Con suma extrañeza se recibió en un debate de control político al IGAC en la Comisión Segunda de la Cámara el silencio que guardó la directora de esta entidad, Olga Lucía López, ante la reiterada pregunta del representante de Arauca José Vicente Carreño Castro, en el sentido de qué pasaría si la Corte Constitucional "tumba" el artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo, que habilita para que las alcaldías puedan contratar operadores públicos o privados para prestar el servicio catastral.
El año antepasado la Corte Constitucional admitió una demanda al mencionado artículo, en la que se presume que el alto tribunal está estudiando si es exequible o no que las funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sean transferidas a los municipios. Esto sería abiertamente inconstitucional porque, en otras palabras, estamos hablando de delegar una competencia nacional a la instancia local, con el agravante incluso de pretender financiar recursos con las regalías de las entidades territoriales, cuando es claro que esta fuente de ingresos ni constitucional ni legalmente autoriza su destinación a este tipo de acción catastral.
El silencio de la directiva del IGAC se explicaría en que la derogatoria de este artículo mandaría al “traste” la actual política de esta entidad, que no es más que iniciar el desmonte de la misma y dar apertura a la privatización del servicio catastral (así lo haya negado una y otra vez esta funcionaria en el debate, curiosamente sin sustentar su afirmación) porque delegar a los municipios y a su vez estos contratar el servicio a entes públicos y privados acaba por “sustracción de materia” a esta entidad de casi 100 años, lo que daría la “disculpa” más adelante al gobierno nacional para pedir facultades y expedir el respectivo decreto de liquidación.
A la directora López le asiste la razón cuando dice que se necesitan buscar alternativas para mejorar el servicio —solo se ha logrado actualizar del territorio nacional casi el 7 por ciento en el ámbito rural y alrededor del 8 por ciento en el ámbito urbano—, que igualmente se convierte en un clamor en las diferentes regiones del país. Pero lo que no tiene presentación es calificar de “ineficiente” al IGAC, cuando con el paso de los años se invierte cada vez menos en la misma —las territoriales funcionan con las uñas— y se han apartado del criterio de una entidad eficaz y eficiente para darle una partida mínima que le permita apenas no desaparecer, lo que confirma el radical interés de desmontar la función social del Estado y delegar a toda prisa nuestra memoria catastral a los privados, convirtiéndose en más ni menos —como lo advirtió Carreño— en un serio riesgo a la seguridad nacional.
Lo estipulado en esta disposición del Plan Nacional de Desarrollo ha dado para que sin ningún tipo de planificación, el IGAC desmonte las 45 unidades operativas en el territorio nacional —incluida la del Departamento de Arauca, que se fusionó a la Dirección Territorial de Casanare— con el casi increíble argumento que una plataforma digital, un correo electrónico y un call center, va a ser más que suficiente para el proceso de formación, actualización, conservación y difusión catastral, cuando los sectores más humildes —en especial el campesino— no van a sentarse horas y horas para resolver los indescifrables códigos de la “plataforma digital”, sin contar por ejemplo con que en Arauca el servicio de internet es totalmente precario.
López anuncia, de todos modos, que esto será por poco tiempo, mientras que los municipios asumen la función catastral y a su vez contratan el servicio a los operadores privados, contando además que para tal fin se han asegurado 150 millones de dólares en créditos con la banca internacional, o lo que en otras palabras significa que nos endeudamos para pagarles a operadores privados, y a la vez aumentar el costo de la gestión catastral, que en últimas es el usuario el que tiene que pagar el capital y los intereses de estos empréstitos.
Y lo que es más: ¿cómo van a financiar la posterior actualización catastral, en el entendido que la misma es una actividad dinámica, variable en el tiempo, por demás costosa, que desde ahora se debe proyectar? ¿Más créditos? ¿Más regalías? ¿Más impuestos?
Uno de los logros en los últimos años es que Arauca y Casanare —con características afines— tuvieran su propia dirección territorial del IGAC —dejamos de depender de la territorial del Meta— para que ahora, sin ningún tipo de preámbulo o transición, se elimine la unidad operativa catastral de Arauca, cuando la conformación de esta nueva dirección territorial, con 14 empleos de carrera administrativa, exigía más bien la formulación, implementación y evaluación de políticas más eficaces para la gestión catastral, acorde a las condiciones diferenciales y específicas de estos dos departamentos.
Es más, se requieren más unidades operativas y con una mayor inversión de personal y logística, que iniciara eficazmente el proceso de actualización catastral, porque actualmente la unidad operativa de Arauca solo tiene dos técnicos: con el agravante de que no se cuenta con las herramientas para desarrollar sus actividades y se suma a esto la baja remuneración para estos empleados.
Finamente, conviene anotar dos consecuencias del improvisado desmonte de estas (45) unidades operativas del IGAC: primero, en el departamento de Boyacá se dispararon las tutelas por el lento y deficiente servicio catastral, que sin duda se va a replicar en los demás departamentos del país, lo que sin duda le va a ocasionar un sobrecosto al Estado, porque tendrá que valerse de miles de malabarismos para cumplir lo ordenado en las sentencias.
Segundo, al quedarse el Departamento de Amazonas sin su unidad operativa, al usuario le va a tocar desplazarse a la dirección territorial de Caquetá, con el pequeño detalle que estos departamentos no tiene una conexión geográfica directa, sino que debe desplazarse en un vuelo a Bogotá para llegar a Florencia, o viceversa, cuando una delegación del IGAC necesite adelantar una gestión catastral en Amazonas, elevando a cifras astronómicas el servicio y además fomentando la constante especulación de los intermediarios.
Coletilla: Ha sido valiente la posición del representante José Vicente Carreño al advertir en el debate sobre la inconveniencia del desmonte de la Unidad Operativa en Arauca, aun cuando previamente en misiva escrita la directora del IGAC le aseguró que estaba totalmente descartada esa acción administrativa, dejando en el limbo a los ciudadanos araucanos, quienes ahora dudan de la eficiencia y eficacia de la mencionada entidad.
Y no menos importante el anuncio de Carreño en el sentido de pedirle a la Corte Constitucional celeridad en lo posible para determinar la constitucionalidad del Artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo —que sienta las bases de una inminente privatización del IGAC— para que en caso de ser declarado inexequible, se inicie entonces una reestructuración y fortalecimiento de la entidad, incluido el restablecimiento de la Unidad Operativa de Arauca, pero en mejores condiciones para poder adelantar un eficiente servicio catastral.
