Nada más peligroso que equivocarse cuando se señala a los culpables de un asesinato, de un crimen, o de un atentado. Y en estos últimos días hemos visto dos eventos en los que intereses, tan funestos como oscuros, pretenden señalar culpables distintos a los verdaderos responsables de los crímenes que se han cometido.
En el primer caso, algunos indígenas del Cauca están organizando una marcha a Bogotá para exigir castigo a los responsables de las recientes matanzas, sin entender que los responsables de dichas matanzas son los carteles mexicanos que cohabitan con ellos en el Cauca. Estos carteles, el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, controlan cerca de 100.000 hectáreas de sembradíos de coca en Colombia – más de la mitad del total – a través de las bandas criminales y las disidencias de las Farc que trabajan para ellos. En “MexiCauca”, un excelente artículo publicado en El Tiempo el pasado martes, el periodista Juan Pablo Calvás afirma: “Otra cosa es que algunos indígenas se aprovechen de las garantías que ofrecen la Constitución y la justicia a los integrantes de estas comunidades para dedicarse a delinquir, sintiéndose por encima de la ley que nos cobija al resto de los colombianos. Ese no es el camino. Salen, entonces, algunos a señalar al Gobierno y particularmente al presidente Duque como principales responsables de los asesinatos que en la última semana han vestido de luto al departamento del Cauca, cual si fuera el presidente o las Fuerzas Armadas los responsables de semejante estela de muerte. Nada más falso: el Gobierno actúa y hace hasta donde puede, pero dudo mucho de que sean agentes estatales los autores detrás de la larga decena de víctimas de la última semana. Al contrario, es a ese Estado al que le toca ponerle el pecho a la realidad y, más que eso, empezar a llamar las cosas por su nombre: la crisis del Cauca es culpa del narcotráfico, pero sobre todo de la llegada de los narcos mexicanos a esta zona del sur occidente del país. Los muertos del Cauca no son muertos del Estado. Son muertos del narcotráfico y particularmente de los narcos mexicanos, que no tienen ningún reparo en llevarse a quien sea por delante con tal de mantener y progresar en su negocio ilícito del tráfico de cocaína… estos carteles no conocen límites ni se arredran ante marchas, plantones o manifestaciones tuiteras. Ellos quieren hacer su negocio y al que se atraviesa, de una le van dando de baja, tal como ocurrió con los señores de la guardia indígena asesinados la semana anterior.”
En un segundo ejemplo de no querer identificar los verdaderos responsables, el senador Roy Barreras -durante el debate de moción de censura contra el exministro de Defensa Guillermo Botero- pretende responsabilizarlo a él y al gobierno de Duque por la muerte de siete niños, Abimeller Morales (17 años), Wilmer Alfredo Castro (17 años), Diana Medina (16 años), José Rojas Andrade (15 años), Jhon Edison Pinzón (17 años), Ángela María Gaitán (12 años) y Sandra Patricia Vargas (16 años), que fueron dados de baja en un operativo militar. Con excepción de Ángela María Gaitán, las víctimas de ‘niños’ tenían poco. El excelente jurista Rafael Nieto Navia pone en evidencia varios puntos que no fueron tenidos en cuenta en el debate promovido por Roy Barreras:
- El derecho internacional humanitario (DIH) define el campamento de las Farc (Disidencias) como objetivo militar y, por tanto, es un blanco legítimo.
- El DIH protege a civiles y prohibe que sean blancos de la fuerza de quienes combaten. Pero cuando un civil empuña las armas deja esa calidad y se torna combatiente. Los combatientes son blancos legítimos. Un guerrillero es, por definición, un combatiente y un blanco legítimo.
- Los menores de edad, incluso los menores de quince años, que empuñan las armas, son combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan
- Las personas civiles que se encuentran en un objetivo militar, como, por ejemplo, en un campamento guerrillero, sufren la suerte de ese objetivo. Si mueren, la responsabilidad es de ellos mismos, por estar ahí, no de quienes atacan ese blanco legítimo
- Si en el campamento de las Farc que se bombardeó, que es un blanco legítimo, había civiles, la responsabilidad por su muerte es de las Farc, no de las Fuerzas Militares que atacaron ese blanco. Los civiles siguen la suerte del blanco donde se encuentran
- Si en el campamento de las Farc había menores de edad, civiles o combatientes, la responsabilidad de su muerte por el bombardeo es de las Farc, no de las Fuerzas Militares que atacaron, lícitamente, ese blanco legítimo
- Si en el campamento de las Farc bombardeado murieron combatientes menores de quince años, la infracción al DIH es de las Farc, que los reclutaron. El DIH prohibe el reclutamiento de menores de quince años. No hay responsabilidad ninguna de las FF. MM.
- El argumento de Roy Barreras es ignorante. Desconoce que quien viola el DIH es quien recluta menores de 15, es decir las Farc, y que cualquiera que empuña las armas, aunque sea menor de edad, es combatiente y por tanto un blanco legítimo
- El argumento de Barreras además de ignorante es perverso: de prosperar la tesis de que FF. MM no puede usar fuerza contra combatientes menores de edad, solo se incentivará el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. En lugar de proteger a menores, los hace más vulnerables.
