichas zonas rurales, como en este caso. Pero según declaraciones de César Cantillo Peralta, los maestros son contratados por las iglesias para desempeñar el mismo trabajo que harían siendo funcionarios públicos. Pero allí no gozan de estabilidad laboral, les irrespetan el escalafón profesional, les pagan con retraso, no tienen derecho a la sindicalización y viven con temor de denunciar porque ponen en riesgo su único ingreso.
“En las zonas rurales de la Sierra Nevada, donde llegan esos programas impartidos por las iglesias, ante la ausencia del Estado, los maestros y los padres de familia ven a Dios en persona. Aunque sea injusto con el docente y se pierda la posibilidad de auditar los dineros públicos, es mejor eso que nada”, comentó. Y agregó: "Existe un sistema de gobierno que facilita una corrupción indemostrable y someterse a la jurisprudencia en ese terreno de las entidades religiosas y las públicas, es una pelea de tigre con burro amarrado".
Por lo anteriormente descrito es altamente preocupante el flujo de dinero que está fluyendo de algunos municipios a las iglesias, con una transparencia muy escasa, a la vez que los docentes contratados no cuentan con un pago puntual ni acorde a su escalafón. Cabe pedir a las entidades públicas que fiscalicen el destino de dineros a las iglesias, para evitar el clientelismo y la corrupción. También es importante un ajuste normativo a estas iglesias con personería jurídica especial, para que no sigan siendo una vía de escape a contratos que no tienen la debida supervisión. A Dios lo que es de Dios y al César lo del César.
Fuentes:
Iglesias y Estado: una sociedad sin control
El alcalde de Ciénaga Magdalena le adjudica un contrato de 1.600 millones a una iglesia evangélica
