Es necesario aclarar que en ningún momento hablo de una ideología políticas o religiosa. Me refiero a esta idea que existe un acuerdo mínimo (llámelo normas de convivencia o moral cristiana) sobre lo que se necesita para la coexistencia en sociedad y el progreso de la misma.
Los libros de historia patria dicen que la Patria Boba duró desde 1810 hasta 1816. Este período se denominó así ya que los criollos después de haber expulsado a los Españoles del Virreinato de la Nueva Granada, no lograban ponerse de acuerdo en la forma de gobierno. No obstante, considero que en realidad no se ha logrado superar esa etapa de la Patria Boba. No por que se siga debatiendo acerca de la forma de gobierno, pero continuamos en un ciclo sin fin de debates que parecen nunca acabar.
La anterior mención se hace con la finalidad de decir que en Colombia el precario progreso que ha logrado el país se debe en parte a la ausencia de acuerdos mínimos que propicien la construcción del tejido social. En mi concepto, uno de los primeros acuerdos que debe existir es el del respeto por el Estado.
Por respeto hacia el Estado no me refiero exclusivamente al respeto hacia la persona quien ostenta un cargo o una posición en el gobierno, me refiero al Estado como aquel ente metafísico que representa la unión de las personas que conforman a una sociedad. A ese ente metafísico del que habla Thomas Hobbes en el Leviatán: el respeto del ciudadano hacia el Estado y el respeto que emana del funcionario público hacia el Estado.
El respeto que debe provenir desde el ciudadano no requiere mayor explicación, pero en la práctica resulta bastante difícil su aplicación. Basta mencionar que implica obedecer y respetar las normas, órdenes y las instituciones del Estado por el mero hecho que provienen o pertenecen al Estado.
Ahora, en cuanto al respeto que debe tener el funcionario público hacia el Estado, es necesario mencionar que la exigencia de respeto hacia lo público, y hacia el Estado es mayor que la que se le exige al ciudadano de a pie. El funcionario público respeta al Estado cumpliendo con sus labores de manera correcta, eficaz y con un trato equitativo a todos los ciudadanos. Es más, el funcionario público sin importar su cargo debe ser un ejemplo para todos los ciudadanos en cuanto a la forma adecuada (conforme a la Constitución y la Ley) para actuar.
Vale la pena en este momento aclarar que lo que se dijo anteriormente no corresponde a un delirio del autor. Esto ha tenido su consagración en el artículo 209 de la Constitución que dice: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Si no es cierto que el funcionario público debe ser un ejemplo para el ciudadano, entonces propongo que eliminemos el artículo 209 de la Constitución. La ausencia de un comportamiento ejemplar por parte de los funcionarios públicos a lo largo de décadas le ha restado legitimidad al actuar, a la misma existencia de las entidades públicas y autoridad a quienes ostentan cargos públicos. La desviación de recursos, los múltiples escándalos de las diferentes autoridades (incluso el escándalo de corrupción en las Altas Cortes), el abuso por parte de personas de las atribuciones propias de un cargo para el beneficio propio ha llevado al ciudadano a antagonizar al Estado y entender que las decisiones (por bien intencionadas y legítimas que sean) son para perjudicarlo. De allí que siempre se busque cómo eludir, dilatar o sencillamente entorpecer el cumplimiento de dichas políticas. Como dicen por ahí: hecha la ley, hecha la trampa.
Razón tiene el ciudadano en poner en tela de juicio el cumplimiento de las normas establecidas por el Estado. Ya que es perfectamente normal, encontrarse con un agente de tránsito que en un momento está imponiendo un comparendo a un ciudadano por ir estar manejando sobre el límite de velocidad y después este se marcha con exceso de velocidad.
Claro está que la problemática de Colombia no se encuentra abarcada en estas palabras y mal haría si así lo pretendiese. No obstante, considero que si se comienza a dar un giro a la conducta demostrada por los funcionarios públicos, en donde se sea un verdadero ejemplo de civilidad y del cumplimiento de las normas, esto sería un paso inmenso para comenzar a solucionar la problemática de legitimidad que sufren las diferentes ramas, entidades y autoridades estatales.
Tal vez el hecho de ser idealista para algunos signifique desconocimiento, inocencia o idiotez. En mi concepto, es lo que se necesita para que, en palabras de William Ospina, se acabe la vaina.
